El Principado ultima el decreto que regulará unos tiempos máximos de espera. Cuando se superen, derivará a centros concertados. Partidos políticos y colectivos de pacientes presentan alegaciones para exigir más transparencia y participación
11 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.¿Qué es una espera tolerable en la sanidad pública? ¿Qué mecanismos tienen los pacientes a su alcance para exigir a la administración el cumplimiento de unos plazos asumibles para pasar por quirófano o someterse a una prueba? La Consejería de Sanidad ultima un decreto de garantías en el que se regula un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Esa legislación incluye la apertura de un registro de demanda asistencial, establece topes por especialidades o test diagnósticos, estructura nuevos órganos de control y promete derivaciones a centros concertados cuando sea incapaz de cumplir. La norma no acaba de convencer a partidos políticos y colectivos ciudadanos y de pacientes que están presentando alegaciones durante el trámite de información pública. Exigen más transparencia y participación, además de los recursos suficientes para poder prestar una atención de calidad.
¿Qué es entonces, para ellos, una espera tolerable? Carlos Ponte, portavoz de la plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública Asturiana, explica que no hay una respuesta exacta, con una cifra matemática. Depende de los recursos, del momento, del volumen de pacientes. El Principado parte de una situación crítica, con unas listas rebosantes de pacientes y con demoras incluso superiores a los seis meses, la línea máxima que hacer saltar las alertas. Ponte señala que con este delicado punto de partida, las esperas tolerables pueden ir reduciéndose de forma escalonada pero siempre con la idea de llegar a un punto razonable. Lo que Ponte y el resto de colectivos que presentaron alegaciones consideran irrenunciable es la transparencia y la participación. Si se aprueba un decreto es para cumplirlo, para publicar las listas de espera completas y para buscar soluciones reales cuando se detecten problemas.
El decreto
La Consejería de Sanidad reconoce en el preámbulo del decreto la necesidad de «avanzar en la planificación y ordenación de la respuesta asistencia, con el objetivo de acortar los tiempos de respuesta en el proceso de diagnóstico y tratamiento». Asume que es preciso disponer de «un único registro de pacientes» que permita garantizar la calidad. Esta perspectiva integral incluye el fomento de la participación informada de los pacientes en las decisiones relacionadas con su salud y la de los profesionales.
El registro de demanda asistencial, que es así como se llamará, estará compuesto por los pacientes que esperan por la primera consulta externa hospitalaria, aquellos que tienen que someterse a pruebas diagnósticas o procedimientos terapéuticos y los que tienen una intervención quirúrgica pendiente. Cada hospital tendrá su propio registro con estas tres mismas secciones. La administración marca quiénes serán expulsados de los registros. Quien renuncie o tenga una ausencia injustificada de una consulta será borrado. En el caso de los que tengan que pasar por quirófano, serán apartados de la lista cuando no se presenten de forma injustificada a la preparación de la intervención o a la propia operación y cuando estén ilocalizables.
Estructurales y no estructurales
Las listas de espera de las consultas se dividirán en estructurales y no estructurales. La estructural es la atribuible al Sespa, por falta de recursos. La no estructural sumará a los pacientes con demoras atribuibles a su propia voluntad, por motivos personales o laborables o también porque el médico ya les haya dado una fecha concreta. Las listas de operaciones, a su vez, se distribuirán en tres apartados. Nuevamente, la estructural será atribuible al Servicio de Salud. La no estructural sumará a los que rechacen la derivación a un centro alternativo, los que esperan por un especialista concreto o los que pidan un aplazamiento superior a 90 días. También habrá pacientes transitoriamente no programables. Son aquellos que no pueden entrar en quirófano por una contraindicación médica.
Prioridad y plazos
El decreto crea la categoría de pacientes prioritarios y adelanta su asistencia. Las consultas, las pruebas y los procedimientos terapéuticos preferentes tendrán que atenderse en menos de 15 días. El resto seguirá su curso ordinario. En las operaciones, divide tres categorías. La máxima prioridad obliga a pasar por quirófano en menos de un mes. La segunda categoría es lo que se denomina demora relativa y tendrá que ser atendida antes de tres meses. El resto estará en una bolsa común compuesta por aquellos donde la demora del tratamiento no produce secuelas importantes.
La regulación incorpora dos anexos fundamentales para los pacientes. Toma una serie de especialidades con gran presión y les marca unos máximos. El tope de espera para la primera consulta será de dos meses en Ginecología, Oftalmología, Traumatología, Dermatología, Otorrinolaringología, Neurología, Cirugía General, Urología, Digestivo y Cardiología. Tampoco podrán superar los 60 días las colonoscopias, mamografías, ecografías, TCs y resonancias. Para las intervenciones quirúrgicas el margen es mucho más amplio. De hecho, establece los 180 días que ya en la actualidad tienen comprometidos. Esos seis meses máximos son para las cirugías cardiacas valvulares y coronarias, las cataratas, las prótesis de cadera y rodilla y la histerectomía.
¿Y si incumple?
¿Qué pasa si el Sespa no cumple y supera los máximos que se ha fijado? En un primer borrador había previsto derivaciones a centros privados y concertados. Esta medida provocó una gran alarma social. Izquierda Unida (IU) primero y otros colectivos y partidos después se negaron a darle el visto bueno. Rechazaban financiar a entidades privadas. La consejería fue sensible y modificó esa parte del decreto. El documento final sí recoge derivaciones pero solo a otros centros públicos donde la lista de espera sea menor o a centros concertados. Esto supone que si un paciente que espera por una primera consulta, una prueba o una operación observa cómo se incumplen los tiempos máximos podrá exigir ser atendido en otro hospital. Sin embargo, el procedimiento ordinario consiste en que el propio Sespa habilite los mecanismos para concretar esa derivación.
