La coalición destaca que que incorporarán a la Oficina Antifraude medidas similares a las de Podemos pero que no fueron rechazas por los informes jurídicos
15 jun 2017 . Actualizado a las 13:16 h.Izquierda Unida pretende que la futura Ley de Transparencia prevea la presentación de denuncias anónimas, como planteaba Podemos en su proyecto de ley contra la corrupción que fue finalmente rechazado. También propone la creación de una oficina virtual para demandar y recibir información, igualmente propuesta en su día por la formación morada.
La coalición ha presentado una cincuentena de enmiendas a la Ley de Transparencia defendida por el Gobierno asturiano. El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha presentado sus propuestas en rueda de prensa este jueves.
Según el parlamentario, IU ha incluido la oficina virtual y la denuncia anónima, aspectos que «quedaron perdidos de la iniciativa del Grupo parlamentario de Podemos», que fue rechazada. Preguntado por los periodistas si las enmiendas de IU las recogen tal y como las planteaba la formación liderada por Emilio León, ha matizado que incorporan a la oficina antifraude, presente en el actual proyecto de ley, «aquellos aspectos que no han sido objeto de informe negativo, y para los que hay seguridad de que saldrán adelante con apoyo político: la línea digital para solicitar y recibir información, y la denuncia anónima». Al respecto de esta última idea, ha recordado que en la Agencia Tributaria ya existe este mecanismo.
Ha añadido que hay otras CCAA, como la de Andalucía, que acaban de incorporar ambos conceptos. «A la oficina antifraude le sumamos la oficina virtual para que sea posible dirigirse a la Administración de manera digital y también la denuncia anónima que proteja al denunciante», ha señalado el diputado de IU.
No obstante, Llamazares ha querido poner el acento en otra de las propuestas de IU, la creación de mapas de riesgo de corrupción en las diferentes unidades de la Administración autonómica, basados en el modelo portugués, «y en algunos otros estados miembros de la UE y de América latina».
Se trata de un mapa de prevención de riesgos, según el cual cada una de las unidades administrativas señalarían en un mapa dónde están los principales riesgos de corrupción, qué estrategia piensan seguir para reducir el riesgo y la creación de unidades de control de ese riesgo. Según Llamazares, este procedimiento ha reducido de manera muy importante el riesgo de corrupción allí donde se ha aplicado. Ha ejemplificado con el caso de Portugal, que se sitúa entre los 40 primeros países del mundo, en materia de lucha contra la corrupción, al contrario que España, que ha perdido posiciones.
La otra novedad sería el «silencio administrativo positivo». Cuando un ciudadano pida una documentación, si al cabo del periodo de la petición la administración no responde, en lugar de conllevar que no aportará la documentación, querrá decir lo contrario, que tendrá la obligación de aportar esa documentación.
A todo ello, la coalición de izquierdas suma la evaluación de políticas públicas, «que conlleva para que sean más eficaces y eficientes», a través de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, a la que se sumaría la Sindicatura de Cuentas para colaborar.
IU demanda también «la accesibilidad total» para las denuncias, de modo que su presentación no se restrinjan al medio digital, porque ello conlleva «una restricción del derecho a denunciar».