El juez Peinado imputa a la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa y cita a cinco testigos
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Veinte días después de afirmar que ni siquiera fue «cooperadora necesaria», el magistrado la llama a declarar como investigada
26 feb 2025 . Actualizado a las 13:01 h.De testigo a investigada en solo veinte días. El juez Juan Carlos Peinado, que el pasado 8 de enero descartó imputar a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, al considerar que ni siquiera pudo ser «cooperadora necesaria» de los cuatro presuntos delitos de los que se acusa a la mujer del presidente, decidió en un auto, fechado el 28 de enero y conocido este martes, investigar a esta trabajadora, como había solicitado la asociación ultra Hazte Oír, personada como acusación popular. «Se acuerda dirigir la investigación contra Cristina Álvarez como posible partícipe en los hechos investigados, que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios», ordenó el magistrado, que la llamó a declarar el próximo 28 de febrero, a las nueve y media de la mañana. Dos días antes, deberán hacerlo también cinco nuevos testigos, a quienes citó en una segunda resolución con la misma fecha. Se trata de dos empleadas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM): la interventora María Elvira Gutiérrez-Vierna, y la coordinadora del máster que impartía Gómez, Blanca María de Juan de Castro; y los directores ejecutivos de Google Spain, Indra y Telefónica, las empresas que fabricaron y financiaron el programa informático creado por la UCM y del que se habría apropiado indebidamente la esposa de Sánchez, como denunció Hazte Oír, y pese a que la propia Universidad descartó que Gómez lo hubiera registrado a su nombre, según un informe enviado al togado el pasado julio.
Todas las llamadas desde el 2018
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid —que ya había interrogado a Álvarez el 20 de diciembre en condición de testigo, y por tanto con obligación de decir la verdad, y había reclamado a la Moncloa su contrato, cargo, funciones, horarios y retribución— pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obtener el registro de todas las llamadas enviadas o recibidas por la asesora «desde su nombramiento [el 16 de julio del 2018] hasta el día de hoy». Así, el juez solicitó el tráfico de llamadas con números vinculados al empresario Juan Carlos Barrabés, la UCM, el Instituto de Empresa, el IE África Center, la Organización Mundial del Turismo, Indra, Google, Telefónica, Reale Seguros, Fundación La Caixa, Fundación Manpower y Arsys Internet. Cabe recordar que hace solo una semana la Audiencia Provincial de Madrid anuló el registro ordenado por Peinado del domicilio y una empresa de Barrabés por no justificarlo adecuadamente y le recordó que «no se puede obtener la verdad real a cualquier precio».
Con estas nuevas diligencias, el magistrado investiga la presunta comisión por parte de la mujer del socialista de los delitos de apropiación indebida e intrusismo, que se sumaron a los dos iniciales, de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, durante su ejercicio como codirectora del máster en Transformación Social Competitiva y de la cátedra extraordinaria del mismo nombre, en la UCM.
En varios correos electrónicos aportados a la causa el pasado noviembre por la defensa de Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, aparece el nombre de la asesora ahora imputada, ya que esta se habría encargado de hacer varias gestiones para la cátedra. En su testifical, había asegurado que como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno —con un nivel 26 y un sueldo de 49.000 euros al año—, su función era llevar la agenda pública y privada de la esposa del presidente «como había ocurrido siempre con otros Gobiernos», y había justificado que la ayudaba en sus labores académicas como «favor» por la «amistad» que las une. Una ayuda que le prestaba, al menos desde noviembre del 2021, según estos mensajes, y que incluía la petición de patrocinios a empresas.
Tras este último auto, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, lamentó que «en el sanchismo no hay día sin imputado», mientras desde el Gobierno, la ministra Pilar Alegría defendió que no hay caso. «Somos conscientes de que la verdad se abrirá camino», concluyó.