Los opositores a jueces tendrán becas de cuatro años con el salario mínimo
ACTUALIDAD
El Gobierno prohibirá la financiación privada de asociaciones judiciales y plantea «democratizar» el acceso a la carrera judicial
22 ene 2025 . Actualizado a las 08:39 h.En plena ofensiva contra las causas judiciales que le afectan en diferentes tribunales, el Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial que, entre otras cuestiones, incluye un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, amplía el número de plazas de jueces y fiscales y de becas para opositores y prohíbe además la financiación privada de asociaciones judiciales.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue el encargado de presentar la reforma y aseguró que se trata de una avance esencial para la modernización del servicio público de la Justicia. El objetivo es transformar la justicia y «democratizar» el acceso a la carrera judicial, ampliando el círculo social de aquellos que opositen para ser juez.
La media de tiempo que se necesita para aprobar la oposición de la carrera judicial es de entre cuatro y cinco años. Algo que, según el Gobierno, impide compaginar la preparación con una actividad laboral. Y ello, además del coste económico que supone pagar la preparación técnica.
Esas circunstancias hacen que no exista igualdad en el acceso a la carrera judicial y fiscal porque no todos los aspirantes pueden hacer frente a ese gasto. La reforma plantea por eso un sistema de becas para los opositores de la carrera judicial, Fiscalía, Abogacía del Estado y letrados de la Administración de Justicia, que durante cuatro años recibirían el salario mínimo interprofesional.
Para rentas bajas o medias
El Gobierno busca «blindar por ley» el sistema de becas que ya existe, las Becas SERÉ. Estas becas estarán dirigidas a opositores cuyas familias tengan rentas bajas o medias. Se convocarán anualmente con el objetivo de que cualquier opositor a los altos puestos de la Administración de Justicia pueda prepararse con independencia de la renta de su familia. El Centro de Estudios Jurídicos se convertirá en un centro público de preparación de oposiciones con delegaciones en cada territorio y se creará un registro público de jueces y magistrados que hayan pedido la compatibilidad para preparar oposiciones.
El texto de la ley contempla también un incremento del número de jueces a través de dos vías. Reforzando el acceso a la carrera judicial de juristas de reconocido prestigio con un mínimo de 10 años de ejercicio, y regularizando la situación de jueces sustitutos, que ejercen como jueces de forma temporal sin haber sacado la oposición.
La reforma regula la financiación de las asociaciones profesionales de la judicatura, que no podrán tener financiación privada, algo que, según Bolaños, «va en la línea de garantizar no solo la imparcialidad, que eso nadie lo pone en duda, sino también la apariencia de imparcialidad» de tales asociaciones.
«Me parece que la financiación de esas asociaciones se ha de producir con las cuotas de sus asociados y de sus socios, y también, en su caso, financiación pública», dijo el ministro. Se contempla también la modificación del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, sustituyendo una prueba oral por una prueba escrita basada en un caso práctico, que hasta ahora no existía.