Los afectados por las deudas del ERA, de entre 6.000 y 92.000 euros, se constituyen en asociación mientras la consejería sigue a la espera de los datos de Hacienda y los informes jurídicos que permitan estudiar «de manera efectiva» los 2.791 casos de usuarios fallecidos
14 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Cuando uno se hace mayor, uno de los grandes temores es perder autonomía personal y acabar siendo dependiente. De familiares o, en caso de alcanzar niveles de dependencia que requieren de cuidados profesionales diarios, de un sistema de bienestar que se dotaba en 2007 con una Ley de Dependencia precisamente para no darle la espalda a una realidad inevitable.
Sin embargo, en Asturias centenares de familiares de personas que, por su alto grado de dependencia, ocuparon una de las plazas de los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) no sólo consideran que se les dio la espalda sino que también se sienten engañados y que son víctimas de las «ansias de recaudar» del Gobierno del Principado. Todos tienen en común haber recibido facturas con deudas de entre 6.000 y 92.000 euros. La deuda media que reclama el Principado es de entre 20.000 y 30.000 euros. El 88% de los casos son de personas que ya han fallecido, en su mayoría antes de 2011. Algunos familiares ya la han pagado «porque no reaccionaron y se amenazaba con el embargo», otros la están pagando «con cuentagotas» a razón de entre 100 y 200 euros al mes y la mayoría presentó recursos. Algunos de esos recursos obtuvieron respuesta, negativa, de inmediato y, otros, nada más que silencio administrativo pese al paso de los años.
En marzo, los grupos políticos con representación en la Junta General del Principado aprobaban por unanimidad una moción impulsada por Podemos para se paralizaran los cobros y se revisaran los casos uno a uno. La Consejería de Servicios y Derechos Sociales está actuando o va a actuar sobre 3.376 expedientes. El objetivo, según indican en la consejería, es corregir esta situación y que «todas las personas, vivas o fallecidas, resulten beneficiadas por la ley de la dependencia».
¿Cómo se llega a esta situación?
Desde la Consejería de Servicios y Derechos Sociales se explica que la actual situación tiene que ver con la aplicación de la Ley de Dependencia, «que si bien entró en vigor en el año 2007 no contó con el decreto de copago de servicios hasta el año 2011. Durante ese tiempo, el ERA no giró liquidaciones a la espera de ver en qué se iban a traducir los beneficios del copago de la dependencia». Las mismas fuentes indican que el decreto publicado no tuvo efecto retroactivo y, por lo tanto, a «aquellas personas que tenían reconocida la situación de dependencia y fallecieron antes del 1 de enero de 2011 no les fue de aplicación el sistema de copago». Una vez que entró en vigor el decreto, «éste recogía que quien en ese momento tenía reconocida la dependencia debía optar por el sistema que resultase más beneficioso, y muchos residentes siguieron pagando con la modalidad del contrato de hospedaje en vez de pasarse al copago, al entender que eso les daba mayor liquidez mensual aunque generaban mayor deuda».
Hasta 2007, funcionaba ese contrato de hospedaje, por el que el copago era de hasta el 75% de las pensiones, con cantidades que variaban según su situación económica. Cuando los usuarios de las plazas geriátricas fallecían, se liquidaba la diferencia entre su aportación y el coste total de la plaza. Pero sólo si había dejado herencia.
Al entrar en vigor la Ley de Dependencia, el 23 de abril de 2007 en Asturias, quienes tenían derecho a las ayudas contempladas e ingresaban en una plaza del ERA podían recibir hasta algo más de 700 euros, dependiendo también de su situación económica.
¿Por qué se sienten engañados los familiares?
Principalmente porque nunca se les dijo que iban a contraer deudas con la Administración regional y porque las facturas llegaron encima con años de retraso. El presidente de la recién constituida Asociación Plataforma de Afectados del ERA, Ángel Rodríguez, explica que al no entrar en vigor el decreto de copago en Asturias hasta el año 2011, «los que teníamos concedidas ayudas de la Ley de Dependencia estábamos en un vacío legal y, cuando nos llegan las facturas con las deudas, descubrimos que no nos habían aplicado la Ley de Dependencia».
Efectivamente, en las liquidaciones que se empezaron a recibir hace ya tres años y con más intensidad en estos últimos años, no aparecía la ayuda a la dependencia de la que eran beneficiarios los familiares ingresados en plazas del ERA. Pese a que la respuesta, cuando la pregunta era planteada en residencias situadas en diferentes puntos de Asturias, era siempre la misma: no se generaba deuda alguna puesto que, pagando el 75% de la pensión como hasta entonces, dependiendo también de la situación económica del residente, el resto quedaría cubierto con la ayuda de la Ley de Dependencia.
