El Gobierno obligará a las empresas que vayan fuera de Europa a devolver las ayudas recibidas
ACTUALIDAD
Sumar impone su exigencia de endurecer la Ley de Industria para preservar el tejido industrial y su empleo
10 dic 2024 . Actualizado a las 22:19 h.El camino ha sido largo, pero el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros, ha acabado incluyendo la exigencia de Sumar de endurecer las medidas para evitar la deslocalización de las empresas, como modo de preservar el tejido industrial y el empleo que genera: las que hayan recibido ayudas públicas tendrán que devolverlas.
Tras una dilatada negociación, el PSOE ha accedido, y finalmente la propuesta de normativa -que comenzó a gestarse en el 2022, siendo Reyes Maroto titular de Industria- ve la luz incluyendo la exigencia inicial de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Así, el Gobierno pretende que las empresas que hayan recibido subvenciones públicas superiores a los tres millones de euros en los últimos cinco años tendrán que mantener la actividad durante el período que establece la ley (cinco años en el caso de grandes empresas, tres años para las medianas empresas y dos para las pequeñas empresas). De no hacerlo, y marcharse fuera del espacio europeo, deberán reintegrar el 100 % de las ayudas. Cabe recordar, además, que este umbral económico se ha endurecido, ya que en el anteproyecto de ley figuraban seis millones de ayudas en lugar de tres, algo que desde Sumar consideran un logro de Díaz en la negociación.
Asimismo, las que hayan recibido subvenciones para la implantación de su actividad también deberán devolverlas si reducen en más de un 65 % su producción o en 500 personas o más su plantilla. Con estas medidas, el Ejecutivo pretende asegurar las inversiones realizadas en España.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha insistido en que el texto aportará «modernización, seguridad, certidumbre y nuevos instrumentos de apoyo» al sector. «Tiene como objetivo la reindustrialización, generar oportunidades de equidad social y territorial, garantizar autonomía estratégica, la atracción de nuevas inversiones industriales a España, el impulso de la innovación y la competitividad, la descarbonización de la industria y la transición digital», ha señalado.
Avisar con nueve meses del cierre
Igualmente importante es el papel que otorga a la protección de las industrias ya existentes. De este modo, cualquier empresa que quiera finalizar su actividad tendrá que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno.
A continuación, se establecerá una mesa para la reindustrialización donde estarán la compañía, el ministerio, las comunidades autónomas y los sindicatos para revertir la decisión o asegurar todas las opciones posibles para el mantenimiento de las capacidades industriales.
En opinión de la ministra portavoz, Pilar Alegría, el nuevo articulado es, prácticamente, un «cambio de paradigma» si se compara con el vigente, de 1992, es decir, 32 años atrás. «Hemos conseguido, después de mucho debate y diálogo, esta nueva Ley de Industria para nuestro país», ha celebrado.
Por su parte, desde Sumar aseguran que el texto, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, incorpora las iniciativas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo para evitar la deslocalización de las industrias.
«Tras una larga negociación, el proyecto (...) incluirá las medidas que venía proponiendo Sumar ante la resistencia del socio de Gobierno», apuntan estas fuentes, que recalcan que la colaboración público-privada en España estará condicionada siempre a criterios como el mantenimiento del empleo o la responsabilidad medioambiental.
Para Sumar, la futura Ley de Industria pone «trabas decisivas» a la deslocalización ya que, por un lado, establece que quien se va fuera del espacio económico europeo tiene que devolver el 100 % de las ayudas públicas recibidas, incluidos los ERE y el conocido como mecanismo RED. La formación enfatiza que en ningún caso una deslocalización puede ser la justificación para «medidas traumáticas» como un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o un descuelgue de un convenio.
De este modo, el objetivo es que los fondos especulativos no puedan llevarse de España a emplazamientos diferentes a la eurozona las empresas para las que han recibido importantes ayudas públicas.
El foco en las renovables
Desde Sumar también destacan que se trata de situar «la transición ecológica en el centro de la política industrial para que nuestro país aproveche la ventaja que proporcionan las energías renovables como palanca para la reindustrialización reforzando también la cohesión territorial».
La norma, que se convierte en la primera de carácter sectorial aprobada en este siglo, ya que la ley actual data de 1992, «pretende asegurar las inversiones realizadas en España», como indican desde Industria.