Fiscal general, un cargo bajo sospecha de partidismo

Polémicas, fuertes críticas, sonadas dimisiones, decisiones discutibles, enfrentamientos, choques con los gobiernos que los nombraron o dependencia casi absoluta de ellos. El puesto de fiscal general del Estado supone un hito en la carrera profesional de los juristas, pero, a la vez, una trituradora para algunos de sus titulares, siempre bajo sospecha de partidismo. Con Álvaro García Ortiz se da un paso más, ya que es el primero en ser imputado por el Tribunal Supremo. «¿La Fiscalía de quién depende?, se preguntó Pedro Sánchez en una entrevista. «Del Gobierno», respondió el periodista. «Pues ya está». Así daba a entender que sigue las órdenes del Ejecutivo, aunque en teoría es un órgano constitucional independiente. Pero la procedencia partidista, las decisiones y la marcada ideología de algunos de los 17 fiscales generales del Estado de la democracia lo cuestionan. Sin embargo, otros han tratado de zafarse del control gubernamental.

ÁLVARO GARCÍA ORTIZ(2022-24)

No idóneo e imputado. Primer fiscal general considerado no idóneo para el cargo por el Consejo General del Poder Judicial. Es el único que también ha sido imputado por el Tribunal Supremo, acusado de un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El alto tribunal revocó dos nombramientos que hizo referentes a su antecesora Dolores Delgado. Como fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera, para lo que alegó que había incurrido en «desviación de poder»; y como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, aunque el Consejo Fiscal no vio incompatible con el cargo que sea pareja de Baltasar Garzón y se la volvió a nombrar. Su respaldo a incluir el delito de malversación en la ley de amnistía provocó el rechazo de los fiscales del procés. También pidió al Supremo no investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.

DOLORES DELGADO (2020-22)

De ministra a fiscal. Fue designada por Sánchez inmediatamente después de ser ministra de Justicia. El CGPJ, que se negó a valorar su idoneidad para el cargo, avaló su nombramiento con un fuerte rechazo, doce votos a favor y siete en contra. Estos vocales adujeron que su designación no contribuía a «la percepción de la independencia de la Fiscalía». Tras numerosos enfrentamientos con la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, dimitió en julio del 2022 alegando problemas de salud.

MARÍA J. SEGARRA (2018-20)

Defensora de la independencia de la Fiscalía. Fue la elección de Sánchez al llegar al poder. Progresista, defendió la independencia, absoluta autonomía e imparcialidad del cargo. «Al fiscal general no se le pueden dar órdenes de ningún tipo», dijo. Sus decisiones provocaron malestar en el Gobierno, que no renovó su mandato. La más importante, no seguir sus instrucciones al mantener el criterio de los cuatro fiscales del Supremo que defendían que los acusados por el procés cometieron un delito de rebelión, por el que finalmente no fueron condenados.

JOSÉ M. MAZA (2016-17)

Reprobado. Fue el primer fiscal general que murió en el ejercicio de su cargo y, también, el primero reprobado por el Congreso. Nombró en Anticorrupción a Manuel Moix, pese a que le avisaron de que salía en unas grabaciones de la policía al expresidente madrileño Ignacio González, en las que decía que era su favorito para acabar con sus problemas judiciales e imputados del PP aseguraban que era muy importante que Maza fuera fiscal general. Este lo defendió hasta el final, pero Moix dimitió al descubrirse que compartía con sus tres hermanos una sociedad en Panamá.

CONSUELO MADRIGAL (2015-16)

Desacuerdo con nombramientos claves. Consuelo Madrigal fue la primera mujer en ocupar el puesto. El Gobierno no la confirmó por sus desavenencias con el ministro de Justicia Rafael Catalá en relación a algunos nombramientos claves.

E. TORRES-DULCE (2012-14).

Dimisión por discrepancias con el Gobierno del PP y decisiones polémicas. Después de casi tres años como fiscal general, dimitió por desavenencias con el gobierno de Mariano Rajoy, concretamente con los ministros de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, que hicieron nombramientos sin consultarle y no le dieron los medios que había pedido. Pretendió dotar a la Fiscalía General de mayor autonomía y, por ejemplo, no quiso parar la investigación de los papeles de Bárcenas, lo que contrarió al PP. También resistió las presiones gubernamentales para que presentara rápidamente una querella contra Artur Mas y otros dirigentes por el 9N, aunque finalmente lo hizo ajustándose a sus propios tiempos. Otras decisiones polémicas fueron su apoyo a unas diligencias a raíz del hallazgo de restos de los trenes del 11M que ponían en cuestión el cierre de la causa, lo que suponía respaldar la teoría de la conspiración, aunque luego rectificó y dijo que era un «caso cerrado»; y su oposición a la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos.

C. CONDE-PUMPIDO (2OO4-11)

El fiscal de Zapatero encargado de los grandes casos de corrupción. Fundador y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, fue fiscal general con José Luis Rodríguez Zapatero y es el que más tiempo ha ostentado este cargo. En sus siete años al frente del ministerio público, se llevó a cabo la instrucción de importantes causas de corrupción: el caso Malaya de Marbella, el Palma Arena, el del Palau, y la trama Gürtel, iniciados y promovidos por la Fiscalía Anticorrupción. Defendió la negociación con ETA y, durante la tregua, pronunció la famosa frase «el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino». Desde el 2017, era miembro del Tribunal Constitucional, del que es actualmente presidente.

JESÚS CARDENAL (1997-2004)

Muy conservador, opuesto a extraditar a Pinochet. Su nombramiento por el Gobierno de José María Aznar fue polémico, ya que aunque el Consejo General del Poder Judicial lo avaló por unanimidad, mostró su preocupación por unas «manifestaciones institucionales» que consideró que no eran «acordes con algunos principios básicos de la Constitución. Se refería a la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1994, en la que había dicho que «el clima de pluralismo solo beneficia los extremos viciosos o a la media mediocre» y como consecuencia, añadía, surgían el divorcio, el reconocimiento de las parejas homosexuales y el aborto. Durante su mandato como fiscal general, se opuso en 1998 a la petición de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet formulada por el juez Baltasar Garzón y en el 2002 interpuso ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de Batasuna.

ELIGIO HERNÁNDEZ (1992-94)

Socialista, trató de frenar el caso Filesa. Ocupó el cargo con Felipe González. Dimitió en 1994, antes de que el Tribunal Supremo declarara ilegal su nombramiento, al entender que los siete años en los que desempeñó cargos dependientes del Ejecutivo no constituyeron un ejercicio efectivo de su profesión de jurista. Cuando dirigía el ministerio público, fue criticado por recibir en su despacho al ex policía José Amedo, condenado a 108 años de cárcel por su implicación en el caso GAL. Su gestión fue polémica, en especial por las protestas generadas por las instrucciones dadas a los fiscales para que se encarcelase a los jóvenes que se negaban a realizar el servicio militar, así como por sus encontronazos con el instructor del caso Filesa.

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