Montero y Díaz pactan «in extremis» no tocar el mínimo exento en la renta
30 mar 2025 . Actualizado a las 12:26 h.Los socios del Gobierno, PSOE y Sumar, volvieron a salvar ayer in extremis la enésima crisis de la legislatura al alcanzar las vicepresidentas primera y segunda, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, ministras de Hacienda y Trabajo, respectivamente, un acuerdo para evitar que el salario mínimo interprofesional (SMI) tribute en el IRPF. A primera hora de este viernes, Díaz denunciaba que Montero había abandonado la mesa de negociación la noche previa, pero apenas una hora después el Ministerio de Trabajo confirmaba la fumata blanca.
En esta ocasión la tesis defendida el jueves por Montero fue la que acabó imponiéndose para salvar —aunque solo por este año— a los perceptores del recién elevado SMI de tributar en el IRPF. La fórmula escogida ha sido la de aplicar una deducción «personalizada» a cada trabajador —como subrayó Montero— que neutralice la cuantía que le tocaría abonar en la declaración de la renta.
De este modo, Hacienda evita elevar el mínimo exento del IRPF hasta igualarlo al importe del SMI. Y es que esta sería una solución mucho más gravosa para las arcas públicas, ya que multiplicaría hasta por diez los 200 millones de euros que el departamento de Montero estima que costará la deducción acordada.
Sin cantidad fija
La ministra de Hacienda insistió en que únicamente el 20 % de los 2,5 millones de perceptores del salario mínimo tendrían que tributar, es decir, medio millón de personas, pero que con el «mecanismo» acordado ya no lo harán. «La cantidad que deja de tributar cada beneficiario no es fija, sino que dependerá de cada trabajador», ya que es una deducción «por la cantidad exacta, equivalente a lo que hubiera tenido que pagar» y se aplicará en el momento en el que se presente el IRPF.
Montero hizo hincapié en que el sistema es solo «para el año 2025», y añadió que «la vocación del Gobierno es que en el 2026 «siga subiendo el SMI» y que «no haya ningún trabajador que esté por debajo del 60 % del salario medio neto, como firmamos en el acuerdo de investidura y como el grupo de expertos también así ha reflejado en sus documentos».
Aunque ayer tanto Montero como Díaz se felicitaban por el acuerdo alcanzado, lo cierto es que la tensión se mantuvo hasta el último momento, ya que la ministra de Trabajo llegó a dar por hecho que el PSOE vetaría en el Congreso (el plazo expiraba a las 18.00 horas de la tarde de ayer) la proposición de ley de Sumar para revertir la decisión de Hacienda de que el SMI tributase por primera vez en el IRPF.
Para forzar el acuerdo y evitar la materialización del cisma en el Gobierno, Díaz repitió la estrategia que ya aplicó hace unos meses, por ejemplo, con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a cuenta de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Si con Cuerpo llegó a dudar de que fuera buena persona, por no defender la urgencia de la rebaja horaria, sobre Montero sugirió que el salario mínimo —en 1.184 euros brutos al mes, tras una subida de 50 euros— «le parece muy elevado».
De subsistencia a salario digno
Lo cierto es que la tesis de la responsable de Hacienda es que la cuantía actual del SMI lo aleja de una renta de subsistencia y lo hace lo suficientemente digno como para contribuir a las arcas públicas a través del IRPF. Sin embargo, Díaz se niega, argumentando que siempre ha estado fiscalmente exento y que, de no continuar así, ya no se cumpliría la condición de ser el 60 % del salario medio.
Así, y tras repetir los amagos de ruptura de los numerosos choques previos entre las dos formaciones del Ejecutivo, Montero y Díaz cerraron el acuerdo, cambiando las acusaciones cruzadas por elogios y felicitaciones.
«Debemos darnos la enhorabuena», aseveró Montero, alabando el «diálogo» y el «esfuerzo» que permitieron materializar un pacto «que beneficia a la mayoría». Díaz, por su parte, insistió en que «de nada habría valido subir en 50 euros el salario mínimo si una buena parte [20 euros] se quedaba en Hacienda». Agradeció el trabajo a su homóloga del PSOE, «porque ha sido clave para que suban el conjunto de los salarios en un país que tiene un salario mediano de 1.599 euros al mes, que es muy moderado», aunque no despejó qué ocurrirá con la fiscalidad del SMI el próximo año.
ATA lamenta que no se extienda a los autónomos y Gestha pide que sea permanente
Las reacciones al acuerdo fueron inmediatas. El presidente de la federación de autónomos (ATA), Lorenzo Amor, lamentó que el Gobierno no aplique la misma exención fiscal a los emprendedores con un nivel de ingresos parecido. «Se rompe el equilibrio de igualdad, de equidad y no discriminación. Es lamentable que el Gobierno considere a los autónomos ciudadanos de segunda y los obligue a tributar por IRPF teniendo ingresos similares al SMI», señaló Amor a través de su perfil de X, enfatizando que «una vez más» el Ejecutivo ha olvidado a los autónomos.
Por su parte, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pidió que la medida no se aplique solo este año sino que sea permanente, además de que se modifique el reglamento de renta para que en el cálculo de las retenciones se tenga en cuenta la nueva deducción y ya no se les retenga a los perceptores. Del mismo modo, los técnicos consideran que la deducción debería de extenderse a los autónomos dependientes, de forma paralela a las reducciones equivalentes de las que disfrutan, conforme al artículo 32 de la ley de renta.
Gestha —que rebaja a 162 millones los 200 en los que Hacienda estima el coste de la medida— considera imprescindible asegurar que la deducción no provoque el salto de escala del gravamen. Para ello, sostienen que habría que aplicarla en importes progresivamente menores hasta sueldos de 18.155,05 euros en el caso de trabajadores solteros. Solo así se corregiría el error de salto que haría que cualquiera con un sueldo mayor al SMI recibiera en el banco un importe líquido neto del IRPF por debajo de quien cobra el SMI, lo que haría el acuerdo inequitativo.