Feijoo avisa a Sánchez de que eludir al Parlamento en el gasto militar es fraude
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El rechazo de Sumar a la medida hace aumentar la tensión en la coalición de Gobierno
15 mar 2025 . Actualizado a las 10:41 h.Arrimar el ascua a su sardina. Es lo que hicieron este viernes PP y PSOE en su pugna a raíz de la voluntad del presidente del Gobierno de aumentar el gasto en defensa y seguridad, y de que «probablemente» esa decisión no sea consultada al Congreso, donde carece de los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Ambos partidos echaron mano de la guerra de Irak (2003) y de cómo el Ejecutivo de Aznar implicó a España.
Ester Muñoz (PP) defendió que el Gobierno de Aznar «no envió tropas a Irak» y que «sí hubo votaciones» en el Parlamento sobre la participación de España en esa guerra, después de que el Ejecutivo de Sánchez se escudara en que los populares no consultaron a la Cámara Baja en el 2003 el envío de tropas a ese país. Así lo afirmó el ministro de Transformación Digital, Óscar López, para justificar que se evite el pronunciamiento de la Cámara Baja sobre el presupuesto a destinar a defensa.
El 5 de marzo del 2003, el Congreso votó una proposición no de ley del PP sobre el apoyo a la política del Gobierno en la crisis iraquí. Aznar tenía mayoría absoluta (176) y los 183 diputados del PP votaron a favor. El resto, en contra. Ahora bien, lo que no se consultó a su señorías fue el envío de tropas, que sí lo hubo. Lo aprobó el Consejo de Ministros del 21 de marzo. Fueron desplegados 2.600 soldados. En el conflicto murieron 12 españoles, entre diplomáticos, agentes del CNI y militares.
«No se enviaron tropas de guerra, se mandaron hospitales, y barcos», insistió este viernes Muñoz. Emulaba a Aznar, quien en el 2018 aún dijo: «España no participó en la guerra, España no mandó soldados». Su ministro de Defensa, Federico Trillo, detalló tras el Consejo de Ministros de aquel 21 de marzo que los gastos se imputaban a «las operaciones de mantenimiento de paz», y que no podía precisar cuál era el alcance del desembolso
En el 2004, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, ante el clamor popular contra la guerra, retiró las tropas de Irak. Y, al año siguiente, el Parlamento aprobó la Ley de Defensa Nacional, con el voto en contra del PP, que recoge que el Gobierno debe recabar la autorización del Congreso de los Diputados para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional.
Es a esa norma a la que en parte se aferra el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, quien avisó ayer a Sánchez de que no puede «aumentar el gasto militar sin la aprobación del Congreso porque se estaría ante un fraude». Además, «los enjuagues presupuestarios son fraude de ley», ya que «compromete» las cuentas de España de «forma permanente» y no para «un par de años», añadió.
Acudir a los tribunales
Feijoo señaló que su partido esperará a saber los pasos del Gobierno para decidir qué hacer, sin descartar acudir a los tribunales. Exponía así lo evidente: el Gobierno carece de mayoría parlamentaria para aprobar el aumento en defensa y por eso no lo lleva al Congreso.
«Fraude de oposición», se revolvió el ministro de Transición Digital, Óscar López. Lo que pide el Ejecutivo no es «apoyo al programa electoral del PSOE», replicó el titular de Exteriores. «Esto es un cambio histórico que nos viene impuesto a nosotros y a todos los europeos», justificó José Manuel Albares. El mensaje vale para los aliados y la oposición, pero iba directo al PP. «Si se le hace muy cuesta arriba decir que coincide con el Gobierno, por lo menos que coincida con su familia política», apuntó en referencia a los Gobiernos europeos y a la presidenta de la Comisión, la conservadora alemana Úrsula von der Leyen, en cuyo país la CDU, los socialistas y Los Verdes pactaron este viernes aumentar el gasto militar.
Movilizaciones
Ante las reticencias en la izquierda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, recordó a los socios del Ejecutivo que es una inversión en «paz y solidaridad, no en una guerra» Pero el rechazo al plan de Sánchez es evidente. Podemos, ERC y el BNG manifestaron su no rotundo. Junts y Bildu fueron más comedidos, pero tampoco dieron su sí, que solo obtuvo Sánchez del PNV y de CC. Y lo que es más grave, quizás, es que su socio de Gobierno, Sumar, tampoco está por la labor y la tensión en la coalición no hace más que aumentar. El partido de Yolanda Díaz discrepa, pese a que Sánchez se comprometió a no rebajar las inversiones en políticas sociales. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, procedente de los comunes catalanes, se guardó su posición y atacó con que el compromiso de llegar al 2 % del PIB en gasto en defensa fue adquirido por un Gobierno del PP. Pero Antonio Maíllo, coordinador de IU, defendió promover movilizaciones contra el incremento de la inversión armamentística.
Ante esto, el PP quiere indagar en la relación entre los socios de Gobierno, preguntando la próxima semana a Díaz en el Congreso si «está en riesgo la estabilidad» del Ejecutivo.