Madrid recurrirá al Supremo la Ley de Eficiencia en la Justicia por la falta de fondos
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El consejero García Martín cifra en 43 millones lo que necesita la comunidad para aplicar la norma
08 abr 2025 . Actualizado a las 09:25 h.La Comunidad de Madrid ha presentado un requerimiento previo al Gobierno central para que «de forma inmediata evalúe el coste» de la Ley de Eficiencia de la Justicia y ha avisado de que si no le responde en el plazo de tres meses con los que cuenta el ministerio, irá al Tribunal Supremo (TS). Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
«Acabamos de realizar el requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que el Gobierno central evalúe el coste real de implantación de la Ley de Eficiencia y dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente a través de los mecanismos establecidos en la propia Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común», aseguró en los Desayunos Madrid de Europa Press.
Además, reprochó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no cumpla «con las obligaciones que establece la propia Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común». «Porque apostar por la Administración de Justicia requiere invertir en ella. De lo contrario, todo lo que se haga se queda en mera cosmética», indicó y criticó que, pese al «enorme alcance» de esta ley, se haya llevado a cabo sin «la necesaria dotación presupuestaria».
«Félix trolaños»
Este reproche no es nuevo. El pasado viernes, los consejeros del PP abandonaron la Conferencia Sectorial de Justicia presidida por el ministro Félix Bolaños. El encuentro fue calificado por García Martín de «paripé», y ayer describió al ministro «Félix trolaños» como un «cobarde». El consejero negó que se hayan destinado 50,6 millones de euros a Madrid para el desarrollo de esta ley.
García Martín insistió en que esta norma supone un «cambio radical» en la organización del sistema judicial y que se hizo «sin contar con el poder judicial, ni con las comunidades autónomas». A mayores, cifró en 43 millones de euros la aplicación de la ley en la Comunidad de Madrid. Además de anunciar el requerimiento previo, solicitó una nueva conferencia sectorial.