La letrada Ana Boto ha contestado con una simulación de ladrido a los periodistas
30 may 2017 . Actualizado a las 22:12 h.La abogada de Villa, la letrada Ana Boto, visiblemente nerviosa, se ha negado a aportar ninguna información respecto a su defendido. «Está prohibido decir nada ni filtrar nada. Los periodistas no pueden hacer juicios. Los juicios los hacen los jueces, los fiscales y los magistrados. Todo lo que habéis hecho en el juicio anterior es joder», ha afirmado la abogada a los medios de comunicación que esperaba a la puerta del domicilio de exlíder del SOMA. Boto, que se ha dirigido a los periodistas emulando unos ladridos, ha añadido que «las actuaciones son secretas y filtrar información es un delito. Id a las fuentes que están filtrando todos, que cometan ellos el delito. Estoy indignada por este acoso».
Por su parte, la actual directiva del SOMA señala que desde el 7 de octubre de 2014, cuando conocieron que Fernández Villa y Postigo habían regularizado 1,4 millones y 360.000 euros respectivamente acogiéndose a la amnistía fiscal, la organización ya inició un proceso para esclarecer los hechos ocurridos.
Así, han explicado que tanto el SOMA-Fitag-UGT, se pusieron a disposición de la Fiscalía anticorrupción y facilitaron toda la documentación, además de expulsar de manera inmediata del sindicato tanto a Fernández Villa como a Postigo, nada más conocer la regularización de las cantidades.
«Esperamos que la justicia haga su trabajo y desde el respeto a la presunción de inocencia, si finalmente se confirma algún tipo de delito, seremos los primeros en reclamar justicia y que quien la haga, que la pague», han señalado.
Por otro lado, han recordado que desde el sindicato se puso en marcha una auditoría externa que desembocó en un presunto menoscabo del patrimonio del SOMA y del Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide). Por este asunto, el sindicato ha interpuestos una querella criminal contra Fernández Villa y contra el que fuera secretario de Infide, Pedro Castillejo, que está pendiente de resolución judicial.