Cuando en las disputadísimas elecciones del 2022 Yoon Suk Yeol ganó la presidencia de Corea del Sur por menos de un punto porcentual mientras su partido (Poder Popular, conservador) quedaba en franca minoría en el Parlamento, muchos se temieron que la tensión política se iba a volver insoportable durante toda la legislatura. Y así ha sido. Lo que, desde luego, nadie esperaba era que esa tensión desembocase en algo tan descabellado como lo que ocurrió en la tarde del martes (noche en Corea del Sur): nada menos que la proclamación de la ley marcial, algo que no sucedía desde 1980, cuando el país no era todavía una democracia.
Estos dos años de la presidencia de Yoon han sido, en efecto, muy conflictivos. Sin experiencia previa en política (se trata de un antiguo fiscal), Yoon ha gobernado de una manera personalista, caprichosa, intentando en todo momento ignorar al legislativo. Algunos miembros de su Gobierno, y su propia mujer, se han visto envueltos en sospechas de corrupción, mientras que el principal partido de oposición (Partido Democrático, centroizquierda) ha utilizado su abrumadora mayoría parlamentaria para bloquear la acción de gobierno, e incluso ordenar el procesamiento del fiscal general del Estado surcoreano, al que acusa de ignorar esos casos de corrupción que afectan a la mujer de Yoon. Pero el choque definitivo ha llegado con la votación de los presupuestos generales en la Asamblea Nacional, que la mayoría parlamentaria de oposición logró reducir a su mínima expresión. Intentaba de ese modo forzar la dimisión del presidente, pero, inesperadamente, Yoon ha respondido con esta decisión tan asombrosa como peligrosa de suspender las garantías constitucionales y asumir todo el poder. Se trata, por tanto, de un autogolpe, que Yoon ha querido justificar por la supuesta infiltración de agentes de Corea del Norte entre la oposición parlamentaria, una idea tan extravagante que pocos en el país la tomarán en serio. De hecho, su propio partido se distanció inmediatamente del presidente, mientras que los diputados de la oposición lograban, en la madrugada de ayer, entrar en el Parlamento y votar la revocación de la ley marcial.
Aunque la ley surcoreana otorga a la Asamblea Nacional esa prerrogativa de revocar una ley marcial, no estaba claro si la votación sería considerada válida formalmente (tan solo participaron en ella los diputados de la oposición). Tampoco estaba muy claro con qué apoyos contaba Yoon para mantener su suspensión de derechos constitucionales. Hasta la madrugada del martes, el único movimiento de tropas que se había observado era el de un pequeño destacamento que ocupó brevemente la Asamblea Nacional, pero que la abandonó una vez que los diputados votaron contra la ley marcial. Un portavoz militar llegó a anunciar que el Ejército estaba comprometido con mantener el estado de guerra hasta que el presidente lo suspendiese personalmente. Pero pronto se vio que era una postura legalista, más que una muestra de apoyo. Como era de esperar desde un primer momento, finalmente, Yoon Suk Yeol cedió y levantó la ley marcial. Terminaba así esta mascarada que puede haber hecho un daño considerable a un país importante en la economía y la geoestrategia mundial.