Illa cumple cien días con más guiños al independentismo que iniciativas
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La acción del socialista depende de Esquerra, sin líder, y de Puigdemont
17 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Salvador Illa celebró este sábado los cien días desde que fue investido presidente de la Generalitat de Cataluña con los votos de Esquerra y los comunes. En este tiempo, el primer secretario del PSC ha mantenido un perfil bajo, condicionado por la fragilidad de los pactos, su dependencia de Esquerra y Carles Puigdemont, y por los procesos internos abiertos para renovar las cúpulas de ambas formaciones, en especial el congreso que los republicanos celebrarán el próximo 30 de noviembre.
Con un Ejecutivo que comenzó a andar plagado de antiguos miembros de ERC, Illa ha tratado de pasar de puntillas sobre los temas más espinosos y aislarse de los problemas que afectan a sus socios, al tiempo que ha repetido hasta la saciedad que cumplirá los compromisos alcanzados. En particular, el de la financiación singular, que le ha enfrentado a otros dirigentes autonómicos, también socialistas. Volvió a hacerlo en el último pleno del Parlamento catalán, donde insistió en que «habrá un nuevo sistema de financiación», como acordó con Esquerra, y que será «positivo» en la medida que «no romperá nada», sino que «mejorará las cosas en Cataluña y en España».
Tampoco desaprovechó el momento para arremeter, por enésima vez, contra las comunidades gobernadas por el PP, a las que acusa de preocuparse solo de bajar impuestos a los más ricos. «Del sistema de financiación dependen la sanidad y la educación y los derechos sociales; y no lo mejoraremos bajando impuestos, como hacen los que gobiernan en algunas comunidades autónomas», dijo en sede parlamentaria esta misma semana. Sobre este tema, y ante las exigencias de sus compañeros de investidura de ver concreciones en la materia, Illa ha puesto en marcha el grupo de expertos encargado de diseñar el nuevo modelo, que dirigirá el socialista Martí Carnicer, el que fuera número dos de la consejería de Economía de Antoni Castells durante los tripartitos de Maragall y Montilla. La idea es que la Generalitat gestione ya el impuesto sobre la renta del año 2025, para acabar haciendo lo mismo sobre el resto de los tributos que se abonan en la comunidad.
Perfil institucional
Al margen de la financiación, el líder del PSC ha hecho de la normalización institucional otra de sus señas de identidad, «para que Cataluña vuelva a tener una voz potente en España desde el principio de colaboración y no de confrontación». Tras los últimos años de ejecutivos independentistas, caracterizados, entre otras cosas, por desdeñar las relaciones con el Estado, por primera vez desde los tiempos de Montilla, un presidente de la Generalitat visitó el Palacio de la Zarzuela para verse con el rey (con Felipe VI mantiene un trato muy cordial), y estuvo presente en la tribuna de autoridades durante el desfile militar del 12 de octubre. También ha exhibido talante de gestor durante sus primeros 100 días de gobierno, y ha mostrado su preocupación por recuperar la excelencia en los servicios públicos, en temas como los trenes de Rodalies, la mejora del sistema educativo (tras el palo del último informe PISA), la reforma de la administración y la supresión de la cita previa o el acceso a la vivienda, con la promesa de construir un parque público de 50.000 pisos de cara al 2030. O la dana, episodio meteorológico que le sirvió para comparecer en la Cámara autonómica y anunciar ayudas a los municipios que pongan al día sus planes de emergencias por inundaciones.
Sin embargo, todo ello no le ha permitido cerrar un acuerdo con sus socios para los presupuestos del 2025, aunque confía en alcanzarlo en enero. Los comunes le exigen un mayor compromiso con las políticas de vivienda y que aparque definitivamente el proyecto del macrocasino Hard Rock, de Tarragona. Otra piedra en el zapato es la ampliación del aeropuerto de El Prat. El anuncio realizado en septiembre sobre la puesta en marcha de una comisión que analice la mejor manera de llevarla a cabo levantó ampollas en Esquerra, que mantiene su oposición frontal al proyecto.
El Supremo obliga al TSJ a pronunciarse sobre las directrices de uso del catalán en los colegios
El Tribunal Supremo ha resuelto a favor de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) en el recurso interpuesto contra las directrices de la Generalitat sobre el uso del catalán en las escuelas en el curso 2022-2023. Un recurso que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había inadmitido sin valorar el fondo de la cuestión al considerar que estas se limitaban a reproducir la normativa vigente y se dirigían en exclusiva a los funcionarios del departamento de Educación. En cambio, el Tribunal Supremo considera que las previsiones de esos documentos desbordan la regulación legal del uso de las lenguas en la enseñanza.
La entidad recurrió en el 2022 medio centenar de documentos publicados en la web de la Generalitat relativos a la organización y gestión de los centros educativos. En estos se daban instrucciones sobre el tratamiento y uso de las lenguas en la escuela, con el fin de reforzar la inmersión obligatoria en catalán, para convertirlo en «el vehículo de expresión y comunicación normalmente utilizado, tanto en las actividades internas del centro como en las de proyección externa» y, por tanto, «la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general».
Tanto la AEB como el ministerio fiscal subrayaron la «ausencia de toda mención al castellano, que es lengua oficial también en Cataluña». Algo que, según el abogado de la Generalitat, no debía entenderse como una exclusión. No lo ve igual el Supremo, para quien estas prescripciones no se ajustan al decreto ley 6/2022 y a la ley 8/2022, que garantizan que el alumnado alcance el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria.
Además, los magistrados de la sala cuarta del alto tribunal consideran que la ausencia de toda mención al castellano por parte de la Generalitat desborda el marco legal, más cuando tiene «voluntad de conformar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común en la que la lengua catalana sea un factor básico de integración social».