El exvicesecretario del PP asturiano Joaquín Fernández, principal imputado por la trama en el Principado, está citado a finales de este mes
12 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El caso Pokemon arde a fuego lento y en dos fogones distintos para los implicados asturianos. El plato principal de la investigación para desenredar la trama de adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos se cocina en el juzgado de Lugo que ocupa la juez gijonesa Pilar de Lara. El acompañamiento, mientras tanto, acaba de prepararse en el juzgado de Avilés que se ocupa de los manejos de la empresa Aquagest para conseguir obras y encomiendas de servicios en el Ayuntamiento de Corvera. Desde el final de la ronda de comparecencias ordenada por De Lara en los primeros meses del 2016, el caso ha generado pocos titulares. La instrucción no se ha detenido, pero ha atravesado una fase de lucha de las defensas de los imputados por oponerse a las decisiones de la magistrada con recursos ante la Audiencia Provincial de Lugo. Casi todas las decisiones de esa instancia, sin embargo, han respaldado las iniciativas del juzgado. Despejados esos obstáculos, se esperan nuevos avances en las próximas semanas. Para el conocimiento de los delitos presuntamente cometidos en Asturias, la nueva etapa del caso significa una vuelta a los orígenes, es decir, al interrogatorio del exvicesecretario de comunicación del PP regional y expresidente del partido en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández.
La detención de Fernández en febrero del 2013, realizada al mismo tiempo que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera a las órdenes de la juez De Lara realizaban un registro para analizar el contenido de varios ordenadores en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, fue la alarma que puso sobre aviso a la sociedad asturiana de la extensión hacia la comunidad del entramado de relaciones turbias entre la política y los negocios que desde el año anterior ya se investigaba en Galicia. Desde el 2003, Fernández había trabajado en diversas funciones administrativas y comerciales para Aquagest, una filial de Aguas de Barcelona (Agbar, ahora también parte de la multinacional francesa Suez). Ante sus superiores en la firma se presentaba como un abrelatas político, el conseguidor que, gracias a sus contactos en la dirección autonómica y las juntas locales del PP, podía inclinar en su favor los concursos para la privatización de los servicios de aguas y la adjudicación de obras relacionadas con su mantenimiento que, a partir del cambio de siglo, empezaron a promover ayuntamientos ávidos de ingresos.
Por eso no fue extraño que el primero en caer con él fuera el exalcalde Pravia Juan Carlos Guerrero, que, sin embargo, no aparece en el sumario a raíz de su gestión en ese municipio, sino de su labor como asesor en otro municipio durante la etapa de gobierno del PP en él: Cangas del Narcea. De la mano de Henry Laíño, el responsable de las operaciones en el noroeste de España y protagonista destacado de las investigaciones de la juez De Lara por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y estafa, la figura de Fernández se hizo conocida en las altas esferas de la empresa. El asturiano cumplía. Dos directivos del grupo, en una conversación telefónica intervenida y transcrita por orden de la magistrada e incorporada al sumario del caso, lo definieron como «más facha que Franco» al mismo tiempo que reconocían su habilidad para arreglar tratos en los concejos asturianos.
Es cierto que Fernández estaba bien relacionado en el PP asturiano. A finales de la década pasada, formaba parte de la nueva camada de dirigentes criada en Nuevas Generaciones que parecían a punto de dar el salto para heredar el control de la organización ejercido entonces por Gabino de Lorenzo y Ovidio Sánchez. Era un grupo en el que se encontraban el delfín de De Lorenzo en Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, y otra vicesecretaria general del partido: Teresa Mallada (que aún no era presidenta de Hunosa). Fernández llegó a ser el director de la campaña de Isabel Pérez-Espinosa en su fallido intento de llegar a la presidencia del Principado en las elecciones autonómicas del 2011 y a representar a su partido en el consejo de administración de la RTPA.
