Isabel González, abogada que ejerce la acusación particular en nombre del Gobierno regional, considera que Otero pudo recibir de forma ilícita cerca de dos millones de euros
25 jul 2016 . Actualizado a las 14:15 h.El Gobierno asturiano ha reclamado una «sentencia condenatoria y dura» para los implicados en el llamado caso Marea, la presunta trama corrupta dedicada a la adjudicación de contratos públicos a empresas desde la administración del Principado que se destapó en 2010. En esos términos se ha manifestado la abogada Isabel González, que ejerce la acusación particular en nombre del Gobierno del Principado, al detallar las conclusiones definitivas ante el tribunal que desde el pasado 4 de abril juzga este caso en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo.
La letrada del Principado ha dedicado buena parte de su intervención a detallar la forma de actuar de la funcionaria Marta Renedo Avilés a la hora de falsificar contratos y facturas por servicios y trabajos que no llegaron a realizarse. Según el Principado, esta funcionaria pudo obtener de forma ilícita cerca de dos millones de euros de las arcas del Principado, si bien ha señalado que se trató de un caso excepcional, que los controles funcionan y que no se puede juzgar por su actuación a los miles de funcionarios que trabajan en la administración regional y cuya profesionalidad ha defendido.
De la exdirectora de Educación, María Jesús Otero, la letrada ha reconocido que se benefició personalmente de los contratos amañados con Igrafo y Pumarín, mientras que del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, ha señalado que sí ejercía las competencias en materia de contratación y que estaba muy preocupado por la empresa de su hijo, que se benefició de contratos de su departamento. Al igual que la fiscal, la acusación particular del Principado pide para Otero 11 años y medio de cárcel, para Riopedre 10 años y medio, y para Marta Renedo, 10 años, mientras que para los gerentes de la empresa Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y el de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, pide sendas penas de 9 años de cárcel.
Otra de las acusaciones personadas en este juicio, la Asociación de Vecinos de Llanes (Avall), ha cifrado en más de 4,5 millones de euros el dinero que se llevó María Jesús Otero de las arcas públicas desde el año 2002, y en cerca de dos millones, el obtenido fraudulentamente por Renedo. Según el abogado de Avall, Esteban Aparicio, el exconsejero de Educación centró su beneficio en la empresa de sondeos su hijo, «Geogal», pero que, en cualquier caso, se trata de un quebranto al Principado entre los años 2006 y 2010 que «generó a sabiendas».
«Está más allá de toda duda razonable que se han llevado dinero público o beneficiado a sus parientes», ha señalado el abogado de Avall al exponer sus conclusiones definitivas. En ellas ha negado también que este caso se descubriera por iniciativa de la administración asturiana y ha asegurado que esta causa se inició por una casualidad derivada de una inspección de Hacienda.