La edad mínima para entrar en redes sociales pasará de los 14 a los 16 años
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Las imágenes sexuales falsas y vejatorias con IA implicarán dos años de cárcel
26 mar 2025 . Actualizado a las 10:54 h.El anteproyecto de la Ley para la Protección de los Menores en los Entornos Digitales, aprobado de manera inicial en junio del año pasado, recibió ayer el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros para que pase al Parlamento. Una tramitación a la que el Gobierno todavía no le ha puesto fecha, porque tampoco tiene asegurados los votos favorables, pero que, de llegar a buen puerto, augura cambios importantes a la hora de garantizar los derechos digitales de niños y adolescentes.
Los engaños que implican pena de cárcel, las órdenes de alejamiento virtual, el incremento de la edad de acceso a las redes sociales y, sobre todo, que sean los proveedores de determinados servicios los responsables de alertar de sus riesgos y asegurarse que no entren menores, integran las modificaciones más significativas.
Código penal
Órdenes de alejamiento. La parte sustantiva de esta nueva ley, más que en contenidos originales, se articula en torno a cambios del Código Penal. Hay en total 19 modificaciones que en la mayor parte de los casos están centradas en ampliar al mundo virtual restricciones del espacio físico. El ejemplo más común es el de las órdenes de alejamiento con respecto a la víctima para quienes cometen determinados delitos. Se le añade la «prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros o plataformas virtuales» por tiempos que van desde un mes hasta diez años. Además, se contempla el engaño como un agravante de distintas penas. «Cuando el embaucamiento se lleve a efecto utilizando el agresor una identidad ficticia o imaginaria, o atribuyéndose edad, sexo u otras condiciones personales diferentes a las propias, la pena se impondrá en su mitad superior», dice la norma en relación a varios delitos.
Inteligencia artificial. Los deepfakes o contenidos ultrafalsos generados con inteligencia artificial, generalmente con un carácter sexual o vejatorio, se castigarán con penas de cárcel. «Se impondrá la pena de prisión de uno a dos años a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología», dice textualmente el anteproyecto de ley, que reserva la aplicación de la pena en su mitad superior a quienes difundan el material ultrafalsificado a través de un medio de comunicación social, en internet o de cualquier otro modo que pueda llegar a un número elevado de personas.
Redes sociales
Demasiado pronto. El Gobierno entiende que es demasiado «precoz, dada la madurez que requiere el uso de determinados servicios», el acceso a las redes sociales con 14 años, por lo que elevará a la edad mínima a 16.
Videojuegos
Adiós a las recompensas aleatorias. El texto legal incluye en su artículo 5 que «queda prohibido el acceso a mecanismos aleatorios de recompensa o su activación por personas que sean menores de edad». Esto significa que no podrán acceder las cajas botín y similares que, según muchos expertos, funcionan prácticamente como las tragaperras. El usuario paga, de manera directa o indirecta, por la posibilidad incierta de obtener algo.
Atención sanitaria
Detección de conductas adictivas. Los programas de promoción de la salud deberán incorporar «actuaciones para la identificación de usos problemáticos de dichas tecnologías y la detección precoz de cambios de conductas o problemas de salud física, psíquica y emocional, derivados de un uso inadecuado». Además, las «administraciones sanitarias», que en España son básicamente las comunidades autónomas, tendrán que proveer servicios específicos para tratar «conductas adictivas sin sustancia» en los menores.
Formación
Alfabetización digital. Los centros educativos públicos y privados, desde infantil al bachillerato y los ciclos, deberán desarrollar contenidos para mejorar la competencia digital de los alumnos para «un uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales». También tendrán que incluir la capacitación de los docentes en cuestiones como ciberseguridad, ciudadanía digital, privacidad o propiedad intelectual. Además, los centros deberán regular el uso de los dispositivos electrónicos dentro y fuera de las clases, aunque la normativa no especifica cómo.
Los dispositivos electrónicos vendrán de fábrica con control parental y etiquetas alertando de sus riesgos
La nueva ley de protección de menores en entornos digitales que incluirá la obligación de que los nuevos dispositivos digitales que se fabriquen incluyan un control parental por defecto, que será activado en el momento de la configuración del aparato con el fin de limitar el acceso de menores a contenidos, servicios o aplicaciones inadecuadas.
Este control parental que vendrá de fábrica en los nuevos dispositivos será gratuito y fácil de manejar e incluirá un etiquetado que explique los peligros y riesgos potenciales de un uso inadecuado de estos productos y sus efectos para el desarrollo físico, mental y moral de las personas menores de edad.
El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha incidido en que de no cumplir con esta obligación habrá «sanciones» y ha recalcado que «se acabaron los sistemas de control parental que no controlan nada, deben ser efectivos».
El Ministerio de Juventud e infancia, que ha sido promotor del nuevo proyecto de ley junto con el Ministerio de Justicia, y en el que han participado los ministerios de Presidencia, Educación, Transformación Digital y Derechos Sociales, señala que las empresas fabricantes de dispositivos digitales deben «asumir sus responsabilidades y realizar un análisis riguroso del impacto de sus productos sobre la infancia y la adolescencia».
El objetivo de la nueva ley es reconocer los derechos de los menores a ser protegidos «eficazmente» ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, el derecho a recibir información veraz y suficiente y necesaria sobre el uso de las tecnologías y sus riesgos y adaptada a un lenguaje apropiado a su edad.
«Un internet donde impera la desregulación y la ley de la selva es un problema para el conjunto de la sociedad, y en particular para la infancia y la adolescencia, perjudica el desarrollo libre y sano de sus derechos, sus libertades, sus vidas», señalan fuentes del ministerio.
El sindicato CSIF quiere que los profesores elijan entre los libros y las pantallas
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) defiende que el personal docente tenga libertad de elección entre libros físicos y dispositivos electrónicos y lamenta que la «imposición política» perjudique a la educación del alumnado.
El sindicato considera necesario un debate «serio y consensuado» entre los profesionales donde prime la autonomía pedagógica y la libertad de cátedra «por encima de la imposición de un material educativo determinado».
«Es necesario lograr un equilibrio entre medios tradicionales y tecnológicos, principalmente ante la ausencia de estudios claros a favor de uno u otro», señala. En este punto, advierte de que la «presión» de las editoriales y empresas tecnológicas contribuye a aumentar las diferencias entre comunidades autónomas: «mientras que en Cataluña se apuesta por la eliminación del libro físico, en la Comunidad de Madrid se opta por la prohibición del uso de pantallas».
Murcia limita el móvil a una hora en Primaria y dos en la ESO
El Gobierno de la Región de Murcia ampliará, a partir del curso 2025-2026, las limitaciones de uso de dispositivos digitales en colegios e institutos de la comunidad para reducir el tiempo de exposición de los alumnos a las pantallas, y restringirá su uso a una hora diaria en educación primaria, y a dos en secundaria.
Se trata de una de las medidas incluidas en la nueva Estrategia de Digitalización Educativa «Libre», presentada este martes por el presidente autonómico, Fernando López Miras, que busca «dar un paso firme en una educación digital responsable, equilibrada, adecuada, segura y enfocada en el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes».
Según el presidente, una de las principales medidas de esa estrategia es la regulación del uso de tabletas y otros dispositivos electrónicos en las aulas no universitarias a través de una orden que «redefine el proceso de digitalización» de los centros.