El régimen de Maduro aplica la «puerta giratoria» a los presos políticos
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El chavismo incumple con las excarcelaciones anunciadas, a la vez que Amnistía Internacional denuncia detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos
29 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El 19 de noviembre, Nicolás Maduro anuncio la excarcelación de 225 detenidos políticos tras las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio en los siguientes términos: «La feliz liberación de este grupo de venezolanos y venezolanas fue una iniciativa conjunta entre el fiscal general, Tarek William Saab; la presidenta del TSJ [Tribunal Supremo de Justicia], Caryslia Beatriz Rodríguez, y mi persona».
Una semana después, solo se han concretado 169 de esas excarcelaciones, según la oenegé Foro Penal. Mientras las recién constituidas asociaciones de familiares de presos políticos protestan a las puertas de los penales, entre ellos el Helicoide de Caracas (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), el régimen chavista ha seguido encarcelando personas.
La mayoría de presos no se le ha designado defensa ni pueden recibir visita de su familia, como denuncia Aurora Silva, esposa del dirigente opositor Freddy Superlano, que lleva 120 días detenido en el Helicoide. «Sigo sin saber cómo se encuentra, sigo sin saber su estado de salud», expresó la mujer.
«La 'puerta giratoria' [salida de algunos presos políticos para entrada de otros] está en plena operación», señala Marino Alvarado, coordinador de Provea, oenegé de derechos humanos que está siendo estigmatizada por el chavismo y muy particularmente por el número dos del régimen y ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Informe de Amnistía
La situación es tan grave que este jueves Amnistía Internacional pidió que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue las «detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos». El demoledor informe de Amnistía hace referencia a los 198 menores que permanecen en las cárceles políticas del chavismo, y que, según las denuncias de esta oenegé y otros organismo de derechos humanos, «siguen sometidos ya sea a detención injusta, a acusaciones penales infundadas, o a graves secuelas psicológicas y físicas por los abusos perpetrados por las autoridades venezolanas». Su directora general, Agnès Callamard, asegura que «cuando se trata de proteger y respetar los derechos humanos, hemos llegado al punto en el que podemos esperar lo peor del Gobierno de Nicolás Maduro».
En esta última semana, el régimen de Maduro continúo con su labor de demolición de la oposición y detuvo a Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta (Margarita), mientras esta isla, otrora destino turístico, enfrenta apagones de más de doce horas cada día. También fueron arrestados una media docena de empresarios en Maracaibo (Zulia) y diez militares, en el estado Delta Amacuro.
Sobre Díaz —una figura moderada y muy respetada en la oposición—, Cabello afirmó que el detenido «está cantando» sobre «presuntos actos de sabotaje» que estarían siendo planificados para enero, cuando Maduro pretende asumir un tercer mandato consecutivo, pese a unas elecciones fraudulentas y no reconocidas por numerosos países y organismos internacionales.
Como única noticia positiva en un panorama tan complejo, el régimen venezolano autorizó el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que había sido expulsada en febrero y que, sin duda, enfrentará un panorama mucho más complejo que el de hace nueve meses.