Socios del Gobierno se oponen a que se delegue la inmigración a Cataluña
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Puigdemont presume de que Cataluña ejercerá competencias «propias de un Estado»
05 mar 2025 . Actualizado a las 10:58 h.El Gobierno trató de rebajar este martes el alcance de la delegación de competencias para que los Mossos ejerzan el control de fronteras en Cataluña en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró tras el Consejo de Ministros que el acuerdo entre el PSOE y Junts, el partido de Carles Puigdemont, para presentar una proposición de ley orgánica «nace de la Constitución» y su contenido se ejercerá «con la Constitución en la mano».
El pacto entre los socialistas y Junts implica que los Mossos cogestionen con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. La ministra explicó que, en lo que afecta a la expulsión de inmigrantes, habrá dos situaciones distintas. Cuando no sea necesario un expediente, la Generalitat, basándose en la normativa de extranjería, podrá expulsar directamente. Y, en los supuestos en los que se requiera un expediente, podrán «proponer», esa expulsión a la Junta de Seguridad de Cataluña, que preside el presidente de la Generalitat.
Delegación, no cesión
El Gobierno insiste en que se trata de una delegación al amparo del artículo 150.2 de la Constitución y «no de una cesión». Para justificar esa delegación de competencias, la ministra destacó que Cataluña «es una comunidad que tradicionalmente ha tenido una presencia muy importante de flujos de personas extranjeras». Recordó que el 18 % de la población de Cataluña tiene nacionalidad extranjera y un 25,1 % tienen origen extranjero. «Y, además, hay una voluntad política y hay una voluntad de la sociedad catalana, tradicionalmente, desde hace muchos años», señaló.
El expresidente catalán Carles Puigdemont celebró el pacto y aseguró que «cuando entre en vigor la ley, nuestro sistema político e institucional gestionará competencias que normalmente ejercen los estados». «Al final estaremos mucho más preparados para el futuro como nación», destacó.
El PSOE y Junts no lo tendrán fácil en todo caso para aprobar esa delegación de competencias, que al tratarse de una ley orgánica requiere el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso. Es decir, que el Ejecutivo necesitará el apoyo de todos sus socios de investidura. Pero uno de ellos, Podemos, advirtió este martes de que considera que el pacto entre el PSOE y Junts es «racista». Su secretaria general, Ione Belarra, destacó que se ha negociado con un partido «anti inmigración» que «compite con la ultraderecha catalana». «No se hará con nuestros votos», dijo en X. Pese a ello, se abrió a dialogar sobre esta medida si se aprueba primero en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar migrantes. Sin los cuatro votos de Podemos, el PSOE y Junts tendrían imposible alcanzar la mayoría absoluta de 176 diputados.
También Compromís, integrada en Sumar, cuestionó a través de su diputado Alberto Ibáñez el acuerdo entre Junts y PSOE. «No existe diferencia entre gestionar una prisión ilegal en español o catalán. La única propuesta coherente con los derechos humanos es cerrar los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros)», señaló en un mensaje en la red X. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, explicó que conocía el contenido del acuerdo y destacó que se trata de «una delegación de competencias compartida» que «no altera las competencias del Estado». Sumar llamó al resto de socios del Gobierno a apoyar la ley.
Desde Coalición Canaria, su secretario de organización, David Toledo, acusó al Gobierno de saltarse «todas las normas» con Cataluña para permanecer en la Moncloa, mientras a Canarias le «ponen pegas» para llevar a cabo una distribución extraordinaria de menores no acompañados.
Feijoo ve una doble humillación
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, tachó a Pedro Sánchez de «florero» al que Junts pone y quita cuando desea. Acusó al Gobierno de «desmantelar el Estado» con una «humillación doble» porque se trata de una competencia exclusiva del Estado y porque se ha pactado fuera de España. Indicó por ello que cuando el PP llegue al Gobierno restablecerá las competencias exclusivas del Estado en el control de extranjería y fronteras.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo que «no tiene ningún sentido» la cesión de competencias en inmigración. «Si creemos en la unidad de un país y que formamos parte de un país, hay competencias que deben seguir residiendo en el Gobierno central», afirmó.