La Casa Blanca desafía al Poder Judicial al usar una ley del XVIII para sus deportaciones

Miguel Palacio NUEVA YORK / E. LA VOZ

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La Administración Trump se ampara en una legislación de guerra para justificar expulsiones aceleradas a El Salvador

17 mar 2025 . Actualizado a las 22:22 h.

La Casa Blanca niega haber desafiado una orden judicial al usar una ley que se aplica solo en tiempos de guerra para justificar el envío a El Salvador de migrantes venezolanos acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua. La resolución, emitida el sábado por un juez de distrito, decretó la paralización temporal de todas las deportaciones justificadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y ordenó el retorno de los migrantes a suelo estadounidense.

El domingo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se hizo eco a través de X de la expulsión de «más de 250 extranjeros enemigos». Hacía referencia a los vuelos que partieron el día anterior hacía el país centroamericano con 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 de la pandilla Mara Salvatrucha. Los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, según explicó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, antes de publicar un vídeo mostrando el operativo.

La elección de esta norma para articular las expulsiones por parte de la Administración Trump no es casual. Esta ley permite la deportación de extranjeros con rapidez y soslayando garantías como el derecho a una audiencia frente a las autoridades migratorias. Con todo, Trump firmó el decreto que habilitaba la aplicación de dicha ley el viernes. Lo hizo, además, bajo el más absoluto secreto. Para la Casa Blanca, la aplicación de esta legislación está justificada dado que los deportados forman parte de un peligrosa banda criminal.

Sin embargo, para el juez James E. Boasberg del distrito de Columbia, el uso de una norma hecha para aplicar solo cuando el país esté en guerra y considerar a los que llegan como «invasores» no es aplicable en los supuestos que pretende la Casa Blanca. Así, Boasberg dio orden el sábado por la tarde de paralizar las expulsiones justificadas bajo la ley del siglo XVIII y el regreso de los 137 primeros expulsados que en ese momento se encontraban volando.

La Casa Blanca, a través de su portavoz, Karoline Leavitt, negó el domingo que su acción hubiese tenido lugar desafiando la orden de Boasberg. Además, en su apelación, presentada el mismo día, los abogados de la Administración afirman que la resolución del juez supone «una imposición masiva y sin autorización sobre la autoridad del Ejecutivo» que contraviene la capacidad del presidente de ejercer su potestad sobre cuestiones de seguridad nacional y política exterior.

También se pronunció sobre la cuestión el zar de fronteras, Tom Homan, que afirmó el lunes que la orden judicial había llegado tarde. Según Homan, cuando Boasberg se pronunció, el vuelo «ya estaba sobre aguas internacionales lleno de terroristas y amenazas significativas a la seguridad pública». Algo que dijo, «había que celebrar».

Ahora, la revisión de la actuación del Gobierno pasará por determinar la secuencia exacta de los hechos. Por otro lado, la Casa Blanca ha prometido llevar la cuestión ante el Tribunal Supremo.

En una reunión con Marco Rubio en febrero, Bukele había ofrecido encarcelar en su país a «peligrosos criminales» que enviara el Gobierno de Trump.

¿Qué es el Tren de Aragua, la banda venezolana en el punto de mira de Trump?

Nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido en los últimos años por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia o Chile

La Voz

El pasado 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clasificó como organizaciones terroristas a carteles mexicanos y a grupos criminales como el Tren de Aragua o a la pandilla salvadoreña MS-13.

La organización conocida como el Tren de Aragua (TdA) nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido en los últimos años por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia o Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, desde narcotráfico a extorsión, secuestros y homicidios.

Inicios

El Tren de Aragua fue originalmente una pandilla carcelaria liderada por el venezolano Héctor Niño Guerrero, que la convirtió en «organización criminal transnacional», según el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofrece una alta recompensa por información que pueda conducir a su arresto. Algunos medios señalan que el nombre puede deberse al de un sindicato de trabajadores del ferrocarril, que controlaba un tramo de la vía férrea que cruzaba Aragua y que extorsionaba a los contratistas.

La organización tiene sus inicios en la prisión venezolana de Tocorón, en Aragua, donde se extendió bajo el chantaje a internos como principal sistema de negocio, y ha incrementado sus redes en el extranjero desde el año 2020. Cuenta con una estructura jerárquica alrededor de los líderes en el centro penitenciario, que se ha replicado en los otros países.

