Los macrojuicios al exconsejero de Educación por los sobornos para adjudicar contratos y a los acusados de las tarjetas «black» de Bankia ponen en primer plano la ausencia de controles en los años del «boom» económico del ladrillo
29 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Podrá recordarse 2016 como el año en que un antiguo consejero del Principado derribado por un escándalo de corrupción y mal manejo del dinero público acabó juzgado. En los últimos meses, se ha presenciado en los tribunales el inicio de los vencimientos de las facturas de la corrupción y la gestión alocada de lo público que crecieron al calor de la expansión económica tras el cambio de siglo. La presencia de José Luis Iglesias Riopedre en el poblado banquillo de los acusados de la operación Marea amplificó el eco de una investigación que puso al descubierto deficiencias en los controles de la Administración autonómica sobre los altos funcionarios y los responsables políticos o con potestad para decidir adjudicaciones, concursos o cambios en el uso de fondos. El caso aún espera sentencia -su lectura, si se cumplen los plazos, está fijada para enero del 2017-, pero no es el único que ha alimentado los sentimientos de desafección y falta de confianza en la política.
En Asturias, se sigue con especial interés el juicio por el uso de las tarjetas black de Bankia, porque entre los 65 acusados por la fiscalía hay cuatro nombres relacionados con la comunidad autónoma. El de Rodrigo Rato es el más prominente, pero junto a él aparecen los Estanislao Rodríguez Ponga, José Manuel Fernández Norniella y Enedina Álvarez Gayol. Al mismo tiempo, la instrucción en la Audiencia Nacional del llamado caso Musel, desencandenado por los excesivos sobrecostes en las obras de ampliación del puerto gijonés detectado por la oficina antifraude de las instituciones europeas, ha visto convertirse en investigados (la antigua figura de los imputados) a dos exaltos cargos de las instalaciones y a un directivo de la unión de empresas que ejecutó los trabajos. Altos cargos del PP desfilaron por el juzgado de instrucción de Lugo que investiga las ramificaciones asturianas de la trama del agua. Y, en el Parlamento asturiano, se han creado dos comisiones de investigación sobre la gestión de la empresa pública Gitpa, creada para ocuparse de la extensión de la red de fibra óptica, y de las listas de espera de la sanidad. Este es un resumen de la evolución de todos esos episodios.
Macrojuicio a Riopedre y Renedo
Durante casi cuatro meses, entre principios de abril y finales de julio, los medios de comunicación sirvieron casi a diario las imágenes de los trece encausados que, finalmente, más de seis años después del comienzo de las primeras investigaciones sobre la funcionaria Marta Renedo, se sentaban en el banquillo. Los más llamativos, aquellos sobre los que recaían las acusaciones de prevaricación y cohecho continuados, eran el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, su antigua mano derecha en ese departamento, María Jesús Otero, los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez y la propia Renedo, cuyas actividades llamaron por primera vez la atención de la Agencia Tributaria en el 2009 y, a principios del 2010, pusieron en marcha la instrucción judicial del caso.
Las sesiones en la Audiencia Provincial causaron un gran revuelo. Algunas defensas aprovecharon sus intervenciones para regar de dudas y críticas los procedimientos de la Administración regional, que en algunos casos sí parecían descontrolados. Un abogado puso de relieve que, para un espacio útil de mil metros cuadrados, el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada, dedicado a la formación de funcionarios, había gastado en muebles cerca de nueve millones de euros. Pero, al cabo, todos los golpes de efecto y los floreos verbales sirvieron de poco. La fiscalía mantiene la petición de diez años de cárcel para Riopedre, once para Otero, nueve para los empresarios y otros diez para Renedo. El tribunal debe anunciar en enero del 2017 si da por buena la versión del ministerio público.
La trama se desató al investigar a Renedo que llevaba años usurpando la identidad de ciudadanos cuyos datos lograba a través de los registro públicos a los que tenía acceso por su condición de alta funcionaria de la Consejería de Administraciones Públicas y adjudicándose a sí misma contratos menores (los que no necesitan concurso) bajo esos nombres supuestos gracias a la falsificación de firmas de directores generales del Principado. La investigación reveló que también había recibido pagos habituales de Muñiz y Sánchez y puso al descubierto la trama de entrega de sobornos a cambio contratos públicos. Las empresas de estos dos acusados, Igrafo y Almacenes Pumarín, constituyeron durante años un duopolio que acaparaba casi todas las adjudicaciones de compras de mobiliario de oficina y consumibles informáticos.
