Mila Cívico, portavoz de Jucil: «No es delegación de competencias, esto es el desmantelamiento de la Guardia Civil en Cataluña»

El traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat y el control de fronteras compartido con los Mossos d’Esquadra, acordado esta semana por el Gobierno y Junts, pone en cuestión el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. Destinada en la patrulla fiscal y de fronteras de la Guardia Civil en Gavá (Barcelona) desde el año 2007, Mila Cívico es portavoz de la asociación Jucil.

—¿Qué valoración hacen del acuerdo sobre inmigración entre el PSOE y Junts?

—Estamos completamente indignados. No nos hace ninguna gracia que nuestros puestos de trabajo en Cataluña tiendan a desaparecer. Es un desmantelamiento en toda regla de la Guardia Civil aquí.

—El Gobierno defiende la constitucionalidad del acuerdo. Sin embargo, el artículo 149 de la Constitución deja claro que nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo son competencias exclusivas del Estado.

—En efecto, de ahí que en Jucil nos reservemos la presentación de todos los recursos que sean necesarios, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, en el caso de que esta proposición de ley salga adelante.

—¿Han pedido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska?

—Hemos solicitado su comparecencia ante el Consejo de la Guardia Civil, del que es presidente, el próximo 27 de este mes, y que nos explique las contradicciones con sus declaraciones de septiembre del año pasado, cuando decía que el control de fronteras y de los flujos migratorios son competencia exclusiva del Estado, y, sin embargo, ahora quieren convertir a los Mossos d’Esquadra en una policía integral cediéndoles todo lo que está relacionado con inmigración.

—Más allá del debate jurídico, en el plano técnico y operativo, ¿los «mossos» están preparados para asumir competencias de una extraordinaria complejidad?

—No, no lo están. Para extranjería y documentación, de las que se ocupa hoy la Policía Nacional, hacen falta unos cursos previos. También para el control de las zonas críticas de puertos y aeropuertos, que forma parte de una especialidad de la Guardia Civil, en la que los agentes que quieren trabajar ahí tienen que formarse y especializarse. Los mossos son una policía nueva, no están preparados a nivel técnico, por lo que quien más iba a sufrir esta situación es la ciudadanía.

—¿Y lo están para garantizar la seguridad en las áreas restringidas de puertos y aeropuertos?

—Es que no tienen efectivos suficientes para hacerse cargo de ese despliegue acordado por el Gobierno y la Generalitat. No tienen efectivos y no tienen la preparación necesaria para ello.

—Desde su punto de vista, ¿estaría en peligro la seguridad pública en estos ámbitos?

—Hasta que los nuevos agentes de la policía autonómica se formen adecuada y técnicamente en este tipo de materias, sí podría estar en riesgo. Desde luego, no sería lo más conveniente.

—¿Qué competencias ejerce la Guardia Civil en Cataluña?

—Exclusivas tenemos intervención de armas y explosivos, y el resguardo fiscal. Las compartidas son policía judicial, información…

—¿El Seprona?

—Esta era una especialidad compartida, pero en la última junta de seguridad, del 5 de diciembre, lo cedieron íntegramente a los mossos y agentes rurales. La Guardia Civil solo se ocupa de los temas supraautonómicos. En teoría, según la ley orgánica 2/86, figura como una competencia exclusiva, pero aquí en Cataluña pasa lo que pasa…

—¿Cuántos efectivos componen el cuerpo en Cataluña?

—Cerca de unos 3.000 agentes.

—¿Son suficientes?

—No. Una de nuestras reivindicaciones desde hace bastante tiempo, desde que existe Jucil, es aumentar la plantilla en la comunidad. Para ello reclamamos unos incentivos similares a los que existen en el País Vasco, y más días de vacaciones, ya que Cataluña no es un destino muy solicitado. La falta de personal es un problema generalizado: unos 17.000 en toda España, que en pocos años puede ascender a 25.000. En Cataluña, esto se agrava.

—¿Creen que existe una voluntad política más o menos manifiesta para que la Guardia Civil desaparezca de la comunidad?

—En Jucil consideramos que han cambiado de estrategia. En los años difíciles del procés no lograron lo que querían, pero, ahora, con el nuevo Gobierno de la Generalitat, están consiguiendo todo lo que se proponían. No hay que olvidar que años atrás consiguieron seguridad ciudadana; más tarde, tráfico; ahora, Seprona… Hoy tenemos muchos problemas con el servicio marítimo y el GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), luego vendrá el control de la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos. Estamos convencidos de que el siguiente paso será el resguardo fiscal, que es competencia exclusiva nuestra. Aunque lo llamen delegación de competencias, si esto no es el desmantelamiento total de la Guardia Civil en Cataluña, que me digan qué es.

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