«El del 47», el implacable juez Adolfo Carretero, investigará el caso Errejón
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Temido, mediático y pionero, los letrados saben de su estilo duro e incisivo, y de su disposición para sumar delitos a la acusación inicial
30 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Juez de casta, de pata negra, de familia jurista. Su abuelo fue un guardia civil leal a la Segunda República y su padre, ya fallecido, magistrado del Supremo, presidente del Tribunal de Cuentas y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Más temido que admirado, Adolfo Carretero Sánchez (Valencia, 1958) es conocido como «el del 47», el número de su sala, en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, donde ejerce desde hace trece años. Allí, los letrados saben de su estilo duro, implacable e incisivo que acerca su rol más al de fiscal que al de juez instructor. Algunos colegas incluso tachan sus formas de intransigentes, agresivas e impertinentes.
«Llevamos dentro de la familia un sentido de la justicia que nos permite plasmarlo perfectamente en esta profesión», aseguró hace años quien suele sumar delitos a la acusación inicial. En sus manos está ahora el futuro del exdiputado y exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, denunciado por presunta agresión sexual.
Doctor en Derecho por la UNED con una tesis sobre El origen histórico del delito de amenazas en España, ejerció la abogacía y la docencia universitaria, antes de acceder a la judicatura en 1992. Tras su primer destino en Valdepeñas, fue trasladado a la Comunidad de Madrid: primero a Coslada, después a Fuenlabrada, y desde el 2011 como titular del Juzgado de Instrucción número 47 de la capital.
Sus modos y sus tres décadas en la carrera lo han convertido en un juez mediático y pionero. Imputó al cómico Dani Mateo por un delito de ultraje a la bandera por sonarse la nariz con esta en El Intermedio (La Sexta), un caso que archivó en el 2019; absolvió a un hombre que disparó y llamó «moro de mierda» a un migrante; dictó una orden de alejamiento del metro de Madrid al clan de las bosnias en el 2013 para evitar hurtos en el suburbano; interrogó duramente a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, acusados de estafa al Ayuntamiento de Madrid por el caso mascarillas, que se juzgará en febrero; y mantuvo imputada todo un año a la periodista de la Ser que publicó una noticia sobre la presunta corrupción del entonces presidente regional Ignacio González, cuestionando su derecho al secreto profesional y a no revelar las fuentes hasta que un magistrado de la Audiencia Provincial lo acusó de poner en riesgo la libertad de prensa.
Cabe recordar que su hermano Agustín, hoy juez en Alcorcón, era un alto cargo de la Comunidad de Madrid cuando la presidían Aguirre y González.