La formación de los jueces y el acceso a la carrera, en la diana del Ejecutivo
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Tres asociaciones profesionales se oponen a la entrada de togados sustitutos por la «puerta de atrás»
24 ene 2025 . Actualizado a las 13:03 h.Cinco años y dos meses opositando. Es el tiempo medio que invirtieron en prepararse la mayoría de los 137 nuevos jueces que ayer recibieron sus despachos. El 70 % de ellos provienen de familias sin juristas y el 34 % tienen progenitores sin estudios superiores. Unas cifras que, para tres de las cuatro asociaciones profesionales, demuestran que el acceso a la carrera es democrático. Sin embargo, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) insiste en reclamar una «mayor equidad» e impedir que la renta familiar dificulte la entrada a la judicatura. El anteproyecto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985, aprobado el pasado martes por el Ejecutivo —se prevé que llegue al Congreso en abril y reciba el visto bueno de las Cortes en junio—, tiene como objetivo cambiar en profundidad el acceso a la carrera para garantizar «la igualdad de oportunidades». Una iniciativa criticada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que denuncian la «desconfianza» del Gobierno en los jueces, la falta de información y consenso, el afán por buscar soluciones a problemas inexistentes y el intento de ideologización.
El cuarto turno
Se amplía al 25 % y se extiende a los fiscales. Este sistema de selección de jueces entre juristas de prestigio, que ahora permite cubrir el 9,3 % de las plazas, se usará para adjudicar el 25 %, como ya recoge la ley en vigor, y se aplicará también a los fiscales. Esta medida abriría la puerta a la carrera a cientos de jueces sin necesidad de oposición, y permitiría la entrada de togados afines, señalan.
los sustitutos
La estabilización. La mayoría de asociaciones son contrarias al proceso de estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos porque sería perjudicial para los opositores, y se oponen a cualquier modo de acceso que cuestione los criterios de igualdad, mérito y capacidad. «Quieren meter a los jueces sustitutos por la puerta de atrás», lamentan desde el FJI.
un examen anónimo
Una prueba escrita. La reforma pretende suprimir una de las dos pruebas orales de las oposiciones y sustituirla por una escrita y anónima, consistente en un caso práctico. Un cambio que, según el FJI, no es una buena idea y cuestiona la labor de la Escuela Judicial. «Se proponen soluciones a algo que ya está funcionando bien», lamentan desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
formación pública
Escuela Judicial y Centro de Estudios Jurídicos. El anteproyecto propone ofrecer formación pública a los opositores, aunque esto plantearía el problema, indica el FJI, de a quién se aceptará como alumno, si habrá favoritismo frente a quienes tengan preparador privado, y si así se pretende «ideologizar» a los futuros jueces.
la comisión de ética
Nueve miembros. El Ejecutivo quiere ampliar los integrantes a nueve, de los cuales cinco serán jueces seleccionados por la carrera y los cuatro restantes, catedráticos de Ética y Filosofía del Derecho, elegidos por las Cortes. Una «barbaridad», según la APM, ya que supondría una intromisión política.
becas de cuatro años
No inferiores al SMI. Tampoco las becas a los opositores cuyas familias tengan rentas bajas y medias, por un valor no inferior al salario mínimo interprofesional (15.876 en el 2024) y una duración máxima de cuatro años, fueron celebradas unánimemente. La APM duda de que sirvan para incentivar o tengan justo el efecto inverso.
sin financiación privada
Prohibición a las asociaciones profesionales. El Gobierno quiere prohibir que las asociaciones judiciales reciban financiación privadas, un extremo que también criticó la APM porque se pretende dar la imagen de que dependen de estos fondos, cuando el grueso procede del CGPJ y sus asociados.
Este proyecto de reforma del acceso a la carrera llega después de que el Grupo Socialista presentara una proposición de ley en el Congreso para limitar las acusaciones populares, también censurada por la AJFV y el FJI, que advirtieron de que esta norma permitirá a los gobiernos eludir el control judicial. También está en el aire el cambio sobre la elección de los vocales del CGPJ, que celebra un pleno extraordinario el 5 de febrero.
La presidenta del Supremo lamenta las críticas infundadas a los magistrados
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, hizo ayer, en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, un llamamiento a «evitar embates destructivos carentes de rigor, destinados a socavar la legitimidad y la reputación del Poder Judicial o de sus integrantes». La magistrada lamentó así «las críticas totalmente infundadas al ejercicio de la función jurisdiccional» y aseguró que los «reproches y censuras gratuitos tienen como fin debilitar al Poder Judicial». Perelló consideró que los «reproches ad personam, o la atribución de intenciones ocultas a los jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses, están totalmente fuera de lugar».