Para velar por el cumplimiento de esta normativa, que está a punto de concretarse y que es un compromiso del actual equipo de la Consejería de Sanidad, con Francisco del Busto al frente, se crean organismos. Habrá una comisión técnica de las listas de espera que analizará la situación y elaborará informes periódicos. Un consejo de participación realizará el seguimiento externo. En este segundo organismo estarán representados desde la Federación Asturiana de Concejos, a colectivos de discapacidad, el Colegio Oficial de Médicos y entidades de pacientes y movimientos vecinales. Curiosamente, no está abierto a las plataformas de defensa de la sanidad pública.
Alegaciones
El documento, pionero en Asturias, ha recibido un amplio número de alegaciones. El objetivo es mejorarlo y convertirlo en un instrumento real al servicio de los pacientes. Las listas de espera han centrado la polémica en la sanidad del Principado en los últimos meses. Las acusaciones por adulterar las demoras, las denuncias por presuntos actos en los que se ha colado a enfermos o el retraso en la publicación de cifras actualizadas ha abierto muchas heridas. El decreto es una oportunidad que nadie quiere dejar pasar.
Pero Podemos ve en esas páginas «propaganda vacía». Lamenta que las derivaciones sean la única solución y que los tiempos máximos se consideren solo alarmas. No ve avances en transparencia ni en participación. Con todo este abanico de quejas, su diputado Andrés Fernández Vilanova cree que lo mejor sería retirarlo y negociarlo con todas las partes implicadas. Como no confía en que la consejería vaya a hacerlo, ha presentado alegaciones.
Plantea algunas propuestas novedosas. Por ejemplo, en lugar del registro de consultas, pruebas y operaciones que quiere Sanidad, Podemos habla de la historia de espera. La diferencia radica en que con este método se sumarían todos los tiempos de espera que ha sufrido el paciente en el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad, desde el primer momento. No se podría el contador a cero cuando entra en la consulta o cuando le aconsejan operarse. Así habría un hilo conductor de todo el cuadro clínico. En el apartado de transparencia, exige más concreción. Quiere que todos los meses se midan siete parámetros diferentes, que abarquen desde el número de pacientes en espera al tiempo medio, las salidas por resolución o baja o la demora media que sufrieron los ya atendidos. También es partidario de realizar auditorías completas, que incluyan evaluaciones que midan la capacidad de trabajo frente a la demanda. Esto llevaría aparejado un sistema de incentivos y sanciones.
De incentivos y sanciones
De ese modelo de recompensas y sanciones también es partidario Carlos Ponte. La plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública Asturiana, de la que es portavoz, también participará en el proceso de alegaciones. De hecho, comparte propuestas con la Unión de Consumidores (UCE), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón y el colectivo Stop Listas de Espera. Sus planteamientos descansan sobre tres patas: transparencia, participación efectiva y rendimiento de cuentas.
Estos colectivos consideran que, al margen de los tiempos máximos que se determinen, hay que habilitar herramientas que velen por su cumplimiento real. Por eso, conceden gran importancia a las comisiones de seguimiento y evaluación, para que cuando se desencadena una alerta no solo se derive al paciente afectado sino que se habiliten medidas correctoras. Esos organismos tienen que ser los más abiertos posibles, con la implicación de profesionales y ciudadanos, con información real de los recursos y con análisis que permitan implantar ese sistema de recompensas y sanciones. «Si un servicio tiene problemas de ineficacia, hay que hablar con su jefe para ver qué pasa. Si en un hospital el problema lo tienen varias especialidades, entonces quizá haya que hablar con el gerente», resume Ponte. Esto ya existe en el norte de Europa. «Pero parece que aún estamos muy lejos de Suecia», lamenta el portavoz de la plataforma.
Las asociaciones también abogan por tener, por ejemplo, Servicios de Atención al Paciente más independientes, porque al ser un servicio de la propia administración se convierte, en realidad, en juez y parte. Ponte propone que dependan del defensor del ciudadano, que en Asturias es el procurador general, aunque en la actualidad el Gobierno del Principado ha prescindido de esta figura. Su idea es que dependa del Parlamento y no de la Consejería de Sanidad, porque entonces no es una auténtica ventanilla para ayudar el enfermo.
Sus peticiones coinciden en otros puntos con Podemos. También hablan de hacer constar la espera agregada que suma el proceso asistencial íntegro, desde la primera consulta, y que se aclare si el paciente conoce o no el diagnóstico, ya que es un dato crucial. De su cosecha es la Carta de Derechos de la Ciudadanía y los Pacientes que tendría que redactarse y aprobarse una vez que el decreto esté en marcha.
Stop Listas de Espera, por su parte, quiere que se maticen otros asuntos que en los últimos años han causado agrias polémicas. Así pretende que el decreto recoja expresamente que nadie perderá la prioridad en la lista de espera por el hecho de rechazar una derivación a un hospital que no sea el suyo de referencia. Su intención es que se sepan también todas las cifras relacionadas con esas derivaciones: cuántas se ofrecen, en qué especialidades, cuántas se rechazan,... Una de sus prioridades es acabar con los que consideran listas B o listas negras y está convencido de que esta es la mejor oportunidad.