El pacto entre el PSOE y Junts otorga a la Generalitat competencias en materia de extranjería propias de un Estado
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Cataluña decidiría quién entra y quién sale, y los «mossos» se desplegarían en la frontera junto a Policía Nacional y Guardia Civil
06 mar 2025 . Actualizado a las 13:57 h.El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts en inmigración dotará a Cataluña de las herramientas propias de las que hoy solo gozan los Estados soberanos para regular sus flujos migratorios. La proposición de ley conjunta presentada ayer en el Congreso de los Diputados consta de 32 páginas, en las que se desgranan las atribuciones que pasará a ejercer la comunidad autónoma en esta materia, si el texto es capaz de lograr el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara y superar las reticencias mostradas por los propios socios de investidura de Pedro Sánchez.
El documento se vertebra a través de 13 artículos, tres disposiciones adicionales y una final. En la exposición de motivos, subraya que en España «el fenómeno migratorio es muy desigual y presenta realidades diferentes según cada comunidad autónoma», y señala a Cataluña como «uno de los territorios donde se ha producido el cambio más grande y donde las necesidades a atender se han multiplicado». En los últimos 40 años, la región ha crecido en dos millones de habitantes, hasta superar los ocho millones. Hoy, el 18 % de los habitantes tienen nacionalidad extranjera y uno de cada cuatro ha nacido en otro lugar. Solo en el 2022, llegaron a la comunidad 246.869 extranjeros (101.720, de América), cuando diez años antes lo hicieron poco más de 90.000.
Delegación de competencias. La ley orgánica impulsada por socialistas e independentistas deja claro que se trata de una delegación de competencias estatales en virtud del artículo 150.2 de la Constitución. Antes de entrar en materia, el texto explicita las atribuciones de la Generalitat en inmigración, que comenzó a ejercer en el año 1992 y que hoy recoge el Estatuto de Autonomía vigente. En el 2002, la Administración autonómica puso en marcha un servicio público de prestación y de acogida de los catalanes emigrados y de sus descendientes.
Ventanilla única. La proposición de ley delega en la comunidad la ejecución de la normativa del Estado sobre iniciación, instrucción, resolución y notificación de las autorizaciones de estancia y residencia de larga duración, temporal y de sus renovaciones y extinciones, así como de la resolución de los recursos administrativos que los interesados planteen. Cataluña se configura como «ventanilla única» para los permisos de residencia, y expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del registro del NIE del Estado.
Contrataciones en origen. La Generalitat fijará la previsión anual de las ocupaciones y de las cifras previstas de empleos a cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen. También gestionará las solicitudes formuladas por patronales y sindicatos.
Régimen sancionador. Cataluña ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, incluida la resolución y ejecución, sobre extranjería. Así, la Generalitat instruirá y ejecutará las expulsiones que no requieran expediente (devoluciones); y las que lo requieran se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña.
Centros de Internamiento. La gestión integral de los centros de internamientos de extranjeros (CIE) quedará en manos de la Generalitat, incluidas las labores de dirección, coordinación, gestión e inspección. Además, designará los cargos directivos de estos centros y se ocupará de los traslados de internos en el interior del territorio catalán.
Seguridad en puertos y aeropuertos. Este es uno de los puntos más controvertidos. Los Mossos d’Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas aledañas en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esta cesión ya fue negociada por el anterior Ejecutivo independentista de Esquerra, con Pere Aragonès al frente, y asumida por la Generalitat socialista de Salvador Illa. Los sindicatos policiales han anunciado recursos ante los tribunales por vulnerar la Constitución, ya que son competencias que el artículo 149 atribuye de forma exclusiva a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Control de fronteras. El noveno es otro de los artículos más polémicos, por el que se transfiere a Cataluña la gestión de las devoluciones en caliente, es decir, las de aquellas personas que tengan prohibida la entrada en la comunidad. Para ello, los mossos asumirán el control de las fronteras en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional. También aquí los sindicatos se han posicionado en contra, por tratarse de competencias policiales exclusivas del Estado.
Más «mossos». Para hacer frente a todas estas nuevas funciones, la plantilla de la policía autonómica debería crecer sustancialmente. En concreto, el acuerdo entre el PSOE y Junts cifra este incremento en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes en el año 2032. En la actualidad, su número ronda los 19.000.