Muchos de sus integrantes son víctimas de la misma organización, personas incorporadas tras ser obligadas a pagar una cuota periódica para mantener su negocio o su integridad física. Las personas migrantes son uno de los objetivos principales.

El presidente Trump ha apuntado al Tren de Aragua al considerar que se han «infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra el país».

En el 2023, las autoridades venezolanas anunciaron el desmantelamiento de ocho «mafias carcelarias» en varios operativos desplegados en centros penitenciarios, entre ellas el Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las siete cárceles intervenidas. Así, el cartel aprovechó el flujo de millones de migrantes de Venezuela a otras naciones latinoamericanas con el objetivo de expandir su presencia, extorsionando a migrantes, empleando métodos de secuestros y llevando a cabo asesinatos por encargo.

El Tren de Aragua tiene en la extorsión su fuente de ingresos más importante. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. identificó a presuntos miembros del TdA en 16 estados, hay abiertas unas 100 investigaciones federales relacionadas con el grupo y unas 50 detenciones. El gobierno de Joe Biden (2021-2025) también la declaró «organización criminal transnacional».

El presidente Trump ha invocado también estos días la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de esta banda. Ha manifestado que el Tren de Aragua realizaba «acciones hostiles y una guerra contra el territorio de Estados Unidos tanto directamente como bajo la dirección clandestina o de otro tipo del régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela».

Expansión

La crisis migratoria venezolana fue la vía por la que el Tren de Aragua entró en países como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, estableciendo así sus propias redes.

Un ejemplo es la frontera entre Bolivia y Chile, donde tienen una fuerte presencia y donde miembros del Tren de Aragua operan controlando los pasos fronterizos, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. La diversidad de nacionalidades de sus miembros es una de las principales características de la organización.

Mujeres, niños y adolescentes son las principales víctimas de entramados como el Tren de Aragua, que ofrecen «paquetes» para migrar, según explicó a Efe la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, Patricia Rojas, en 2023.

Su estructura se divide en tres niveles: un lugarteniente en contacto directo con los líderes, un grupo de responsables de empresas pantalla encargados de las finanzas y, por último, los soldados ejecutores de delitos.

Héctor Guerrero (Maracay, 1983) se encuentra en paradero desconocido tras huir en septiembre del 2023 de la cárcel de Tocorón, desde donde había liderado las operaciones del Tren de Aragua. En febrero del 2018 fue condenado a 17 años de cárcel, entre otros delitos por homicidio, tráfico de drogas, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra.

Ingresó en prisión en el 2018, pero tras una operación policial, en septiembre del 2023, el gobierno de Venezuela confirmó su fuga después de tres días del operativo en la cárcel de Tocorón.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha insistido, a propósito de las deportaciones de venezolanos migrantes desde EE.UU., que el Tren de Aragua fue desmantelado. El chavismo vincula la banda a las protestas opositoras y asegura que los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque protegen al Niño Guerrero. La oposición acusa al chavismo de tener nexos con esa organización.

En la operación participaron unos 11.000 policías y militares que entraron a la prisión de Tocorón, en el estado norteño de Aragua, pero no encontraron a Guerrero ni a los líderes del grupo. Las fuerzas policiales buscaban recuperar el control de la cárcel que estaba en manos de la poderosa organización y la habían convertido en una especie de centro turístico, con restaurantes, discoteca, casa de apuestas y piscina.

Bajo el liderazgo de Guerrero, el Tren de Aragua se ha expandido por otros países. Recientemente, en diciembre del 2024, la policía colombiana capturó a Carlos Gómez, alias Bobby, señalado como el jefe de esa banda criminal en Chile.

Previamente, en marzo del 2024, un hermano de Guerrero, Guerso Isaac Guerrero Flores, fue detenido en Barcelona, y en julio de ese año fue extraditado por las autoridades venezolanas por su papel dentro del Tren de Aragua.

Pese a que Guerrero perdió el centro de operaciones tras la intervención policial de Tocorón, las operaciones del Tren de Aragua parecen mantenerse intactas, dentro y fuera de Venezuela.