La imputación del fiscal general del Estado vira a una investigación sobre destrucción de pruebas

Nadie hubiera imaginado que un año después la situación sería la actual. Era impensable el 10 de enero del 2024, tras la pasada Navidad, cuando el equipo de Delitos de Hacienda dio por concluida su investigación sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso con la certificación de que había indicios de la presunta comisión de dos delitos de fraude por 360.951 euros, que quien iba a estar en apuros serios por ese caso —y ahora por partida doble— iba a ser el fiscal general del Estado. Casi doce meses después de que la Agencia Tributaria remitiera el expediente a la Fiscalía Provincial de Madrid, que abrió una causa el 23 de enero del 2024, la pareja de la presidenta de Madrid —a pesar de seguir acusado de dos supuestos delitos en los ejercicios del 2020 y 2021— es el acusador de Álvaro García Ortiz. Este último, además de estar encausado por revelación de secretos, está desde hace días bajo investigación por haber destruido presuntamente pruebas cuando ya sabía que estaba encartado en un proceso penal. Un segundo frente para el fiscal general en el que Alberto González Amador, la pareja de la lideresa del PP, también se ha arrogado el papel de acusador.

En el Supremo, aseguran las fuentes consultadas, «no van a dejar pasar sin más» la constatación de que en el móvil de García Ortiz había «cero mensajes» entre el 8 y el 14 de marzo, fechas de la filtración de los datos confidenciales de González Amador. Sobre todo, porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene la constatación, a través del análisis del terminal de la fiscala jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, quien no manipuló su móvil, de que el fiscal general intercambió en esas fechas mensajes sobre el proceso al novio de Ayuso con la propia Rodríguez. García Ortiz —constató la UCO— también tuvo acceso a la cadena de mails confidenciales entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado de la pareja de la presidenta, dos horas antes de que la existencia de esos correos fuera revelada por la Cadena Ser a las 23.51 horas del 13 de marzo y publicados en su integridad por El Plural al día siguiente a las 9.06 horas.

Con estos indicios —que como dijo la UCO demuestran la «participación preeminente» de García Ortiz— y tras constatar el borrado de su terminal, el instructor del Supremo Ángel Hurtado abrió una investigación sobre la supuesta destrucción de pruebas. Así, el lunes, el magistrado ordenó a la UCO que aclare si el fiscal general no solo borró los datos de su móvil, sino si cambió la tarjeta SIM e, incluso, de terminal. El imputado habría mantenido exclusivamente el número de su teléfono. Nada más. El jueves pasado, el juez, con la idea de intentar recuperar alguno de esos mensajes, citó para enero a la fiscala jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a fin de que facilite el volcado de su móvil en el que se guardan aún wasaps que intercambió con García Ortiz.

Según fuentes del caso, Hurtado va a seguir ordenando en breve diligencias encaminadas, sobre todo, a averiguar cuándo el jefe del ministerio público formateó su móvil; si el borrado de datos «total» por motivos de seguridad —como arguye la Fiscalía General— se ha aplicado otras veces al fiscal general o a otros miembros de la cúpula fiscal y con qué periodicidad; quién lo realizó físicamente; y si el terminal que García Ortiz usaba el pasado marzo fue destruido.

En esencia, un año después de que Hacienda pusiera contra las cuerdas a González Amador, la más alta instancia judicial del país ha abierto en los últimos días una nueva investigación contra la más alta personalidad del ministerio público —ya imputada por revelación de datos—, ahora, por usar supuestamente métodos de las organizaciones criminales para la destrucción de pruebas. Y todo ello, en un proceso en el que el novio de Ayuso es acusación particular y reclamó al juez que pida a las compañías telefónicas que «conserven los datos generados» de los móviles de los implicados.

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