El presidente surcoreano, en la cuerda floja tras la polémica ley marcial
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La oposición registra una moción para abrir juicio político al presidente
05 dic 2024 . Actualizado a las 11:57 h.Yoon Suk-yeol puede tener los días contados. Su decisión de activar la ley marcial —y seis horas después retirarla— amenaza con costarle el cargo de presidente de Corea del Sur. La presión política y social no dejó de crecer este miércoles ante la rocambolesca maniobra de Yoon —ligada a su supervivencia política y no a su invento de un complot contra el Estado de la oposición junto con el régimen norcoreano—, que revocó en la madrugada local del martes tras una votación en contra por parte del Parlamento y las presiones de Estados Unidos.
Por lo pronto, la presión política provocó el registro en la Asamblea Nacional de una moción para destituir a Yoon. La medida para celebrar un juicio político contra el presidente fue respaldada por 190 parlamentarios de seis formaciones opositoras, encabezados por el Partido Demócrata (PD, centroizquierda), y un independiente. Votaron en contra los diputados del Partido del Poder Popular (PPP), la formación de Yoon que gobierna el país en minoría.
Los impulsores de la destitución prevén votar la propuesta el viernes o el sábado dentro del plazo de 72 horas que fija la normativa. Para su aprobación se necesita una mayoría de dos tercios (al menos 200 de los 300 escaños que componen el órgano unicameral legislativo), por lo que la oposición necesitará los apoyos de al menos ocho diputados del PPP si quiere tener éxito.
Grietas en el PPP
Aunque varios representantes conservadores condenaron la declaración de la ley marcial y votaron en la madrugada del miércoles su revocación, no está claro quiénes romperán la disciplina del partido, tras acordar ayer en una reunión de la formación votar no.
Pero las grietas en el PPP se agrandan. El diputado y líder del partido, Han Dong-hoon, colaborador cercano de Yoon hasta su ruptura por sus diferencias sobre el caso de corrupción que salpicó a la primera dama, pidió al presidente que abandone el partido.
El ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, ofreció su dimisión y pidió disculpas a los surcoreanos por la «confusión creada» después de que el Parlamento aprobara votar su destitución. El asesor de Seguridad Nacional y extitular de Defensa, Shin Won-sik, también ha puesto su cargo a disposición del presidente junto a otra media docena de consejeros.
En medio del revuelo político, miles de surcoreanos salieron a la calle ayer para exigir la renuncia de Yoon Suk-yeol y su Administración. También participaron los principales sindicatos del país, que han convocado una huelga general indefinida.
La crisis saca a la luz el papel jugado por una parte de los militares
A. S. Braun
Seúl / Efe
Con la ley marcial, los surcoreanos revivieron el agrio recuerdo de las dictaduras militares entre los años 60 y 80, y la de no entender como una norma pensada para las emergencias militares o nacionales podía haber sido invocada por primera vez en democracia. La aprobación de esa ley ha puesto el foco sobre la asesoría que recibió Yoon por parte de halcones, como el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, o su asesor de Seguridad Nacional, Shin Won-sik.
El episodio saca a la luz nuevamente la inquietante inclinación de determinados sectores militares afines al espectro político conservador por hacer uso de las leyes de emergencia nacional o planificar su posible implementación, como sucedió también durante el Ejecutivo de la también conservadora y destituida Park Geun-hye (2013-2017).
La posibilidad de que existan elementos castrenses aún conectados con la noción de que Corea del Sur es un país que requiere mano de hierro pese a ser reconocido como una democracia vibrante y saludable y una economía que se sitúa entre las mayores y más dinámicas del mundo promete traer cola y degenerar incluso en purgas. Esto subraya además la necesidad de que el país legisle para crear salvaguardas que impidan el uso gratuito de semejantes leyes pese a estar oficialmente en guerra con Corea del Norte.