Aquella amistad buscada, solicitada y capaz de dar empujones a algunas carreras se convirtió en el 2013 en un lastre y puede pesar aún más si Fernández se decide a dar nuevos detalles. Caunedo ha salido tocado en sus aspiraciones de su trato con él. La difusión de las fotos de sus vacaciones conjuntas (en compañía de un tercer miembro del PP, el concejal gijonés Manuel Pecharromán) en Nueva York y Croacia le ha causado el inconveniente de ser llamado a Lugo en el 2016 para explicar a la jueza si lo pagó de su bolsillo o corrió a cargo de Aquagest. El exalcalde de Oviedo asegura que el dinero salió de un regalo de sus tías. El asunto adquirió ribetes más escandalosos al trascender que Fernández apuntó algunos de los gastos bajo el epígrafe «putiferios y varios» y ha dado pie a una investigación política en el Ayuntamiento que acabó el mes pasado con un sonado enfrentamiento entre Caunedo y el actual responsable del área económica, Rubén Rosón (Podemos).
También han salido malparado de su amistad con Fernández el matrimonio formado por Joaquín Aréstegui y Carmen Vega. Él fue presidente de la junta local del PP en Avilés y portavoz del grupo parlamentario del partido en la Junta General; ella, concejal en Avilés. La juez les acusa de haber reformado su casa con dinero pagado por Aquagest, que también costeó un alquiler mientras duraron las obras y les regaló los muebles. Durante un registro de la vivienda, el Servicio de Vigilancia Aduanera encontró una cantidad abundante de dinero en efectivo. Aréstegui retrasó su dimisión con el argumento de que no había sido acusado formalmente de nada y de que la privatización del servicio de aguas de Avilés fue decidida por un ayuntamiento en el que gobierna el PSOE, pero en noviembre del 2015 eso cambió: De Lara acusa a la pareja de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
El caso también puso fin a la carrera de un alto cargo del PSOE en el Gobierno regional. José Balmori perdió su condición de director general de Administración Pública, dependiente de la Consejería de Hacienda, en noviembre del 2014, al hacerse público que, años antes, cuando era concejal del Ayuntamiento de Llanes, había pasado un fin de semana con su esposa en el balneario de Las Caldas cuyo precio fue abonado por Aquagest. Las invitaciones de la empresa han hecho aparecer en la causa a alcaldes y concejales de los dos grandes partidos.
El exalcalde de Coaña, Salvador Méndez, su concejala de Economía, Rosana González, y el presidente de la junta local del PP de Navia, Roberto Santiago, aparecen en las investigaciones por organizar un viaje de pensionistas y militantes del partido a A Coruña con dinero de Aquagest suministrado por Fernández. Aunque no está imputada ni parece probable que vaya a estarlo por unos hechos anteriores a su llegada al cargo, la propia presidenta autonómica del partido, Mercedes Fernández, tuvo que viajar a Lugo para explicar a De Lara algunos aspectos de la financiación del PP y aclarar las sospechas sobre una posible financiación ilegal. Fernández consiguió un trabajo para su hermano en Aquagest. El exalcalde socialista de Salas José Manuel Menéndez, el también socialista y alcalde de Tineo José Ramón Feito, y el concejal popular de Nava José María Osoro también han aparecido como imputados.
Las comparecencias y las citaciones continúan. En las últimas semanas, han llegado al presidente de la patronal asturiana de la construcción, Serafín Abilio Martínez, y su hijo. La juez quería saber qué se trató en una comida en la que participaron, junto a Fernández y Caunedo, en el 2010. Las obras del fallido spa de Ciudad Naranco están sobre la mesa, aunque Martínez ha negado haber cometido irregularidades. «No compro a nadie y a mí no me compra ni Dios», ha declarado. La Audiencia de Lugo ha confirmado la decisión de De Lara de admitir la personación en la causa del Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN), que plantea nuevas diligencias. Los últimos indicios investigan actuaciones de la trama en ayuntamientos de la Región de Murcia y otros enclaves del Mediterráneo. Aunque la instrucción ha durado ya casi cinco años, nadie se atreve a ponerle un final. Lo que aporte Fernández en su nueva declaración puede ayudar o enredar aún más la madeja.