Negra gestión bancaria
Bankia ha llegado a ser el símbolo de todos los excesos finacieros asociados a la crisis del ladrillo. La antigua Caja Madrid, hundida y rescatada con dinero público antes de su transformación en Bankia, retribuía generosamente a sus consejeros, que nunca vieron venir la crisis ni supieron detectar las numerosas bombas que escondían sus balances. Pero lo que desde finales de septiembre se dirime en la Audiencia Nacional no es la orientación general de toda una época sino el uso de lo que en la jerga de la entidad se denominaban tarjetas black, una tarjetas de crédito con saldo generoso. Se discute si formaban parte de un sistema de pagos opaco al fisco que enmascaraba como gastos de representación compras y extracciones de efectivo para uso estrictamente personal.
Como con la operación Marea, aún no hay sentencia. El juicio ha llegado a su fin en las últimas semanas del año y es un macroproceso con 65 acusados, por lo que se espera que el tribunal aún tarde en pronunciarse. El exministro de Economía Rodrigo Rato, uno de los cuatro asturianos acusados de haberse lucrado, es, junto a Miguel Blesa, quien peor lo tendrá si prosperan las tesis del fiscal. Como expresidentes de la entidad no solo están acusados de apropiación indebida por el uso de las tarjetas, sino también de administración desleal por poner en práctica las decisiones que arruinaron a la caja.
Los otros tres nombres relacionados con Asturias que aparecen en el juicio son los de dos antiguos altos cargos de los equipos económicos de Rato en los gobiernos populares de José María Aznar, los exsecretarios de Estado Estanislao Rodíguez Ponga y José Manuel Fernández Norniella, y una exdiputada nacional nombrada a propuesta del PSOE: Enedina Álvarez Gayol. Ponga, acusado de gastarse 255.000 (100.000 de ellos para pagar viajes en la agencia de El Coerte Inglés) euros con su tarjeta, figura entre los consejeros más pródigos en su uso. La lista del derroche en artículos de lujo y hoteles caros ha causado escándalo este año.
El Musel, lastre en las obras
La Audiencia Nacional ha dedicado el año en avanzar en la instrucción del caso del puerto gijonés. El Observatorio de la Corrupción en Asturias (OCAN), una organización creada por personas afines a Podemos, ha promovido el recorrido del caso y el juez Javier Gómez Bermúdez ha hallado motivos para investigar a tres personas: el expresidente de la Autoridad Portuaria (y también antiguo alto cargo de la Consejería de Fomento en tiempos de Vicente Álvarez Areces) Fernando Menéndez Rexach, el exdirector del puerto José Luis Díaz Rato y el exgerente de la unión temporal de empresas que ejecutó las obras, el ejecutivo de Dragados Juan Miguel Pérez.
Los sobrecostes de los trabajos, que superan los 250 millones de euros, han sido motivo de curiosidad social, periodística y judicial desde 2009, cuando Andecha Astur presentó la primera denuncia por el caso. Los grandes nombres de la industria y la banca asturiana, que participaron en el proyecto o lo financiaron, también han acudido a declarar como testigos. Fernando Masaveu y Manuel Menéndez han pasado por el juzgado. Aún no hay fecha para el juicio ni escrito de acusación.
Agua sucia
Al PP asturiano también han llegado salpicaduras de la trama del agua, la maquinaria de regalos y sobornos que la empresa Aquagest puso en marcha para quedarse con los servicios privatizados de abastecimiento en muchos ayuntamientos gallegos. Una juez asturiana, Pilar del Río, la investiga desde un juzgado de Lugo y se ha interesado por los populares asturiano a raíz de la imputación del exvicesecretario de Comunicación del partido, Joaquín Rodríguez, que en una grabación se jactaba de ser el «abrelatas» político de los empresarios.
En enero, pasaron por Lugo para declarar ante la juez la presidenta de los popular, Mercedes Fernández, que fue interrogada acerca del empleo que consiguió su hermano y el exalcalde de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo, acusado de haber acudido a vacaciones pagadas por Aquagest. Por ese mismo motivo, también fue citado el exconcejal gijones Manuel Pecharromán, hoy distanciado de la dirección popular por otros motivos.