El Gobierno tiene cada vez más difícil mantener la mayoría de investidura

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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María Jesús Montero y Félix Bolaños en una sesión del Congreso.
María Jesús Montero y Félix Bolaños en una sesión del Congreso. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Las diferencias entre sus socios conservadores y de izquierda lastran los pactos

18 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

La mayoría de investidura se resquebraja y el Gobierno tiene cada vez más dificultades para sacar adelante sus propuestas en el Congreso. Lo ocurrido esta semana, cuando el Ejecutivo se vio obligado a aplazar por la falta de acuerdo entre sus socios hasta este lunes la reunión de la Comisión de Hacienda prevista para el pasado jueves que debía aprobar la reforma fiscal, indica que las costuras de esa mayoría de investidura empiezan a romperse. El caso muestra la dificultad para poner de acuerdo a partidos de izquierda como ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG con formaciones conservadoras como el PNV o Junts.

Mientras los aliados de izquierda exigen al Gobierno que convierta en permanente el impuesto a las grandes compañías energéticas, desde Junts se descarta completamente y amenaza con no aprobar la reforma fiscal si no se aprueba todo lo que ha pactado con el Ejecutivo. Y tampoco el PNV está por la labor de seguir gravando a las eléctricas indefinidamente.

El Ejecutivo ha tenido que aplazar la votación de sus propuestas, que además de suprimir ese impuesto a las energéticas incluyen una suavización del que se aplica a banca porque no quería a arriesgarse a una nueva derrota en el Congreso que se daba por hecha si seguía adelante con la tramitación de la ley. Desde ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG se advierte al Gobierno que no puede dar por descontados sus votos utilizando una estrategia negociadora que pasa por pactar primero con los conservadores del PNV y Junts y buscar luego el respaldo de la izquierda a lo ya pactado con otros.

El acuerdo que el PSOE había alcanzado con Sumar para retirar el impuesto a las eléctricas a cambio de introducir un nuevo gravamen del 21 % de IVA a los pisos turísticos y un impuesto a los bienes de lujo, a las llamadas socimi, (sociedades de inversión inmobiliaria) y los seguros de salud privados no ha sido suficiente para que la izquierda asuma esa propuesta ya pactada también con Junts y el PNV.

La izquierda no cede

Diferencias. La izquierda no da su brazo a torcer y tanto ERC como EH Bildu, Podemos y el BNG exigen al Gobierno que convierta en permanente el impuesto temporal a las energéticas. Dos posiciones de los extremos de las alianzas del Gobierno que parecen irreconciliables. Junts, por el momento, ya ha advertido de que no aceptará una reforma fiscal que no incluya todo lo que ha acordado ya con el Ejecutivo, lo que abre la posibilidad de que el Gobierno tenga que renunciar a su reforma fiscal y dejarla simplemente en la trasposición de la directiva europea que impone un impuesto mínimo del 15 % a las grandes multinacionales.

La dificultad para poner de acuerdo a la constelación de socios de investidura pone de manifiesto las complicaciones que va a tener que afrontar el Gobierno en la negociación de la senda de estabilidad fiscal y en los propios Presupuestos del 2025. El Ejecutivo no descarta sin embargo aprobar las cuentas públicas con el respaldo de todos sus socios, aunque admite que será muy difícil poner de acuerdo a partidos de muy distintas ideologías.

Las dificultades se acrecientan porque los socios del Gobierno son conscientes de que si Pedro Sánchez logra sacar adelante los Presupuestos del 2025 tendrá despejado el panorama político hasta el fin de la legislatura. Esta es por tanto la última oportunidad que tienen los socios de presionar al Gobierno para que acepte sus propuestas.

Política exterior

Israel. Pero lo que afecta a la reforma fiscal y los Presupuestos no son los únicos problemas que afectan al Gobierno. También tiene dificultades para que los partidos a la izquierda del PSOE acepten sus planes en lo que afecta a la política exterior. A pesar del paso dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reconocer el Estado palestino, sus aliados de izquierda exigen una política mucho más dura con Israel y reclaman incluso, como en el caso de Podemos, la ruptura de relaciones diplomáticas si continúa con la guerra en Gaza y el Líbano, la cual ven como un «genocidio en directo».

Comisión de investigación

La dana. Tampoco están de acuerdo los socios del Gobierno en lo que afecta a la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de la dana y sus devastadores efectos por parte del presidente valenciano Carlos Mazón. Compromís y Podemos quieren que se constituyan en el Congreso de los Diputados esa comisión de investigación sobre la gestión de la dana para que comparezcan en ellas el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, así como varios ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Algo a lo que, por el momento, se niega el PSOE al estimar que las cosas podrían complicarse en esa comisión para el Gobierno.

Seis federaciones socialistas piden cambiar el acuerdo del cupo catalán

Redacción / La Voz

Al menos seis federaciones del PSOE (Madrid, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura) aprobaron ayer enmiendas a la ponencia marco del PSOE para el 41 Congreso Federal en las que piden introducir cambios a la propuesta de la dirección nacional sobre financiación autonómica.

Las distintas enmiendas aprobadas por los militantes socialistas reclaman un sistema de financiación «justo», «multilateral» y con «criterios comunes» para todas las comunidades autónomas y rechazan la federalización de la Agencia Tributaria, tal como propone Ferraz.

La ponencia elaborada por la ejecutiva socialista se muestra partidaria, además, de «federalizar» la dirección de la Agencia Tributaria para dar más capacidad de decisión a las autonomías y desplegar «una estrategia en red con las haciendas autonómicas». En este caso, los socialistas gallegos piden suprimir la mención a la federalización y además advierten que hay que diferenciar «entre un pacto puntual entre partidos en una comunidad autónoma de un ideario político general».