El Gobierno fuerza a las aseguradoras a justificar cuánto les cuesta el servicio de Muface
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Función Pública desoye a Sanidad y busca apuntalar la mutualidad ampliando la duración del nuevo contrato a tres años
21 nov 2024 . Actualizado a las 08:58 h.El Gobierno mantiene el pulso con las aseguradoras a cuenta del futuro de la atención sanitaria a los funcionarios adscritos a Muface. Ignorando el globo sonda lanzado a comienzos de semana por el Ministerio de Sanidad, que publicó un informe que avala la viabilidad del desmantelamiento de la mutualidad y el trasvase de sus beneficiarios a los servicios públicos de salud, el Ministerio de Función Pública —responsable último de este organismo público— dio ayer un paso más para apuntalar su continuidad.
Después de una licitación que elevaba un 17 % el importe del concierto y que quedó desierta por incomparecencia de las actuales prestatarias del servicio —Asisa, DKV y SegurCaixa Adeslas—, el Gobierno lanzó ayer una consulta preliminar de mercado como paso previo a la preparación de un nuevo pliego de licitación. Se trata de una figura prevista en la normativa comunitaria y en la Ley de Contratos del Sector Público, que busca involucrar a los operadores económicos (en este caso, las aseguradoras) para obtener una información precisa del mercado en el que se mueve el contrato, así como implicar a los futuros licitadores para asegurar un correcto diseño de los pliegos y la determinación correcta del coste del servicio.
En concreto, Función Pública busca «recibir de las aseguradoras evidencias de la estructura de costes por grupos etarios, zonas geográficas u otros que sean determinantes y que justifiquen las primas que aspiran a cobrar por la prestación de ese servicio». Es decir, dado que las empresas aseguran que no es suficiente la subida del 17 % que ofrece el Gobierno (llegaron a cuantificar el sobrecoste del servicio en un 40 %), este quiere que demuestren el coste real que tiene prestar el servicio y justifiquen cómo llegan a la cifra de subida que demandan.
En concreto, tendrán que completar dos tablas, una proponiendo una prima fija en función de la edad del asegurado y otra desglosando los costes, tanto directos como indirectos y eventuales, que tienen en consideración para llegar a esas tarifas.
Las compañías tendrán diez días desde hoy (es decir, hasta el 4 de diciembre) para remitir sus respuestas a esta consulta, que serán confidenciales para el resto de los operadores que participen en la consulta y que, de acuerdo a la ley, deben ser tenidas en consideración en la elaboración del pliego: «Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos», reza la normativa.
«Las consultas preliminares de mercado añaden transparencia al proceso y transmiten un mensaje de tranquilidad a los mutualistas, que pueden comprobar cómo desde Muface se trabaja en una nueva licitación y se garantiza que las prestaciones sanitarias actuales estén cubiertas hasta que haya un nuevo concierto», justifican desde Función Pública.
Plazo más largo
Otra prueba del interés del Gobierno de mantener el servicio (y de evitar quebraderos de cabeza en futuras negociaciones) es que la nueva licitación se hará por un plazo de tres años (del 2025 al 2027, ambos ejercicios incluidos), en lugar de los dos previstos en el primer pliego.
Con todo, es altamente improbable que el nuevo contrato pueda estar en vigor ya el próximo 1 de enero, ya que el plazo de la consulta preliminar lanzada ayer por el ministerio, más el tiempo que llevará elaborar el informe sobre la misma y la posterior redacción de los pliegos, su aprobación en el Consejo de Ministros y el proceso de licitación y adjudicación se prolongarán más allá de las Navidades.
Con el actual concierto en la mano, Muface puede extender la cobertura sanitaria del millón largo de funcionarios que aún optan por la sanidad privada hasta el 31 de enero. Pero el Gobierno asegura que tiene los mecanismos necesarios para prolongar el servicio el tiempo que sea preciso hasta la formalización de un nuevo contrato.
