Una jueza de EE.UU. blinda el programa que protege a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela

Redacción LA VOZ

ACTUALIDAD

Inmigrantes abandonan EE.UU. por el Paso del Norte hacia Ciudad Juárez.
Inmigrantes abandonan EE.UU. por el Paso del Norte hacia Ciudad Juárez. Jose Luis Gonzalez | REUTERS

Trump presiona a los departamentos del Gobierno federal para que le entregen información confidencial sobre dónde viven y trabajan los indocumentados

16 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Una jueza federal de Estados Unidos frenó el intento de la Administración Trump de poner fin al programa migratorio conocido como parole humanitario o CHNV, por las siglas de los países de los que proceden los 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que protege de la deportación. La togada Indira Talwani, de Massachussetts, anuló la orden del republicano de revocar el próximo 24 de abril el beneficio migratorio que fue instaurado por el anterior Gobierno de Joe Biden (2021-2025).

La magistrada, nominada por el expresidente Barack Obama, especificó que la Administración Trump debe respetar la fecha de vencimiento de ese beneficio migratorio, que se creó por un período de dos años, y que no puede ser eliminado de forma anticipada sin una revisión caso por caso. Este es un nuevo varapalo judicial a los intentos del republicano de dar un giro radical a la política migratoria del país.

Al anunciar la revocación del parole humanitario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por la secretaria Kristi Neam, apuntó que este «no aporta un beneficio público significativo y no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal».

El Gobierno de Biden instauró este programa en el 2022 para venezolanos, y en el 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos, en un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares. El CHNV permite a sus beneficiarios residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador con residencia legal.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la Administración Trump, liderado por el multimillonario Elon Musk, está presionando a los departamentos del Gobierno federal para que le entreguen información confidencial sobre dónde viven, estudian o trabajan migrantes indocumentados con el objetivo de deportarlos, informa The Washington Post. Expertos legales señalaron que compartir datos sanitarios o tributarios supondría una violación de la privacidad y contribuiría a generar desconfianza en los servicios gubernamentales.