Trump aspira a arrebatar a Obama el título de «deportador en jefe»
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En su primer mandato, el presidente republicano expulsó a menos migrantes que sus antecesores y sucesores demócratas
26 ene 2025 . Actualizado a las 00:37 h.Donald Trump pretende realizar la mayor deportación de inmigrantes de la historia. Pero ¿cuántas personas se verían afectadas? En Estados Unidos hay alrededor de 11 millones de simpapeles, según los registros oficiales —que contabilizan a los que pagan impuestos, como exige la ley a pesar de residir ilegalmente—. Una cifra que oenegés independientes elevan a 14 millones.
En su regreso a la Casa Blanca, dejó claro que cumplirá su promesa electoral de expulsar al mayor número posible de migrantes ilegales. Una promesa similar a la hecha durante su anterior mandato, cuando se centró en construir un nuevo muro sobre México, realizar redadas masivas y crear centros de detención. Los datos, eso sí, le contradicen. Durante su primera presidencia, el republicano deportó a menos personas que su antecesor, Barack Obama, y que su sucesor, Joe Biden, durante su primera presidencia. De hecho, Obama fue calificado como el «deportador en jefe» por las oenegés que dan asistencia a los migrantes. Unos cinco millones de personas habrían sido repatriadas durante los dos mandatos del primer presidente negro, según datos recopilados por los principales medios estadounidenses.
Trump deportó a un número elevado de personas durante sus primeros cuatro años en la Casa Blanca (2017-2021). Fueron alrededor de 1,8 millones, sumando todas las modalidades de deportación, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Eso sí, durante la pandemia del covid no solo se ralentizaron las devoluciones no administrativas sino que también llegaron a la frontera menos migrantes.
El presidente demócrata deportó a unos dos millones de personas, aunque los analistas destacan que esa cifra está también condicionada por la masiva llegada de migrantes a la frontera sur durante su mandato. La cifra es aún mayor si se cuentan las casi tres millones de personas expulsadas bajo el Título 42, una medida aplicada durante la pandemia que permitía las devoluciones en caliente a los migrantes sin permitirles cursar la solicitud de asilo. Esa disposición fue creada por Trump pero la práctica totalidad de expulsiones se produjeron durante el Gobierno de Biden, que la mantuvo hasta mayo del 2023.
Formas distintas
Eso sí, una cosa son las cifras crudas y otra la naturaleza de las deportaciones. Tanto Biden como Obama se centraron en expulsar a personas con antecedentes penales o que acababan de cruzar la frontera sin permiso, mientras que el baremo de la anterior Administración Trump fue el de expulsar a cualquiera que hubiera entrado ilegalmente, lo que llegó a provocar la separación de padres y madres de sus hijos. Además, las deportaciones no se produjeron solo en la frontera, sino que hubo acciones de las autoridades migratorias en ciudades alejadas de los límites con México.
Esa política es la que se va a repetir ahora. Desde la nueva Administración Trump se ha advertido de redadas en puestos de trabajo, escuelas e incluso iglesias.
El presidente hizo sus primeros anuncios nada más tomar posesión de su cargo. Proclamó, el mismo lunes, un decreto de emergencia nacional en la frontera con México, lo que le permitirá militarizar la zona y obtener recursos para ampliar el muro sin pasar por el Congreso. Hasta esa frontera quiere desplegar hasta 10.000 soldados. Además restauró el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino a que se examine su caso. Al mismo tiempo dejó de funcionar la aplicación móvil por donde los migrantes tramitan sus solicitudes de ingreso de forma legal.
En su particular cruzada contra los extranjeros, en apenas cuatro días más de medio millar de simpapeles fuero arrestados y varios cientos expulsados del país «en aviones militares». Pero para materializar esta agresiva política migratoria, el presidente se ha situado a los márgenes de la Constitución, ante lo que jueces, autoridades demócratas y organizaciones de derechos civiles ya se han movido para bloquear o frenar sus órdenes ejecutivas.