El exportavoz del PP en Nava denuncia a la juez del «caso Aquagest» por presunta prevaricación
ASTURIAS
José María Osoro pide la nulidad de actuaciones por la prescripción de los hechos investigados ya en Avilés y asegura que la magistrada Pilar de Lara pudo utilizar ilegalmente el Servicio de Vigilancia Aduanera para citar judicialmente al exteniente alcalde naveto
15 mar 2017 . Actualizado a las 12:03 h.El exportavoz del Partido Popular (PP) y exteniente alcalde de Nava (Asturias), José María Osoro, ha solicitado al juzgado de instrucción de Lugo la nulidad de actuaciones en el denominado caso Aquagest, una de las piezas de la operación Pokemon y ha iniciado los trámites para denunciar a la titular del juzgado, la magistrada Pilar de Lara, a la que imputa su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricación y en su caso de malversación de caudales públicos.
El abogado ovetense Gonzalo Botas, que ejercita la defensa del exedil naveto, sostiene en el escrito que ya presentado ante el juzgado lucense que la magistrada Pilar de Lara pudo incurrir en un delito de prevaricación al ignorar la prescripción de los hechos, al haber sido investigados con anterioridad por el Juzgado de Instrucción número 3 de Avilés, que acordó el sobreseimiento de la causa por prescripción; una situación que, a juicio del letrado, «no puede ignorar la magistrada sin ser injusto».
Las presuntas anomalías del juzgado
El abogado sostiene que la magistrada ha hecho gala en su juzgado de una «desatención de las más elementales normas procesales». Entre las anomalías detectadas, resalta la irregular utilización que presuntamente ha realizado del Servicio de Vigilancia Aduanera para citar al exportavoz del PP; una situación que «resulta nula e ilegal», ya que existe un cuerpo judicial encargado expresamente de estas actuaciones y al mismo tiempo advierte de que deben efectuarse siempre por exhorto al Juzgado del lugar de residencia de su representado.
Gonzalo Botas incide en que la actuación de la titular del juzgado podría incluso suponer la comisión de otro tipo de ilícito penal al dictar «a sabiendas una resolución injusta», pues esta normas que rigen el procedimiento no pueden ser desconocidas por el Juzgado, «ni orilladas en su aplicación». Para el letrado ovetense, la publicidad de unos autos parcialmente secretos podría tener como causa «esta anomalía sistemática en la forma de practicarse las notificaciones al margen de la ley procesal».
José María Osoro se encuentra actualmente en una situación de «indefensión», según corrobora su defensa, motivada por la falta de comunicación de los hechos concretos investigados, que «unida a la inusitada extensión de los autos, que los hace inabarcables, ocasiona a mi mandante la evidente indefensión de no saber sobre qué va a ser interrogado», ratifica. Por recomendación de su abogado, el exteniente alcalde anuncia en su escrito remitido al juzgado lucense que no contestará a ninguna pregunta a menos que sea informado, «con antelación suficiente y por escrito, con las debidas garantías, de los hechos concretos que se le imputan como garantía de sus derechos constitucionales».
Las críticas a la actuación judicial
Los delitos que se persiguen en esta causa son tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada; por lo que, a juicio del abogado Gonzalo Botas, las labores de Policía Judicial están siendo llevadas a cabo por un órgano «manifiestamente incompetente, como es el Servicio de Vigilancia Aduanera», después de que el Tribunal Supremo señalara que no constituye Policía Judicial «en sentido estricto», puesto que, según el letrado, «otorgar competencias en la averiguación de delitos que no son de su competencia, constituye una evidente vulneración de la ley».
El abogado defensor de Osoro ratifica en su escrito que la actuación de la magistrada debe ser investigada ante su posible responsabilidad en un delito de prevaricación y reitera esta idea a la vista de que «las diligencias de investigación encubiertas bajo la forma de informes, constituyen una burla al derecho y al proceso penal, están siendo llevadas a cabo por órganos manifiestamente incompetentes, pueden constituir prevaricación, y por ende malversación de caudales públicos por parte de la autoridad judicial, de la Jefatura de Aduanas de Lugo, y un evidente abandono de destino al estar cumpliendo los agentes investigadores funciones que no les son propias en desatención de las que como funcionarios de la Administración Tributaria tienen atribuidas».