El TSJA advierte al Sepa que «no tiene el poder absoluto» en la organización del trabajo

Los representantes de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) paralizaron las protestas en la calle donde denunciaban las condiciones sociolaborales en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa), atendiendo a la petición del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, para negociar en un clima de normalidad. Un año después, han obtenido en los tribunales de justicia la respuesta que no les ha llegado por la vía laboral, ni política. Y advierten de que, en el caso de que se incumplan las sentencias, volverán a configurar un calendario de movilizaciones.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha emitido una sentencia por la que insta a resolver el conflicto colectivo planteado, a instancia de la CSI, por el exceso de jornada asignada a los auxiliares de bombero especialista que tienen el turno de trabajo 5-2, en el Sepa a través de una negociación entre la empresa y los trabajadores.

Una práctica «contraria a derecho»

Los magistrados Jorge González, Carmen Hilda González, Luis Cayetano Fernández y José Félix Lajo reconocen que el poder de dirección y organización del trabajo corresponde a la empresa, pero advierten de que «ese poder no es absoluto» sino que se ha de ejercer «con el obligado respeto a los derechos de los trabajadores y dentro de los límites que señalan las normas sobre realización de la prestación laboral, referidas tanto a su contenido como a su duración en el tiempo».

De esta forma, el tribunal declara que es «contraria a derecho» la práctica que ha llevado a la CSI a demandar ante los tribunales al Sepa y a la Comisión Paritaria del conflicto colectivo. Esta práctica consiste en asignar únicamente a los auxiliares de bombero especialista con turnos 5-2, la atención de las emergencias derivadas de incendios forestales e incidencias de menor entidad que se produzcan a partir de las 20 horas en los parques donde también prestan sus servicios bomberos con turno de 24 horas, «por la asidua prolongación de jornada que produce dicha práctica», señala en la sentencia. Los turnos 5-2 implican que los auxiliares trabajen desde las 11.20 horas de la mañana hasta las 22 horas de la noche durante cinco días (lunes, martes, viernes, sábado y domingo) una semana y dos días (miércoles y jueves), a la semana siguiente.

El derecho a respetar la jornada de trabajo

La Sala se pronuncia a favor de suprimir  esta práctica «como método habitual de trabajo», y resuelve que debe ser sustituida por otra que «no arroje resultados perjudiciales para el colectivo de trabajadores afectados por el presente conflicto, contrarios a su derecho a que se respete su jornada de trabajo». Los magistrados aseguran que corresponderá «en exclusiva a la empresa la organización del trabajo», si bien deberá contar «con la participación, orientación, propuesta y asesoramiento de los representantes de los trabajadores». Y recuerdan que así lo establece el artículo 7 del convenio colectivo aplicable.

Además, sostienen que deben ser también las negociadores los que establezcan los criterios objetivos a aplicar para dar el relevo los trabajadores que se encuentren en una intervención y han finalizado su jornada ordinaria de trabajo.

El sindicato acusaba al Sepa de acudir a esta práctica «fraudulenta y abusiva», con el único fin de forzar a los auxiliares de bombero que no quieran realizar horas extraordinarias de forma voluntaria para imponérselas «de forma obligatoria».  El Sepa negaba la existencia de esta orden o práctica, pero el tribunal rechaza su argumentación,  ante la prueba testifical practicada en el acto del juicio que revelaba que, en los parques donde prestan servicios bomberos con turno de 24 horas y auxiliares con jornada que finaliza a las 22 horas, se asignaba «a éstos últimos en exclusiva, a partir de las 20 horas, las emergencias en las que pueden actuar con autonomía, reservando a los bomberos por si se dan emergencias mayores».

La contundencia de los testigos

Los testigos lo afirmaron «con rotundidad» y el jefe del área de bomberos reconoció que se trata de una práctica que se aplica «de forma generalizada, aunque no esté en una circular». Esa práctica, en sí misma, asegura el tribunal, «no es ilegal, pues las emergencias asignadas a los auxiliares son las que pueden atender ellos solos, de conformidad con el acuerdo de modificación parcial del convenio suscrito en el año 2013, y las salidas se producen dentro de su jornada laboral ordinaria».

Sin embargo, la legalidad, a juicio de los magistrados, desaparece «desde el momento en que se comprueba que tal práctica conduce a que los auxiliares se ven obligados a prolongar su jornada de forma sistemática, pues el número de emergencias derivadas de incendios forestales e incidencias de menor entidad que se producen a partir de las 8 y concluyen después de las 10 de la noche es mucho mayor que el de las resueltas antes de las 10, y no son relevados a las 10, sino que deben continuar prestando servicios hasta la solución de la emergencia asignada. Así lo evidencia la información requerida a la empresa como diligencia final y la testifical practicada en el acto del juicio», corroboran.

La vuelta a las movilizaciones

Los representantes de CSI denuncian que, pese a que sus demandas están siendo favorables en los tribunales en un 90 por ciento de los casos, la Gerencia del Sepa «se salta su cumplimiento a la torera. Toda la negociación colectiva acaba en los juzgados y lleva judicializada desde que ocupaba la Gerencia Antonio del Corro y sigue con el actual gerente, Eugenio García», explican Manuel Sordo y Gabriel García.

Ni el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ni la directora general de Justicia, Encarnación Vicente, les ha recibido, pese a las numerosas gestiones que han realizado para tratar de  resolver el conflicto «a través del diálogo. Paramos las movilizaciones como gesto de buena voluntad, pero si incumplen la sentencia, volveremos a movilizarnos», ratifica Manuel Sordo.

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