Illa ignora al Tribunal Superior y rechaza que se den el 25 % de las clases escolares en castellano
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Los socialistas mantienen la imposición establecida por los independentistas como parte de su estrategia política
24 mar 2025 . Actualizado a las 22:12 h.La Generalitat socialista sigue haciendo oídos sordos a las resoluciones judiciales en el ámbito del catalán en la escuela. La última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que confirma el 25 % de las clases en castellano en una docena de escuelas de la comunidad, parece haber caído en saco roto para el Ejecutivo de Salvador Illa, que fue ungido el verano pasado con los votos de Esquerra Republicana y que cuenta con un consejero de Política Lingüística impuesto por sus socios de investidura. El alto tribunal catalán rechazó esta semana los recursos de casación que presentó la Administración catalana contra la sentencia que la obliga a impartir el 25 % de las clases en castellano. La Generalitat se ampara en la ley aprobada por PSC, Esquerra, Junts y En Comú Podem en junio del 2022, que no establece porcentajes en la enseñanza de las lenguas oficiales, precisamente para poder esquivar así las sentencias de los tribunales. Una norma que hoy está sobre la mesa del Tribunal Constitucional. El TSJC entiende que el nuevo modelo lingüístico de la comunidad vulnera el Estatuto de Autonomía y varios preceptos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación.
El pasado mes de mayo, dos días después de las elecciones autonómicas, el Gobierno independentista de Pere Aragonès aprobó un decreto cuyo objetivo era blindar el catalán como lengua vehicular en las escuelas e institutos, y fortalecer de paso el nivel de conocimiento de la lengua que tienen que tener los docentes para poder enseñar en Cataluña. La norma fue tumbada dos meses después por la Sala de lo Contencioso del TSJC, presidida por José Luis Aguado Baños, tras el recurso presentado por la Asamblea por Una Escuela Bilingüe, una asociación que lucha para incrementar la presencia de la lengua castellana en las escuelas de las comunidades con lengua propia.
No es el único varapalo judicial recibido por la Generalitat de Illa en materia educativa. A principios de febrero ya sufrió un nuevo revés en los tribunales, esta vez a cuenta de los estudios de bachillerato. La magistratura catalana anuló varios artículos de otro decreto polémico del Ejecutivo, en este caso que agrupa las materias lectivas de esta etapa en ámbitos, estimando en su totalidad el recurso presentado por el sindicato ASPEPC-SPS.