En realidad, la ley limita esa prórroga forzosa a un máximo de nueve meses. Así lo establece el artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público en caso de que al vencimiento de un contrato no se hubiese formalizado uno nuevo «que garantice la continuidad de la prestación» por incidencias imprevisibles acontecidas durante el procedimiento de adjudicación «y existan razones de interés público para no interrumpir» el servicio.
«Es poner una pistola en la cabeza de los mayores»
Pese al anuncio realizado ayer por el Gobierno, los funcionarios gallegos adscritos a Muface siguen preocupados por el futuro del mutualismo administrativo, un sistema que, defienden, tiene una larga tradición histórica y se ha mostrado más eficiente en la prestación del servicio sanitario, con un menor coste para el erario. A la cabeza de las movilizaciones se encuentra el sindicato CSIF, que ha lanzado una campaña en defensa de este modelo de sanidad.
Su presidente en Galicia, José Francisco Méndez, defiende que, pese a la calidad de la atención sanitaria pública en Galicia, el sistema está aquejado de problemas estructurales por las dificultades para encontrar personal y cubrir plazas, una situación que solo se agravaría con el trasvase de los 63.100 beneficiarios de Muface que aún optan por la sanidad privada en la comunidad. Tanto él como el responsable del sector AGE (Administración General del Estado) del sindicato en Galicia, Pablo Burgos, inciden en que sería incongruente desmantelar Muface para luego transferir el dinero a las comunidades para suscribir conciertos con los centros privados. Y niegan que el coste de prestar los servicios vaya a ser menor en el sistema público, ya que habría que reconstruir las historias clínicas de los pacientes, con el coste en pruebas diagnósticas que eso conllevaría.
Méndez, además, critica que el PSOE ponga sobre la mesa un desmantelamiento que no llevó en su programa, a diferencia de otras formaciones que sí defienden el cambio de modelo, y que este se aborde sin convocar a las comunidades. Sobre la posibilidad de que se elimine el sistema que ahora permite cambiar cada año de la sanidad privada a la pública (y viceversa), obligando a los mutualistas a optar de una vez por uno u otro modelo, sin marcha atrás, desde CSIF lo ven como una presión inaceptable hacia los mutualistas mayores. «Es poner una pistola en la cabeza» de la gente con más riesgo por motivos de salud, lamentan.
¿Arreglará algo la consulta previa abierta ayer? Burgos es escéptico, y se pregunta por qué el Gobierno lanzó una primera licitación con una subida del 17 % «cuando Muface reconoció que el coste del servicio ha aumentado un 24,7 %». Desde UGT y CC.OO. la ven con buenos ojos, «para conocer cuál es realmente el coste de la cobertura y si se justifica la importante subida de precio demandada por las aseguradoras», pero reclaman al Gobierno «celeridad», y a las compañías aseguradoras, «responsabilidad».
Un modelo pendiente de que la AIReF evalúe si el gasto es eficiente
En paralelo a la consulta pública lanzada por el Ministerio de Función Pública, el modelo del mutualismo administrativo (Muface, pero también Mugeju e Isfas, las mutualidades de Justicia y Fuerzas Armadas) está siendo sometido a evaluación por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha incluido este análisis dentro del programa de acción para la evaluación del gasto (spending review) de las Administraciones. En concreto, el estudio tiene como objetivo «analizar la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria del mutualismo y, en particular, la que se provee a través de entidades privadas a determinados colectivos de funcionarios».
Se evaluará tanto el servicio asistencial como el gasto sanitario y se revisarán también las fuentes de financiación. Según el análisis preliminar de la AIReF, en el 2019 «el gasto sanitario del mutualismo alcanzó los 2.230 millones de euros, lo que representa el 2,97 % del gasto sanitario público total en el país». Un desembolso que ha crecido de forma muy acusada en los últimos veinte años. Entre el 2002 y el 2019, «el gasto creció un 59,2 %, lo que supone una tasa anual del 2,8 %». Y eso antes de la pandemia y el efecto que esta tuvo en la asistencia sanitaria.
Aunque se esperaba que el informe llegase después de la adjudicación del nuevo concierto de Muface, el retraso de este puede hacer que se conozca antes de la licitación e impacte en el debate público sobre el futuro del mutualismo.