El Gobierno prepara cinco leyes para controlar a los medios de comunicación

Pedro Sánchez prepara un paquete de medidas para controlar a los medios de comunicación que incluiría hasta cinco leyes distintas que facilitarán ese control de la prensa por parte del Ejecutivo y limitarán a la vez su acción informativa. Así se establece en el Plan Normativo de Moncloa para 2025. Un documento que establece las líneas reguladoras del Gobierno para este año y que hizo publico el diario El Confidencial. Endurecer el derecho de rectificación, la protección del derecho al honor y establecer un régimen sancionador contra los medios de comunicación son algunas de las medidas que aspira a tener aprobadas antes de que acabe el año. 

Protección al honor

Quejas de las asociaciones. El Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia, planea una ley de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Explica que es necesario «actualizar la normativa vigente, para adaptarla a los nuevos medios de comunicación personal y profesional de una sociedad globalizada». Pero aseguran que esta reforma se llevará a cabo «salvaguardando a su vez la libertad de información y de expresión». 

Pedro Sánchez ya planteó esta nueva norma en junio del 2024 en plenas investigaciones judiciales sobre su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Pese al criterio contrario de las asociaciones de periodistas, que advierten de que el derecho al honor ya está plenamente regulado, el Gobierno sigue adelante con la tramitación de este texto. La ley hará obligatoria la identidad digital de los usuarios en las redes sociales. Esta propuesta ya la avanzó Sánchez en el Foro de Davos y quiere que se traslade a Europa.

Se establecerá además la obligación de informar cuando una imagen, sonido o vídeo haya sido generado por Inteligencia Artificial y que las redes sociales vuelvan a moderar debates y retirar contenidos «que lesionen derechos fundamentales». 

Ley de Publicidad

Financiación de los medios. El Ejecutivo también está trabajando en la ley de publicidad y comunicación institucional, con el objetivo de implementarla en este período. Esta legislación permitirá al Gobierno establecer criterios «objetivos» para la distribución de financiación pública a los medios de comunicación. Además, su implementación requerirá que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervise su aplicación en la prensa. Cani Fernández, quien anteriormente formó parte del gabinete de Sánchez bajo la dirección de Iván Redondo, lidera este organismo. Para respaldar esta norma, el Gobierno se basa en la adaptación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. 

Derecho de rectificación

Actualizar la normativa. Sánchez avanza también con el desarrollo de una ley exclusiva para el derecho de rectificación. El Gobierno considera que hay que actualizar la normativa vigente a los tiempos. El objetivo es que los procesos judiciales se acorten y que se endurezcan los castigos e indemnizaciones. «Deben adaptarse los plazos y procesos judiciales al ritmo actual de la comunicación, dotándolos de la agilidad que requiere la adecuada protección de estos derechos. También deben revisarse las indemnizaciones y los criterios para determinarlas, a fin de asegurar una apropiada reparación del daño causado», reza el documento del Gobierno.

 Ley de secretos oficiales

Viene del franquismo. Con la intención de ser aprobada en el 2025, se está trabajando en la sustitución de la actual ley de secretos oficiales, en vigor desde la época del franquismo, por una nueva ley de información clasificada. El Gobierno ha recurrido a esta norma en varias ocasiones para eludir las resoluciones del Consejo de Transparencia, que le pedían que publicara información sobre los viajes del presidente en el Falcon, entre otros temas. Con el argumento de que es necesario actualizar esta ley para «adaptarla a los estándares internacionales en materia de información clasificada», se planea modificar el texto, lo que podría hacer que el acceso a la información sea aún más restrictivo que ahora. Una de las novedades es la introducción de un nuevo criterio para limitar la divulgación de información: la intimidad. Así, no solo se protegerá la información relacionada con la seguridad, sino que también se restringirá el acceso a datos que afecten a la intimidad de las personas. Según la nueva ley, se regulará el acceso de los ciudadanos a archivos y registros, salvo en lo que respecta a la seguridad y defensa del Estado, la investigación de delitos y la intimidad de las personas. 

Gobernanza

Control de los medios. La quinta norma que el Gobierno busca implementar para controlar la prensa es la ley destinada a mejorar la gobernanza democrática en los servicios digitales y los medios de comunicación. Este proyecto propone, de manera directa, la creación de un régimen sancionador para los medios, que sería gestionado desde Moncloa. En este caso, el Gobierno también se apoya en «la normativa europea» para ajustar la legislación en aspectos como la designación de las autoridades competentes para la supervisión, la creación de un registro de medios de comunicación, la evaluación de las concentraciones mediáticas y su efecto en el pluralismo informativo. Además, se contempla el «establecimiento de regímenes sancionadores». 

Secreto profesional

Protección de fuentes. Dentro del plan del Gobierno se incluye también un contrapeso para facilitar la labor de los periodistas. Se trata de una ley orgánica reguladora del secreto profesional de los informadores. Según el documento elaborado por el Gobierno «se pretende regular el secreto profesional de los periodistas para configurar un sistema sólido de garantías jurídicas que proteja a las fuentes periodísticas». El sistema se plantea como pieza imprescindible en el libre ejercicio de la profesión periodística.

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