Viaje a Solanda, un barrio violento del sur de Quito: «El miedo nos está matando»

A Rosario López le pusieron una pistola en la espalda mientras abría la puerta de su casa. Eran apenas las dos de la tarde y los ladrones le exigieron todo lo que tenía. Acababa de volver del supermercado. Se llevaron hasta las bolsas de la compra. Los vecinos intentaron ayudarla, pero los criminales los dispersaron disparando al aire. «El miedo nos está matando», lamenta la mujer al rememorar el robo. Esa es la nueva realidad de Solanda, uno de los barrios populares más conocidos del sur de Quito, con sus casitas de tres o cuatro alturas y calles bulliciosas, famoso por su actividad comercial. La violencia ha explosionado allí en los últimos meses, debido a la lucha de las pandillas por el territorio, dejando un reguero de homicidios, extorsiones y atracos. «A las nueve de la noche como muy tarde nos encerramos ya en la casa», reconoce la mujer, que lidera el comité de vecinos de la zona. «Tenemos miedo de que una bala perdida, Dios no lo quiera, perjudique a más vecinos». Es una situación que se repite en todo el país por las operaciones de las grandes bandas de narcotraficantes que espolean el crimen en los barrios.

Todo estalló en el 2023, el año más violento de la historia de Ecuador, que lidera desde entonces los índices de homicidios en América Latina. No se ha solucionado. El presidente, Daniel Noboa, declaró la guerra a las pandillas el año pasado, decretando un estado de excepción y sacando a los militares a la calle. Logró una reducción del 15 % de los homicidios en el 2024, pero ese año la violencia repuntó con fuerza. Entre enero y febrero, hubo 1.529 asesinatos en todo el país, un aumento del 40 % con respecto al 2023. Si la tendencia continúa, se superarán a final de año todos los registros conocidos.

Quito había logrado evitar lo peor de la violencia, que tiene epicentro en Guayaquil, la gran ciudad del occidente ecuatoriano, pero ya en octubre la capital fue incluida en los estados de excepción ante el aumento del crimen y Solanda es uno de los lugares que más preocupan. Al menos nueve personas han sido asesinadas este año en sus calles, entre las tiendas de ropa y electrodomésticos, peluquerías y restaurantes por los que es famoso el barrio, especialmente en su calle principal, La Jota, rodeada por callejones. Una víctima fue abatida en la esquina de la comisaría de policía. Otra, apenas unos minutos después de que se diese un operativo militar. «A tres pasos de la policía, hay muertes violentas, entonces nos tenemos que preguntar si ellos están trabajando o tienen el mismo miedo que nosotros», se cuestiona Isabel Vargas, secretaria del comité vecinal, que pide más agentes. Denuncia que apenas hay seis policías cada turno en un lugar con 140.000 habitantes.

A mediodía, la actividad en Solanda está a medio gas. Algunas persianas no se levantarán en toda la jornada. Los vecinos aseguran que varios negocios han tenido que echar el cierre por el otro gran flagelo que ha traído la delincuencia: las extorsiones. Grupos de criminales reclaman a los comerciantes pagos a cambio de una supuesta protección que no se da, bajo amenaza de muerte o agresiones. «Son sumas que lastiman el bolsillo. A pequeños comerciantes que viven con el trabajo del día les pueden pedir diez dólares diarios, cuando ganan unos 15», lamenta el empresario Gerardo Bonilla, que fue atracado a punta de pistola un domingo en el parque mientras los vecinos jugaban al voleibol a unos metros. «Los negocios están cerrando más temprano. Antes, el comercio en Solanda terminaba a la una o dos de la mañana. Ahora, máximo hasta las nueve y media hay alguno abierto. Han bajado las ventas y la economía ha sufrido un retroceso», lamenta Vargas.

Pocas esperanzas tienen en las elecciones del domingo. Noboa se enfrenta a la izquierdista Luisa González y las encuestas auguran un empate técnico. Vargas votará nulo y dice que parte importante de los vecinos, también. Reclaman medidas preventivas, como paliar la pobreza y dar trabajo en un país donde solo el 33,7 % tiene un empleo formal. No creen que los políticos hayan elaborado planes para acabar con una criminalidad que no hace más que aumentar.

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