El Ejecutivo en funciones del conservador Luís Montenegro quiere «desburocratizar» la repatriación
01 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La nefasta gestión de la inmigración irregular marcó, hace dos años, el final del Gobierno de António Costa; la cuestión volvió a ser clave en la campaña electoral de hace un año y siguió cobrando fuerza durante los once meses de mandato del conservador Luís Montenegro, que siempre ha remarcado la necesidad que Portugal tiene de recibir mano de obra extranjera, pero que también ha defendido serias restricciones.
Ahora, ya en su etapa final, antes de los comicios anticipados del próximo mayo, el Ejecutivo luso relanza esta cuestión. Este lunes, en el último Consejo Nacional de Migraciones y Asilo, se anunció la creación de una Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF), un departamento de la Policía de Seguridad Pública que centralizará la devolución de los ciudadanos extranjeros en situación irregular.
Previamente, el Parlamento ya había tumbado una iniciativa de similares características, con el voto en contra de toda la oposición, excepto la abstención de Iniciativa Liberal. Algo que el Ejecutivo consideró un «bloqueo a la acción del Gobierno» por parte de los socialistas y de la ultraderecha.
La nueva propuesta implica la firma de acuerdos bilaterales con los países de origen y, además, ampliará la definición de «países de origen» para permitir la devolución a Estados terceros con los que exista un acuerdo. Se extenderán también los períodos de detención mientras se resuelven los trámites administrativos. Y quedan excluidos los menores y las familias con menores.
En referencia a los cambios introducidos por el Ejecutivo socialista de António Costa —que renovó el servicio de Extranjería, con nefastos resultados—, el documento refleja que, «ante la coyuntura heredada, el Gobierno entendió que necesitaba reforzar la regulación de la inmigración, controlar la entrada en las fronteras de forma más rigurosa y ejecutar el alejamiento de quien no tiene derecho a permanecer en el país». Asimismo, se alude también a las nuevas regulaciones de la Comisión Europea, con un «sistema común de devolución de ciudadanos de países extranjeros» aprobado el pasado marzo.
Procesos coercitivos
En este marco, se impulsará la repatriación voluntaria mediante distintos incentivos, pero, en caso de «falta de cooperación», se contemplan procesos coercitivos. En resumen, se pretende «desburocratizar» la repatriación, «sin poner en riesgo la garantía del respeto por los derechos fundamentales de los afectados», justifica el documento.