«Eso era lo que iban diciendo los trabajadores sociales en las diferentes residencias, pero ahora nos exigen el 100% de la plaza», recuerda Rodríguez, a quien por ejemplo se le exigía ya hace años 12.600 euros por los 20 meses que su madre, con un grado de dependencia máximo, pasó en una residencia entre 2008 y 2009.
¿Cuánto le cuesta al mes a un dependiente estar en una residencia pública?
En los casos más graves de grandes dependientes, el precio de una plaza en una residencia pública en Asturias es de 1.448 euros al mes. La plaza más barata para un gran dependiente, con un nivel tres y grado dos (la que aglutina un mayor número de afectados por las deudas), son 1.240 euros al mes. «Una de cada 20 pensiones puede llegar a esos precios», indica Rodríguez. En 2014, la pensión media de los jubilados en Asturias era de 1.272,18 euros brutos mensuales. Y es de las medias más altas de España.
«El grueso de la reivindicación es de gente con la Ley de Dependencia, pero antes de 2007 también hay familiares que se quieren informar para ver si tienen que hacer reclamaciones por el agravio comparativo que supondría que nos beneficiara una revisión de expedientes», explica el presidente de la asociación de afectados.
¿Qué es lo que está estudiando o va a estudiar la Consejería de Servicios y Derechos Sociales?
De los 3.376 expedientes que se quieren revisar, 585 corresponden a personas que siguen siendo usuarias de plazas en el ERA y que no estaban facturando de acuerdo con la modalidad de copago. El resto, 2.791 expedientes, son de personas que ya han fallecido. Y, en concreto, 1.287 fallecieron entre 2007 y diciembre de 2010, con lo que no se les pido aplicar el decreto de copago ya que cuando entró en vigor no tuvo carácter retroactivo. Otros 1.051 expedientes corresponden a personas que murieron a partir de 2011 sin haber pasado a la modalidad de copago y los 453 casos restantes son de personas afectadas por esta situación a las que aún no se ha enviado la factura con la liquidación, pero cuyos familiares la recibirán «de acuerdo con la fórmula adecuada».
Desde la consejería se indica que la voluntad es «dar respuesta a esta situación lo antes posible» y que, por ello, ya se han revisado los expedientes de las personas vivas, que sólo requieren del consentimiento de cada residente. En el caso de quienes ya han fallecido, «no podemos hacerlo de manera efectiva hasta contar con sus datos, que están solicitados a la Agencia Tributaria a través del Ente de Servicios Tributarios, y hasta contar con todos los informes jurídicos que avalen aplicar la retroactividad a todos esos casos».
¿Cuáles serán los próximos pasos de la recién constituida asociación de afectados?
Desde la asociación de afectados se recuerda que también Podemos intentó que la moción del 4 de marzo fuera de obligado cumplimiento al proponer que pasara a ser una ley que regulara el copago geriátrico, pero se ha encontrado obstáculos en el camino y las críticas a la propuesta por parte del PSOE se fundamentan principalmente en que ya se están llevando a cabo las revisiones. «No tienen mucha prisa y es una manera de seguir dilatando la situación», indica Rodríguez, que considera que en septiembre, cuando supuestamente finalizará la revisión de todos los expedientes, «habrá que ver cómo revisan todos los casos y, si es así, a la gente que pagó se le devolverá el dinero siempre y cuando la ley salga adelante».
La plataforma ya tiene aprobada su conversión en asociación y disponen de un local cedido por el Ayuntamiento de La Felguera, aunque su objetivo pasa por conseguir también espacios en los que poder atender a los interesados en Gijón y Avilés, «aunque uno o dos días por semana, unas horas por las tardes». Alrededor de 300 personas formaban parte de esta plataforma, en la que ahora tendrán que integrarse como socios.
De primeras, más de un centenar de afectados contactaban con la plataforma cuando surgía a principios de años. «Ahora también nos llegan casos de personas que tienen a familiares vivos en las residencias y se empiezan a interesar», explica Rodríguez, que indica que le consta que se vuelve a decir la misma frase de siempre: «Que no se genera deuda». Pone como ejemplo el de una mujer que ocupa una plaza de gran dependiente y paga unos 900 euros y pico al mes, en función de su pensión. «Sus familiares dicen que no le hicieron ni contrato, así que siguen a la trágala», lamenta.