Zaplana, exministro de Aznar, condenado a diez años y cinco meses de cárcel por el caso Erial

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas que suman diez años y cinco meses de prisión al exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por el caso Erial, un proceso en el que se ha juzgado el cobro de comisiones derivadas de las concesiones de las ITV y el plan eólico valenciano.

La Sala le considera autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales y le impone 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros tres para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

No obstante, el Tribunal absuelve al expresidente de la Generalitat del delito de grupo criminal pero decreta el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción de la causa. La Sala también ha condenado a otros seis acusados a penas que oscilan entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Se trata de los empresarios Vicente y José Cotino y Francisco Pérez López; el abogado y asesor fiscal Francisco Grau; el exjefe de gabinete del expresidente, Juan Francisco García, y el amigo de Zaplana que actuó como su testaferro, Joaquín Barceló.

Los ocho acusados restantes han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por no apreciar pruebas que sustenten una condena. Entre ellos figura el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas. La sentencia, que consta de 364 páginas, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La sentencia de la Audiencia de Valencia pone punto final a una carrera que, en realidad, estuvo siempre salpicada por la sospecha. Una ramificación del caso Imelsa, con la investigación al conocido como yonki del dinero y la trama de Alfonso Rus, terminó por ligar un patrimonio superior a los diez millones de euros al núcleo de colaboradores del expresidente. Se trata del segundo máximo dirigente de la Generalitat que ha sido condenado. El precedente es José Luis Olivas, sorprendido al falsificar una factura para desgravarse a Hacienda el pago de 580.000 euros por una supuesta asesoría en la venta de unas acciones.

Dos fueron los principales golpes judiciales que recibió la estrategia de defensa de Zaplana. Por un lado, la confesión de su testaferro uruguayo, el abogado Fernando Belhot, que representaba sus intereses desde el extranjero y que entregó cerca de siete millones de euros en el juzgado tras pactar con la Fiscalía. La cantidad de dinero recuperada es todo un éxitos comparado con otros casos de corrupción en la Comunitat.

Por otro, y a escasas semanas del juicio, tuvo conocimiento de que su amigo de la infancia, Joaquín Barceló, también iba a reconocer que era un hombre de paja detrás del dinero y de las propiedades del exministro.

Ingreso en prisión

La condena supone, en teoría, su ingreso en prisión. Pero ahora comenzará toda una serie de recursos para impedir que la pena sea firme y ganar tiempo. La Fiscalía podría ya pedir su ingreso en la cárcel ante lo elevado del castigo. Zaplana puede que haga valer su delicado estado de salud como una de las bazas para retrasar todo lo posible o incluso suspender una pena privativa de libertad, aunque los mismos argumentos no le sirvieron para eludir la prisión provisional, en los compases iniciales de las diligencias, que estuvieron años bajo secreto.

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