Patronal, sindicatos, Principado y FACC firman un acuerdo para orientar los contratos a la inserción laboral a partir del séptimo mes
22 ago 2016 . Actualizado a las 14:01 h.Los planes de empleo de los ayuntamientos asturianos mutarán para evitar denuncias en los tribunales de los beneficiarios de estas prestaciones. Las denuncias de los contratados con estos planes han supuesto a los consistorios más de 10 millones de euros en indemnizaciones, una situación que sólo se ha producido en el Principado. Para evitar estos casos, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la patronal FADE, los sindicatos CCOO y UGT y el Gobierno autonómico han llegado a un acuerdo por el que los siete primeros meses del año de duración del contrato se centrarán en la ocupación demandada pero a partir de entonces el trabajo se compaginará con orientación laboral por parte de técnicos del servicio de empleo (SEPEPA), hasta elaborar un itinerario de reinserción laboral personificado para cada beneficiario y que no se agotará una vez transcurrido el año de la prestación sino hasta que haya una vuelta efectiva al mercado de trabajo.
«Para los ayuntamientos esto es satisfactorio porque no se trata de un plan de empleo estricto sino de reinserción laboral» señaló el presidente de la FACC y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios quien añadió que los consistorios «sufrimos estas complicaciones (en referencia a las sentencias adversas) desde el punto de vista económico». Así, García Palacios indicó que «el objetivo fundamental es de colaboración social para aminorar el paro de la mejor forma posible pero nos vimos asaltados en nuestra buena voluntad y con consecuencias gravosas».
¿Cuántas denuncias y en cuántos ayuntamientos ha sucedido esto? Desde la FACC indicaron que no tenían cifras precisas, en la Junta General del Principado el grupo de Izquierda Unida cifró en 10 millones de euros el total de indemnizaciones que habían tenido que asumir los ayuntamientos por esta causa. Constan al menos dos denuncias en el caso de Avilés, también en Gijón, en Siero, Luarca, y varias en el de Oviedo, entre otros. El presidente de la FACC citó el caso de Gozón como el único, hasta el momento, en el que un tribunal había fallado a favor del ayuntamiento. García Palacios señaló que la legislación es igual en todo el estado (limitando al modelo de obras y servicios como la única posibilidad de contrato en estos planes) pero que las denuncias sólo se han dado en Asturias.
El representante de UGT, Javier Fernández Lanero, destacó que, a su juicio, el contrato por obra y servicio no es «el más adecuado» por lo que debería abordarse un cambio en este sentido en próximas reformas laborales. En todo caso insistió en que la postura de su sindicato, ya expresada en los acuerdos de concertación social, es que el objetivo de estos planes es la «inserción social». En términos similares se pronunció Antonio Pino, de CCOO, quien quiso «poner en valor estos planes de empleo que han sido cuestionados por malas prácticas y malas lecturas, son planes de inserción laboral y siempre lo han sido. Quizá alguien no lo utilizó adecuadamente pero van dirigidos a colectivos como mujeres víctimas de la violencia de género, mayores de 52, a sectores muy castigados por la recesión como la construcción».
El nuevo plan, con este enfoque de orientación a partir del séptimo mes de contrato, se convocará el próximo mes de septiembre y contará con una partida de 7 millones de euros. Pino animó a los ayuntamientos a acogerse a esta convocatoria destacando que los concejos más pequeños pueden contar con el asesoramiento de la FACC y el Gobierno Asturiano. El año pasado, según el dirigente de CCOO, en Asturias los planes municipales supusieron más de 700 contratos que beneficiaron a alrededor de 2.000 personas.