El expresidente costarricense Óscar Arias denuncia que EE.UU. le ha cancelado el visado como «castigo»
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El premio Nobel de la Paz aclara que nadie lo callará y seguirá criticando a la Administración Trump
02 abr 2025 . Actualizado a las 11:48 h.El expresidente de Costa Rica Óscar Arias ha denunciado que el Gobierno de Donald Trump le ha retirado el visado para poder viajar a Estados Unidos como «castigo» por las críticas vertidas en las últimas semanas contra el inquilino de la Casa Blanca. «¿Cómo es que al que piensa diferente lo quieren castigar? Eso no es democracia, eso puede ser cualquier cosa menos democracia», señaló Arias, en una rueda de prensa en su casa en la que sentenció que los Estados Unidos de Trump tienen «características de autocracia». El premio nobel de la paz aclaró, no obstante, que nada lo callará y que continuará criticando la política norteamericana.
«No sé por qué me han suprimido la visa», declaró Arias, al no querer especular sobre las causas exactas que pueden haber llevado a la cancelación del visado, aunque desligó este hecho del actual Gobierno, liderado por Rodrigo Chaves. «Si alguien quiere utilizar alguna represalia para silenciarme, pues obviamente no me van a silenciar, pero sí me pueden hacer el daño que significa no poder viajar a Estados Unidos, un país donde estudié, donde recibieron la educación universitaria mis dos hijos y donde he coincidido con muchas de sus políticas y discrepó con otras, siempre con mucha valentía y sintiéndome independiente», expresó Arias. Tampoco cree que la medida vaya a tener efectos prácticos reales, ya que no tenía previsto viajar próximamente a Estados Unidos y puede «dormir tranquilo».
El expresidente reiteró las críticas que ha hecho históricamente a ese país por su inversión militar, que según dijo asciende a «un trillón de dólares», y además por las políticas migratorias y comerciales que ha estado empleando el Gobierno de Donald Trump. «He criticado al Gobierno de Estados Unidos por muchas de las cosas que ha hecho ahora y en el pasado; este gobierno y los anteriores; lo he hecho siempre», declaró Arias, de 84 años de edad.
Arias Sánchez, que gobernó Costa Rica en los períodos 1986-1990 y 2006-2010 y fue galardonado en 1987 con el premio Nobel de la Paz por su labor mediadora en los conflictos armados de Centroamérica en la década de los ochenta del siglo XX, se suma a una serie de figuras políticas y trabajadores públicos costarricenses a quienes la Administración Trump ha quitado la visa sin razones oficiales confirmadas.
En sus redes sociales Arias ha sido crítico del Gobierno de Donald Trump, especialmente de la forma en que ha abordado la guerra entre Rusia y Ucrania, y también de la posición del Gobierno de Rodrigo Chaves en relación a la visita, en febrero pasado, del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
En su segundo Gobierno, Arias impulsó la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y también estableció relaciones diplomáticas con China en el 2007, lo que propició la firma de un TLC con el gigante asiático.
Tras la visita del secretario Rubio a Costa Rica en febrero pasado, el Gobierno estadounidense retiró el visado a los diputados Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), mismo partido de Arias; y a las legisladoras Johana Obando y Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista, así como a la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (estatal de energía y telecomunicaciones), Ana Sofía Machuca.
Todos ellos habían sido criticados constantemente por el presidente Rodrigo Chaves y algunos de sus ministros, por supuestamente apoyar o favorecer a la empresa china de telecomunicaciones Huawei, la cual aspiraba a competir por contratos para el desarrollo de redes de 5G en Costa Rica.
En su visita a Costa Rica, Rubio felicitó al Gobierno costarricense por su «firmeza» para no permitir la participación de empresas chinas en la infraestructura 5G y además advirtió de posibles sanciones para funcionarios que colaboraran con actores extranjeros que representen una amenaza para la ciberseguridad estadounidense.
Desde 2023, el Gobierno de Chaves firmó un decreto en el que establece que para participar en los contratos para redes y equipos de 5G, los países de origen de las empresas interesadas deben ser signatarios del Convenio de Budapest sobre la lucha contra la ciberdelincuencia. China no es signatario de ese instrumento.