Colectivos de aficionados rechazan levantar la prohibición de la venta de ejemplares y exigen reabrir el debate de la pesca sin muerte. El Principado no se plantea ningún cambio normativo
19 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.No quieren ni oir hablar de levantar la prohibición de vender el salmón echado a tierra por pescadores deportivos. Todo lo contrario. Exigen medidas más restrictivas. Quieren reabrir el debate de la pesca sin muerte. Esa es la postura de la North Atlantic Salmon Found (Nasf) en España, un colectivo que aglutina a pescadores de perfil conservacionista, que sostiene que ningún río asturiano tiene un nivel de reproductores suficiente que permita mantener la población de salmónidos de manera prolongada. Su portavoz en España, Mauricio Gordillo, explica que no es una afirmación arbitraria y que está basada en datos científicos objetivos, que son los que determinan los niveles ecológicos de conservación. Por tanto, para Gordillo no hay argumentos ecológicos que permitan generalizar la comercialización de las piezas. Pero tampoco encuentra razones económicas. Un salmón vivo en el río vale 1.500 dólares. Ese es el estándar reconocido internacionalmente. La cantidad le parece suficiente para acallar a los que esgrimen los 40 o hasta 50 euros el kilo que se puede pagar por un ejemplar autóctono.
El Gobierno del Principado, que es el que tiene la última palabra, no tiene intención de mover ficha. La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales está satisfecha con la actual ley y no pretende reabrir un debate entre dos parte en las que el entendimiento parece casi imposible. La petición del PP, que también cuadra con las reivindicaciones de Foro y de asociaciones de aficionados y hosteleros, no tiene eco dentro de la Administración. Ya pasó algo muy parecido hace un año, también coincidiendo con el inicio de la temporada.
La consejería se muestra tranquila y respaldada, entre otros motivos, porque la normativa asturiana va en la misma línea que la del resto de comunidades del norte del país. El Principado prohíbe la comercialización de cualquier especie piscícola, con excepción de los ejemplares procedentes de los centros de acuicultura. Solo recoge la excepción del campanu, como tradición arraigada. La norma de Castilla y León de 2013 veta, en concreto, la venta de trucha y deja abierta la posibilidad de extenderlo a otras especies mediante un decreto. En Galicia, data del año 1992 y se refiere solo a los salmónidos, sea cual sea el sistema de captura. Lo mismo hace Cantabria desde 2007 con cualquier especie piscícola. Navarra también regula la subasta de su campanu. Guipúzcoa y Vizcaya vetan la salida al mercado de la trucha común.
Pesca sin muerte
«Para nosotros es inviable que se plantee la comercialización del salmón cuando creemos que lo único sostenible para nuestros ríos salmoneros es la pesca sin muerte. Si se devuelve al río vivo, es difícil de vender», explica Mauricio Gordillo. El portavoz de Nasf en España señala que en países con poblaciones estables pueden plantearse la creación de ese mercado pero ese no es el caso español. Cada Estado tiene sus propias circunstancias. Así, recuerda que según el derecho anglosajón el propietario de la tierra que surcan sus ríos es también dueño de ese trozo de cauce y, por tanto, no necesita ningún tipo de permiso o licencia de pesca. Cuenta que Irlanda o Inglaterra se plantean ahora la posibilidad de establecer precintos para los salmones pero únicamente para saber cuánto se pesca y estudiar las poblaciones. Lo que está internacionalmente reconocido es que cada ejemplar vivo genera una riqueza de unos 1.500 dólares.
Gordillo no cree que vender a los restaurantes genere más riqueza ni relance la gastronomía ribereña. Lo que piensa que puede potenciar el turismo de pesca es tener unos cauces con un nivel ecológico de conservación, donde los pescadores puedan llegar para practicar su deporte, contratar un guía, reservar en un hotel y degustar la gastronomía local. «Un nivel saludable de salmónidos tiene mucho mayor atractivo», sostiene.
Para conseguirlo los integrantes de Nasf defienden la adopción de una batería de medidas que combatan la actual situación, que califican de «frágil o delicada». Los efectos de las repoblaciones que, mayoritariamente, sostienen las asociaciones de pescadores son limitadas, así que pretenden que se complementen con otras políticas de conservación de los cauces, con la mejora de los hábitats, el control de los cormoranes y, por supuesto, con el veto a la pesca con muerte. ¿Hasta cuándo? Como mínimo hasta que haya un nivel suficiente de reproductores que permita mantener de manera prolongada la especie en el río por sí misma. «De nada sirve una solución aislada», argumenta el portavoz de Nasf en España.