La Guardia Civil investiga a un total de 28 personas y ha detenido a 8 después de la denuncia de varias compañías de seguros
08 jul 2017 . Actualizado a las 13:34 h.La Guardia Civil de Asturias ha detenido ocho personas, imputado a nueve e investigado a otras once por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y fraude a varias compañías aseguradoras, en la denominada Operación 'Colisión Asturias'.
La investigación se inicio en el mes de noviembre de 2014 y finalizó el pasado mes de abril de 2017, según informa el instituto armado en nota de prensa. Entre los implicados se encuentran los administradores de una clínica de fisioterapia y abogados, y los hechos investigados fueron siempre supuestos accidentes ocurridos en casco urbano.
En los últimos tres años los agentes han venido investigando diversos accidentes de tráfico a raíz de la presentación de denuncias por parte de varias compañías aseguradoras. En las mismas se establecía la existencia de una presunta red organizada, cuyo fin era obtener lucro económico a consta de dichas compañías de seguros.
Para ello informaban de la ocurrencia de siniestros muy leves o con inapreciables daños materiales, en los que no intervenía Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la instrucción de atestado y que, sin embargo, los ocupantes de los vehículos presentaban serias e inexplicables lesiones cervicales.
Las denuncias y los informes indicaban que la forma de producirse los accidentes no justificaban los daños que presentaban los vehículos en cuanto a naturaleza, morfología, localización, extensión e intensidad, entendiéndose por tanto que los desperfectos tenían una dinámica distinta a la que describían los conductores de los vehículos asegurados.
Una de las compañías aseguradoras denunció a J.C.O. al considerar que pudiera estar implicado en los hechos, dado que ejercía de conductor en un accidente de un turismo marca Nissan, modelo Primera, con autorización de su titular y tomador del seguro que resultó ser D.S.G.
Así mismo, la compañía denunciante vinculaba al citado J.C.O., administrador de una clínica de rehabilitación, donde eran tratados los lesionados con el indicado D.S.G., verdadero propietario del centro sanitario y letrado de los reclamantes.
Dado el número de denuncias formuladas por las compañías aseguradoras y la existencia de diversos procesos judiciales abiertos, se acumularon en un único Juzgado de Instrucción de Langreo, encomendando al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector/Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias las investigaciones que se desarrollaron bajo la denominada 'Operación Colisión Asturias'.
Esta investigación desarrollada mediante estudios sobre los modelos econométricos para la detección del fraude en el seguro del automóvil, se centro en buscar comportamiento fraudulentos y descubrir a los posibles autores que hubieran tomado parte en las distintas fases del proceso de reclamación e indemnización de los siniestros viales, teniendo como fin un enriquecimiento ilícito a expensas de la compañías aseguradoras.
La mayoría de los accidentes ocurrieron en casco urbano, en todos había Declaración Amistosa sin llegarse a cumplimentar en su totalidad, los accidentes eran por no respetar la prioridad de paso o colisión por alcance sin que existiera duda sobre el conductor causante del accidente, y sin intervención de ningún cuerpo policial.
Además, de los siete siniestros investigados en tres de ellos J.C.O. era el conductor del turismo Nissan Primera. Las personas intervinientes en los accidentes cuentan con antecedentes policiales, en situación de desempleo y nivel educativo bajo. A ello se añade que las víctimas presentan nexos de amistad o relación sentimental, existe relación profesional, las victimas son diagnosticadas con traumatismos cervicales; hay un elevado número de lesionados; se repiten victimas en más de un accidente; y no existe proporcionalidad entre los daños del vehículo y las lesiones causadas.
Así la investigación puso en evidencia la existencia de una red organizada en la que se captaban a personas principalmente con antecedentes policiales, con diversas adicciones o desempleadas.
La clínica de fisioterapia de la que es administrador J.C.O. junto con otras dos personas y cuya propiedad corresponde a D.S.G., justificaba tratamientos fisioterapéuticos durante un tiempo, logrando así que se incrementaran las indemnizaciones por daños personales.
Sobre esta clínica se pudo establecer que no constaba en el registro de centros sanitarios de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias; que carecía de licencia de apertura; así como que el dinero para legalizar y realizar la actividad de la sociedad había sido aportado por D.S.G.
Además, los lesionados recibían tratamientos sin prescripción del mismo por parte de facultativo, al igual que ningún profesional sanitario había realizado un seguimiento de los tratamientos; llegando incluso a ser los mismos administradores de la clínica los que recibían tratamientos de fisioterapia.