Anticorrupción avala imputar a Ábalos en el Supremo por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal
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La Fiscalía responde al juez Moreno que ve indicios de criminalidad en los informes elaborados por la UCO
16 oct 2024 . Actualizado a las 21:10 h.La imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos en el caso Koldo está cerca. Ayer, la Fiscalía Anticorrupción elevó a la Audiencia Nacional un informe por el que invita a trasladar una exposición razonada al Tribunal Supremo porque considera que el exnúmero tres de Pedro Sánchez pudo incurrir en delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal por ejercer un «papel relevante» y de «responsablidad» el presunto cobro de comisiones irregulares en la trama de compra de mascarillas que elaboró Koldo García.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ya pidió con anterioridad al Congreso que verificara que Ábalos es diputado para poder juzgarle en el Supremo por su condición de aforado. Con la confirmación y el informe de Anticorrupción, es cuestión de días que el exministro sea encausado. Pero será el propio Moreno quien decida si traslada toda la causa al Supremo o si solo deja la parte del extitular de Transportes.
El informe de la UCO que señalaba las responsabilidades de Ábalos en el cobro de mordidas por la trama de mascarillas señalaba cuatro caminos por los que el exdirigente socialista percibió sus presuntas remuneraciones ilícitas. La primera tiene que ver con el rescate de Air Europa. El documento señala que el empresario Víctor de Aldama tuvo contacto con Ábalos para ser informado en tiempo real de la operación de inyección de 475 millones de euros para que la aerolínea fuera rescatada con una adjudicación pactada entre esta y De Aldama para construir un negocio favorable y remunerado en su mediación.
Inmuebles, mascarillas y Delcy
La visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el 2020, también recala en el informe de la UCO porque señala que De Aldama se pudo reunir con la dirigente latinoamericana para tratar «temas sensibles» como la compraventa de oro. «La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera —compañía que aún debe cobrar 100 millones de euros a Venezuela— haya cobrado una importante deuda». Esta visita contó con el beneplácito de Sánchez y también fue remitida a Koldo García, según el informe.
Pero la relación del triunvirato de las mascarillas no se quedó solo en eso. La UCO también señala que Ábalos se pudo ver beneficiado en el negocio de varios inmuebles de forma ilícita. El documento presenta que el extitular de Transportes dispuso del chalet llamado La Alcaidesa, ubicado en La Línea de la Concepción, y pudo ponerlo «en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos». Esta propiedad valorada en medio millón de euros fue adquirida por su socio empresario «valiéndose económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos», según recoge la UCO.
Un segundo inmueble apunta a la amante de Ábalos, Jéssica Rodríguez. El documento señala un piso ubicado en Plaza de España, en la capital, por el que «se pagó su alquiler desde marzo del 2019 a septiembre del 2021» por un «testaferro» relacionado con De Aldama. El ministro, además, pagó a su amante su compañía en viajes oficiales a Rusia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.
El PP exige una explicación sobre la contratación de la novia del exministro
Redacción / La Voz
La senadora del PP por Madrid y vicesecretaria de desarrollo sostenible de la dirección nacional del partido, Paloma Martín, registró una pregunta escrita en la Cámara Alta en la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez que explique el procedimiento de selección de Jessica Rodríguez García, que fue pareja del exministro José Luis Ábalos, por parte de la empresa pública Tragsatec.
La senadora popular recuerda que la empresa Tragsatec está tutelada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por lo que requiere a este departamento la información sobre el procedimiento de selección de «la citada Jessica que supuestamente encontraría a esta persona como idónea para acceder a un puesto». Por ello, el PP requiere información sobre la convocatoria de la plaza a la que optó la interesada, así como publicaciones de las diferentes fases del proceso.
Explicaciones insuficientes
Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acusó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de que sus declaraciones sobre el caso Koldo no concuerdan con el informe de la UCO. Especialmente en lo que respecta a su relación con el empresario imputado Ignacio Díaz Tapias y el propio exasesor de Ábalos. «Es normal que se reuniese, pero no que no se acuerde», aseguró.