Javier Fernández dice que fue el Estado quien suscribió el acuerdo con el Montepío

Agencias REDACCIÓN

ASTURIAS

El presidente espera que la justicia «actúe con rigor y rapidez» y lamenta «la decepción» entre sindicalistas por el proceder de Villa

02 jun 2017 . Actualizado a las 17:48 h.

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha apuntado hoy que fue la administración del Estado, y no el Principado, la que «suscribió» el acuerdo para la construcción de la residencia geriátrica «La Minería», en Felechosa (Aller), con el una entidad privada como Montepío de la Minería Asturias. En el turno de preguntas al presidente, Fernández ha criticado hoy al portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, por «mezclar» de manera «tóxica» la falta de control en casos como el de Marea, en el seno de la administración regional, con el de la investigaciones por el enriquecimiento del ex secretario general del SOMA-UGT Jose Ángel Fernández Villa.

García le había preguntado sobre qué medidas piensa adoptar su Gobierno para reorganizar y mejorar la eficiencia de los controles internos de la Administración del Principado de manera que no vuelva a producirse hechos tan graves como los casos de Giptpa, Marea o Villa.

«¿Quiere usted qué reforcemos nuestros sistemas de control para trasladárselos a la administración del Estado o se refiere a que con esos sistemas de control garanticemos que un secretario general de un sindicato no sise a su propia organización?», ha preguntado Fernández a García. El jefe del Ejecutivo regional se ha mostrado partidario de reforzar los controles en la administración asturiana para evitar casos como el de Marea, ya que , según ha reconocido, este asunto «puso en evidencia que los controles no fueron los suficientes».

No obstante, le ha recordado que, entre otros cargos en la Consejería de Educación, fue asesor técnico decente del consejero Jose Luis Iglesias Riopedre, acusado en el caso Marea, «y no se enteró de nada, porque si se hubiera enterado seguro que lo hubiera denunciado», ha subrayado.

Por otra parte, el presidente se ha mostrado partidario de que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que promueve su Ejecutivo, sea aprobada en la Cámara y que luego se incluyen en esta normativa las propuestas de la proposición de ley de Ciudadanos para mejorar la Inspección General de Servicios.

Con anterioridad, el portavoz de Ciudadanos ha dicho que «si hubiesen funcionado los controles y el seguimiento y evaluación de los fondos públicos por parte de la administración estos tres casos no se habrían producido». Ha criticado que no haya sido al Gobierno regional el primero en detectar y denunciarlos y no tener que haberse enterado de estos casos de corrupción por «casualidad».

Javier Fernández también se refirió en sede Parlamentaria a la Operación Hulla durante la réplica a Podemos. Dado que la operación investiga el presunto desvío de fondos de una trama liderada por José Ángel Fernández Villa, exsecretario general del Sindicato Obrero de la Minería Asturiana SOMA-Fitag-UGT, el presidente manifestó que lo que «espero y quiero es que la justicia actúe con rigor y con rapidez, porque sabe de la decepción de miles de ugetistas, de socialistas y de trabajadores que no son ni lo uno ni lo otro».

 «Esa decepción es lo que me preocupa y no las salpicaduras que ustedes quieren arrojar sobre mi», ha añadido Fernández.

Javier Fernández se manifestaba así tras una pregunta del grupo parlamentario Podemos, en la que su portavoz, Emilio León, aprovechó para recordarle al presidente asturiano este caso de corrupción. El presidente asturiano ha asegurado que «nunca ha negado ni negará» su relación personal con José Angel Fernández Villa, sino que lo que ha hecho es «actuar con contundencia desde el primer día porque no teme ni a lo que sepan ni a lo que digan».

«Eso fortalece el alma para venir aquí y presentarme ante esta especie de comité de salud pública con un grupo de incorruptibles presidido por el Robespierre de bolsillo --en referencia a Daniel Ripa--», dijo Fernández.