La Justicia estudia si investiga al togado por precaricación y malversación a raíz de una querella del expresidente catalán fugado
15 ene 2025 . Actualizado a las 11:25 h.El juez Joaquín Aguirre, de 66 años, actual titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, se jubila tras 40 años ejerciendo de magistrado, según ha informado el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una publicación de este miércoles.
Aguirre, que ha presentado su dimisión voluntaria, fue el juez que rechazó amnistiar a los investigados del caso Volhov, la supuesta trama rusa del procés independentista, entre los cuales había el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont. Precisamente por dicho proceso, Aguirre tiene pendiente una causa por prevaricación y malversación a raíz de una querella de Puigdemont que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) registró el pasado viernes.
De Grand Tibidabo a Volhov
Desde su juzgado dirigió la causa de Grand Tibidabo, que en el 2007, trece años después, sentó en el banquillo al empresario Javier de la Rosa, o el caso Macedonia de presunta corrupción en los Mossos d'Esquadra vinculada al narcotráfico que, al cabo de una década de investigaciones, se saldó en 2022 con la absolución de los principales acusados.
Durante esas cuatro décadas de ejercicio, siempre al frente del mismo juzgado, ha cultivado un estilo de instrucción obstinado —prospectivo según sus detractores—-, con largas causas que se dispersaban en múltiples ramificaciones, mientras era cada vez más temido entre los abogados por sus golpes de efecto, como el que en el 2012 lo llevó a registrar la central de Mossos d'Esquadra en busca de unas escuchas que creía que le ocultaban.
Pero ha sido la gestión de sus dos últimos casos estrella, Volhov y Negreira, a menudo sin el apoyo de la Fiscalía, junto a su declarada aversión por la ley de amnistía, lo que ha acabado por situarlo en el punto de mira, conforme arreciaban los reveses de la Audiencia de Barcelona a sus resoluciones.
El pasado mes de junio, desoyó un auto de la Audiencia que ponía freno a su investigación sobre la supuestas conexiones rusas con el procés por haberla prorrogado injustificadamente y, con la amnistía ya en vigor, abrió una nueva pieza para implicar a los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas por traición y malversación.
«Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes»
Todo ello mientras varios medios publicaban la grabación de una supuesta conversación suya en la que se jactaba de haber provocado la retirada de la ley de amnistía cuando en enero del 2024 Junts impidió que se aprobara en el Congreso —«se tumbó por mí»— y añadía: «Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes».
En una dura resolución que no ahorraba reproches al juez, la Audiencia de Barcelona dio carpetazo el mes pasado a la nueva pieza que Aguirre abrió para seguir investigando los supuestos contactos del procés en el Kremlin, mientras le emplazaba a acatar su decisión «sin excusas» y le advertía de que, de no hacerlo, podía incurrir en responsabilidades.
El varapalo de la Audiencia a ese último movimiento del juez puede dar sustento a la querella por prevaricación y malversación que Puigdemont presentó hace ya medio año contra Aguirre, al que acusa de investigarlo ilegalmente por la supuesta injerencia rusa en el 'procés'.
La Fiscalía se opuso a su admisión a trámite, pero al TSJC se le ha pasado el plazo para la jubilación de Aguirre sin haber decidido si lo investiga. Fuentes jurídicas apuntan a que el caso podría remitirse a un juzgado ordinario al perder el juez su condición de aforado, una vez retirado.
Reveses en el caso Negreira
También han sido desautorizadas por la Audiencia sus últimas resoluciones en el caso Negreira: en contra del criterio de la Fiscalía, imputó un delito de cohecho al club y a su presidente Joan Laporta por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante su primer mandato, entre los años 2008 y 2010.
El tribunal le rectificó en mayo del año pasado: no hay delito de cohecho en las dádivas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) porque no es funcionario público y, para más inri, esos pagos imputables a Laporta estarían prescritos desde 2015.
El juez que suceda a Aguirre al frente del primero de los juzgados de instrucción de Barcelona heredará una investigación de casi dos años que ya va a por su cuarta prórroga y en la que, con la excepción de Jose María Enríquez Negreira -que sufre deterioro cognitivo-, no han declarado aún los principales imputados, los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.