El Gobierno de Trump da vía libre a redadas de migración en escuelas, colegios e iglesias
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El Departamento de Seguridad Nacional revoca una directriz anterior que consideraba estos lugares «protegidos». La nueva Administración restablece en todo su alcance la política de expulsión inmediata de inmigrantes
22 ene 2025 . Actualizado a las 10:21 h.Las promesas de Donald Trump para acabar con la inmigración irregular ya se han empezado a poner en práctica en la calle. El Gobierno estadounidense ha dado vía libre a las redadas de migración en lugares previamente considerados «protegidos» como escuelas, iglesias y hospitales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) revocó una directriz de la Administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca a ellos.
El Gobierno alega que la decisión de este martes «empodera» a los agentes de migración a «seguir las leyes» y capturar a los que llaman «criminales extranjeros», según indicó un portavoz del DHS en un comunicado. El texto asegura además, sin citar pruebas o ejemplos, que hay «criminales» que se «esconden en las escuelas y las iglesias» de Estados Unidos para evadir ser arrestados.
La decisión llega un día después de que Trump asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de Estados Unidos. La directriz que fue revocada fue emitida por el Gobierno de Biden en 2021 y prohibía a los agentes de migración llevar a cabo arrestos o redadas en algunos lugares sin aprobación de un superior. Entre los «sitios protegidos» se incluía tanto los centros educativos, como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural.
La idea de la medida, según el memorando del 2021, era evitar que las personas extranjeras se mostraran reacias a asistir a lugares donde se ofrezcan servicios esenciales. «Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe», señala ese documento.
Trump restablece en todo su alcance la política de expulsión inmediata de inmigrantes
Además, Donald Trump ha restablecido en todo su alcance la «expulsión inmediata» de inmigrantes, una política que permite la deportación rápida de indocumentados sin que medie una audiencia y que había sido eliminada durante el mandato de Joe Biden. La medida, creada en 1996, ya había sido aplicada en toda su extensión durante el primer Gobierno de Trump (2017-2021), y se aplicaba a nivel nacional a los indocumentados que habían estado en territorio estadounidense de forma irregular por menos de dos años, que es como se volverá a implementar en su segundo mandato.
Desde el mandato del expresidente George W. Bush (2001-2009), la expulsión inmediata se aplicaba solo a los indocumentados que habían ingresado a Estados Unidos en los últimos 14 días y se hallaban en un radio de 100 millas (161 km.) de la frontera. En los casos de expulsión inmediata o acelerada, el debido proceso es mínimo y no interviene un juez de inmigración, e incluso los jueces federales no tienen potestad para atender alguna apelación. En la mayoría de los casos, la persona sujeta a una orden de expulsión inmediata no puede retornar al país durante un plazo de cinco años.
La aplicación de la expulsión inmediata registró un pico durante el año fiscal 2013, cuando 193.000 personas fueron deportadas bajo esta política, una cifra que equivalió al 43 % del total de expulsiones en ese período, de acuerdo al Consejo Estadounidense de Inmigración (AILA, en inglés).
El anuncio su suma a la serie de medidas adoptadas por la flamante Administración del republicano, quien entre otros asuntos a través de un decreto ejecutivo ha eliminado el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el caso de hijos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal.
El decreto de Trump, firmado por el republicano horas después de asumir su puesto, ya ha sido objeto de una demanda interpuesta por un grupo de 18 estados con gobiernos demócratas, quienes alegan que es «ilegal» y atenta contra la Constitución. Señalan que en la Enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.