García Ortiz acusa a la asociación que pide la anulación de su nombramiento de intentar «socavar al Gobierno»
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El fiscal general denuncia las «motivaciones política» de la APIF para presentar un recurso ante el Supremo
28 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Tener motivaciones políticas y tres objetivos espurios: socavar al Gobierno, menoscabar su honorabilidad personal y obtener publicidad. Estas son las acusaciones con las que Álvaro García Ortiz apunta directamente a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de renovarlo como fiscal general del Estado en noviembre del 2023.
La defensa del todavía jefe del ministerio público, ejercida por el abogado José María de Castro Llorente, presentó un escrito de conclusiones, fechado a 21 de noviembre, de cara a la deliberación que tendrá lugar hoy en la Sala de lo Contencioso-Administrativo para decidir si se anula o no su nombramiento como fiscal general, un fallo que podría adelantarse este mismo martes, justo un día antes de que García Ortiz declare ante el Supremo como investigado por el caso de la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Para su letrado, es «evidente» que la APIF «no deja de verter, de modo tendencioso, motivaciones subjetivas de marcado carácter político, ajenas al procedimiento contencioso-administrativo, con evidente ánimo de menoscabar la honorabilidad del fiscal general». Insiste la defensa es señalar que el objetivo de esta asociación minoritaria es «que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión y que la asociación demandante obtenga publicidad por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y socavar al Gobierno [de turno] que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo indirecto».
El abogado, que atribuye a la APIF «suspicacias interpretativas» y «una oculta intención subjetiva» contra el fiscal, considera un manifiesto abuso de derecho o fraude de ley su recurso. En este, la asociación profesional sostiene que García Ortiz «no es idóneo» para desempeñar «la jefatura de todos los fiscales de España», y recuerda que el Supremo anuló su decisión de nombrar fiscala de Sala a Dolores Delgado al apreciar «desviación de poder»; que el jefe del ministerio público «privó» al Consejo Fiscal de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía; y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyó que García Ortiz no era idóneo para el cargo.