Daniel Ortega lleva a Nicaragua hacia una «dictadura matrimonial»
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La reforma constitucional establece una presidencia bicéfala con su mujer, Rosario Murillo, el control sobre los demás poderes y alarga el mandato a los seis años
22 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Como una «aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial» ha calificado la Organización de Estados Americanos (OEA) a la reforma constitucional presentada esta semana en Nicaragua por el presidente Daniel Ortega.
Más de un centenar de artículos de la actual carta magna están a punto de ser enmendados. Son de calado. Las modificaciones establecen la figura de la copresidenta, que ocupará su mujer y hasta ahora vicepresidenta, Rosario Murillo. La jefatura de Estado será, por ende, bicéfala, y ambos cargos tendrán el mismo poder.
«Ellos vuelcan a nivel de categoría constitucional el modelo de dictadura dinástica familiar que han establecido en Nicaragua», señaló al medio El Informante la excomandante guerrillera sandinista Dora María Téllez, distanciada de Ortega desde hace décadas, desterrada, y despojada de su nacionalidad y de sus propiedades, tras ser liberada de un período de prisión bajo la acusación de «traición a la patria».
También institucionaliza el control de la presidencia sobre los demás poderes. El nuevo artículo 8 de la Constitución expone que «el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República, que dirige al Gobierno y coordina a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de control de la Administración Pública y Fiscalización de los entes autónomos». En otra modificación la pareja presidencial se arroga la posibilidad de despedir a los funcionarios públicos, sean electos o no.
Convierte, además, a la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega, surgido de la revolución de 1979, en un símbolo oficial del país al mismo nivel de la bandera nacional y su escudo. También institucionaliza al cuerpo de policía voluntaria como «auxiliar de apoyo a la Policía Nacional». La oposición denuncia que supone dar encaje legal a grupos de paramilitares leales a Ortega que causaron decenas de muertos durante las protestas del 2018.
La reformada carta magna también aumenta el período presidencial de cinco años a seis, en los cuales los copresidentes tendrán inmunidad.
El excomandante revolucionario fue reelegido en el 2021 en unas elecciones consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional, después de encarcelar a los siete candidatos opositores que tenían posibilidades de ganarle.
Los cambios constitucionales serán aprobados por la Asamblea Nacional, donde Ortega cuenta con 75 diputados y el resto pertenecen a partidos «zancudos», como se denomina desde la época del dictador Anastasio Somoza las formaciones que funcionan como extensión del partido en el poder.
Gustavo Porras, presidente del Legislativo, cree que la reforma constitucional «consolida lo que hemos avanzado y abre las puertas para continuar avanzando en un proceso revolucionario».
Decenas de personas, incluidos religiosos, periodistas, y un buen número de izquierdistas y excompañeros de Ortega ahora disidentes han sido encarcelados por «traición a la patria» en los últimos años. Algunos analistas ven las medidas como una forma de Ortega y Murillo de protegerse de posibles acciones de Estados Unidos bajo el futuro mandato de Donald Trump y de su secretario de Estado designado, Marco Rubio, que ha criticado frecuentemente y con dureza al Gobierno de Daniel Ortega.