El porcentaje de participación servirá de indicador del apoyo al presidente
07 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Este domingo se han celebrado unas elecciones presidenciales en Túnez en las que el régimen del presidente Kais Said no ha dejado ningún resquicio para una victoria de la oposición. En los últimos meses, hasta una decena de aspirantes han sido arrestados o condenados a penas de cárcel en procesos sin garantías legales, según denuncian organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. Por lo tanto, la única duda es cuál sería el porcentaje de participación, un posible indicador de cuál es el apoyo que todavía retiene Said, que fue elegido en las urnas en el 2019.
Una muestra de las nulas garantías que ofrece el proceso electoral fue la aprobación de una modificación de la ley electoral hecha esta misma semana. Su fin es otorgar a la Junta Electoral, controlada por afines a Said, primacía por encima del Tribunal Superior Administrativo, más independiente y el encargado hasta ahora de supervisar la limpieza de los procesos electorales.
La Junta Electoral ya fue centro de todas las críticas en verano, cuando de los 17 aspirantes que presentaron su candidatura, solo retuvo a tres. Además del propio Said, dos ex diputados poco conocidos han visto su nombre en las papeletas: Zouhair Meghzaoui, un panarabista como Said, y el liberal Ayachi Zammel. Sin embargo, Zammel se haya entre rejas después de haber recibido tres condenas recientes, la más larga de doce años de cárcel. El actual contexto electoral nada tiene que ver con el de las otras elecciones posteriores a la revolución del 2011, cuando había una transición en marcha y más de una veintena de candidatos competían en elecciones libres y justas.
Entre los años 2011 y 2021, Túnez se convirtió en la única esperanza de los países de las llamadas Primaveras Árabes gracias a una transición democrática con lunas y sombras. Entre sus carencias, su incapacidad para hacer crecer la economía del país y poner fin a una corrupción sistémica, lo que provocó un profundo malestar entre la sociedad. En 2021, Saod, un político populista elegido en las urnas dos años antes, aprovechó este contexto para dar un «autogolpe».
«Desde entonces, y de forma progresiva, las restricciones a las libertades individuales han ido aumentando», señala Inés Jaibi, una abogada que ejerce de investigadora para el think tank TIMEP. Aparte de los opositores políticos, cualquier voz crítica, ya sea de activistas, periodistas o ciudadanos anónimos que expresan su malestar en las redes sociales ha sido silenciada. .«Es un texto muy ambiguo, ni siquiera para los expertos legales está claro qué tipo de actos están prohibidos. Esto deja un margen de interpretación muy amplio a las autoridades», explica Jaibi.
Aunque el golpe de fuerza de Saïd fue acogido con esperanza, la popularidad del presidente ha ido menguando a medida que el paso del tiempo no restituía la añorada prosperidad de antaño y se intensificaba la represión. En los sondeos, Said retiene el apoyo del 40% de la población, pero los analistas consideran la cifra hinchada por el clima de miedo que reina en el país. El régimen parece consciente de su debilidad y por eso no puede permitir que en los comicios participe ningún candidato crítico e independiente.