Las cuentas pendientes del pacto de investidura dificultan las relaciones de ambos partidos enfrascados en la negociación de la fiscalidad para 2017
10 ago 2016 . Actualizado a las 11:20 h.Los retrasos de los planes de empleo, los posibles ajustes en las escuelas públicas de 0 a 3 años, la política errática en materia de promoción turística,... Izquierda Unida ha sacado la artillería pesada contra el PSOE en pleno mes de agosto, después de comenzar la negociación sobre la reforma fiscal, el pilar sobre el que se levantará el presupuesto del año 2017. La coalición hace repaso de los incumplimientos del acuerdo de Gobierno firmado hace poco más de un año, que entregó la Presidencia a Javier Fernández. Asegura que no se trata de una estrategia de presión sobre los socialistas sino de hacer balance justo cuando desciende la actividad y antes del inicio del nuevo curso político. Lo explica, además, como un medio de marcar sus prioridades en la agenda para cuando la Junta General recupere su ritmo de trabajo.
Mientras tanto, se mantienen los contactos para hablar de fiscalidad. No son reuniones al máximo nivel. Las vacaciones han apartado a los políticos de la primera línea y han dejado paso a los técnicos, que son los que están intercambiando puntos de vista y aportaciones. Las primeras conversaciones se remontan a mediados del mes de julio, cuando IU dio a conocer algunas de sus propuestas. Entre todas las medidas, destacan crear un impuesto a la comida basura, como y existe en Dinamarca o Hungría, revisar las exenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), media docena de impuestos ambientales y el refuerzo de las medidas antifraude fiscal. Poco más ha trascendido después.
A continuación, le llegó el turno a Podemos. La primera reunión que mantuvo el Gobierno regional con los responsables de la formación morada para abordar la reforma del modelo fiscal constató la absoluta falta de sintonía, algo que ha caracterizado sus relaciones desde el inicio de la actual legislatura. Pese a este espinoso inicio, Javier Fernández aprovechó su visita a la Feria de Muestras de Gijón para recordar la necesidad de plasmar en unos presupuestos la composición política de la Junta General, con una mayoría de izquierdas. Esos presupuestos, que serían los primeros del mandato, tras la prórroga de este 2016, pasan primero por un acuerdo fiscal que, a día de hoy, parece difícil de encaminar.
El repaso de IU
Los encargados de poner el foco sobre los incumplimientos del PSOE no son ni el coordinador Manuel González Orviz ni el portavoz, Gaspar Llamazares. Esta labor le ha sido encargada al diputado Ovidio Zapico. El último asalto, tras denunciar los recortes en el primer ciclo de Infantil y tras criticar la falta de un plan de turismo sostenible y de una promoción seria, lo ha iniciado con los planes de empleo. La coalición critica la atonía mostrada por la Consejería de Empleo e Industria para relanzar estos programas que llegaron sumar más de 2.000 beneficiarios y que en la actualidad no llegan a 500. Las denuncias de los contratados con estos planes, que han supuesto a los ayuntamientos asturianos más de 10 millones de euros en indemnizaciones, ha sembrado el temor y los municipios no están dispuestos a continuar -así lo ha expresado también la Federación de Concejos (FACC)- hasta que no exista un modelo que les otorgue una seguridad jurídica.
La falta de soluciones para superar esa inseguridad jurídica que ahora mismo generan los planes de empleo es otro de los elementos que distorsiona las relaciones entre IU y el Gobierno. Ovidio Zapico insiste en que estaban incluidos dentro del pacto de investidura. «Todo aquello que sea ir contra el desarrollo de los acuerdos reflejados en el marco del pacto, evidentemente, va a dificultar las relaciones políticas entre el PSOE e IU».
IU reclama desde hace meses la implicación directa del Gobierno asturiano, buscando fórmulas que otorguen a los ayuntamientos garantías de que no van a terminar en los tribunales y, también, para cumplir con la concertación social, que considera a los planes de empleo como una herramienta básica para impulsar la inserción. La coalición baja al terreno de lo concreto y expone algunas alternativas, como abrir las convocatorias, a través de subvenciones, a empresas públicas municipales y a entidades sociales sin ánimo de lucro, flexibilizar la temporalidad de los contratos o ayudar a los consistorios a elaborar planes globales.
Frente a la inacción de la Consejería Empleo, Industria y Turismo, IU exhibe las alternativas puestas en marcha por el tripartito en Oviedo. La concejala Cristina Pontón reconoce que no son suficientes ni adecuadas para todos los municipios, pero que, al menos, sirven para demostrar que existen vías legales que permiten ofrece una respuesta mínima a los desempleados. Ese es el caso del programa Actívate, realizado precisamente con fondos del Principado, que se quedó corto porque no pudo incluir todos los perfiles profesionales que hubieran querido. Otra alternativa ha sido Oviedo Trabaja, que recurre a entidades sin ánimo de lucro, que son las que contratan directamente a los trabajadores. «Es una cuestión de voluntad política», insiste Pontón.