Según la investigación, el expresidente estaba al tanto de un plan para envenenar a Lula da Silva
21 nov 2024 . Actualizado a las 21:07 h.La Policía Federal (PF) brasileña acusó este jueves formalmente al expresidente Jair Bolsonaro, al exministro de Defensa Braga Netto, al exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno y a otras 34 personas investigadas en las operaciones Tempus Veritatis y Contragolpe. La PF les atribuye los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal al exjefe del Ejecutivo, militares de alto rango y aliados. Combinadas, las penas máximas por estos delitos alcanzan los 30 años de prisión, según el diario Estadão.
La defensa de Bolsonaro afirma que no tiene información sobre las conclusiones de la PF. Cuando el expresidente fue citado a declarar en la investigación en febrero, guardó silencio. Los 37 imputados, en total, están vinculados al intento de mantener a Bolsonaro en el poder tras su derrota en las elecciones del 2022. El plan de la presunta organización criminal proyectaba incluso el asesinato del presidente electo, Lula da Silva, de su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y del ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal.
Asesinar a Lula da Silva
Las investigaciones muestran que la planificación de la ruptura democrática incluyó reuniones con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, borradores de actas golpistas, una hoja de cálculo con los detalles del golpe, una proyección de la «oficina de crisis» que se instalaría tras la ruptura e incluso el plan del envenenamiento de Lula y la eliminación de Moraes con una bomba.
Uno de los puntos principales del documento es el indicio de que el expresidente Jair Bolsonaro estaba al tanto del plan para asesinar a Lula, Moraes y Alckmin. El informe, de más de 700 páginas, fue enviado al Tribunal Supremo Federal en la tarde del jueves 21, misma fecha de la audiencia que sellará el futuro del acuerdo de culpabilidad del teniente coronel Mauro Cid.
La Policía Federal acusó a todos los integrantes de un grupo que fue denominado, a lo largo de la investigación, como el Núcleo de Altos Oficiales, militares que «aprovechando sus altos rangos, actuaron para influir e incitar a consumar el golpe de Estado».